EL CORREO 21/01/13
· El Ejecutivo estudia si dependerá de Justicia o de la Lehendakaritza, mientras la comisión de abusos policiales permanece paralizada.
La gestión de las víctimas, ya sean del terrorismo o de otra violencia de motivación política, sigue siendo una asignatura pendiente en el nuevo Gobierno vasco. Ha pasado ya un mes desde que el lehendakari, Iñigo Urkullu, constituyera su equipo de consejeros. Sin embargo, el Ejecutivo no ha articulado aún cómo ni quiénes se encargarán de coger las riendas de esta delicada cuestión.
La única noticia que ha trascendido por ahora al respecto es que el reconocimiento y reparación de los damnificados, hasta la fecha ubicado en el Departamento de Interior –actualmente, Seguridad–, se halla adscrito a Justicia. En concreto, bajo la batuta de la viceconsejera Ana Agirre. No obstante, su enmarque en la misma podría ser transitorio. Y es que, según sostienen desde Lakua, Urkullu, que ha asumido en persona la gestión de las materias de paz y convivencia, no ha cerrado aún el organigrama de este área, sujeto a una profunda reestructuración, y se desconoce si la atención a los damnificados dependerá finalmente de Justicia o de la Lehendakaritza.
Dos son los principales deberes que tiene por delante el Gobierno vasco. Por un lado, reestructurar la ‘ventana’ de atención a las víctimas del terrorismo. Durante la última década esta labor corrió a cargo de la oficina dirigida por Maixabel Lasa, que anunció su retirada de la política al término de la pasada legislatura. Se desconoce si el PNV optará por cubrir la vacante de Lasa y su equipo o siquiera si, tras el cese de la violencia decretado por ETA, se decantará por recomponer la citada dirección, en cuyas manos descansaba el impulso de una relación fluida entre Lakua y los afectados.
Al parecer, desde el Ejecutivo consideran que podría ser excesivo contar con sendas direcciones de víctimas y de derechos humanos, lo que les llevaría a simplificar los recursos. Por ahora, el vacío sobre esta materia es absoluto. La pasada semana, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, que tiene previsto organizar unas jornadas los días 15 y 16 de febrero, contactó por teléfono con la antigua oficina de atención a los damnificados para invitar al Gobierno vasco –uno de sus financiadores– a asistir a la cita. «Nos dijeron que estaban reorganizándolo todo y que todavía no sabían a quién podrían enviar. Estamos a la espera», explican desde el colectivo.
Instituto de la Memoria
La apuesta del PNV, PSE, IU-Ezker Anitza y los tres parlamentarios expulsados de Aralar de impulsar un Instituto Vasco de la Memoria que aborde todas las violencias sufridas en Euskadi desde la Guerra Civil es, a priori, el que deberá asumir la función que ha desempeñado la oficina de Lasa. El centro, dependiente del Gobierno vasco, tendría como función gestionar y coordinar todas las políticas públicas que se llevarán a cabo en Euskadi para reconocer, reparar y asesorar a las víctimas, pero también sería el encargado de promover la defensa de los derechos humanos en todos los campos.
Dichas tareas eran, en buena parte, asumidas por la Dirección de Víctimas y el área de Derechos Humanos que lideraba Inés Ibáñez de Maeztu. El Ejecutivo jeltzale aprobó el pasado martes, en Consejo de Gobierno, cesarla del cargo. El reloj corre en contra. Y es que la creación del Instituto de la Memoria se encuentra todavía en fase de aportaciones en el Parlamento vasco con el fin de incorporar al resto de grupos –parece difícil que el PP y UPyD se sumen al proyecto y está pendiente conocer la postura de EH Bildu–, lo que podría alargar ‘sine die’ su puesta en marcha.
La otra ‘pata’ que deberá atender la consejería de Josu Erkoreka es la que atañe a las personas que sufrieron abusos policiales, en cuya reparación empezó a trabajar el Gobierno de Patxi López. A lo largo de la pasada legislatura se aprobó un primer decreto y se puso en marcha una comisión de valoración para analizar cada caso. El grupo de trabajo ha reconocido a una docena de víctimas, de la más de setenta solicitudes recibidas. El problema reside en que desde mediados de diciembre permanece paralizada.
La comisión la conformaban –así fue desde su nacimiento– siete expertos: cuatro nombrados por el Gobierno o miembros del mismo, dos acordados en el Parlamento vasco y uno propuesto por la sociedad civil. Los nombres sujetos al Ejecutivo son los de Inés Ibáñez de Maeztu, en calidad de directora de Derechos Humanos –puesto que ya no ocupa–, la jurista Manuela Carmena, el exasesor de la Dirección de Víctimas Txema Urkijo y el doctor en Historia Contemporánea José Antonio Pérez.
Tras las últimas elecciones autonómicas y dado el consiguiente cambio de Gobierno, los cuatro optaron por suspender su participación en la comisión a la espera de lo que decida el nuevo inquilino de Ajuria Enea. A esta postura se sumaron el resto de integrantes.
Cambio o continuidad
El grupo de trabajo permanece, de esa manera, inactivo hasta que desde Justicia se le comunique cuál será su futuro. Es decir, si los integrantes de la comisión serán reemplazados o si el nuevo Ejecutivo de Vitoria se decantará por la continuidad del equipo como fórmula para dar salida a los casos pendientes de resolución.
Como el resto de consejeros, Josu Erkoreka debe todavía presentar en el Parlamento vasco los ejes de su macroárea de cara a la legislatura. Y se espera que en esa intervención aclare cómo se llevará a cabo la gestión de las víctimas, si es que esta materia es asumida, como figura hasta ahora, en el Departamento de Justicia. Las comparecencias de los miembros del Gobierno vasco en la Cámara de Vitoria están previstas entre finales de enero y los últimos días de febrero.
EL CORREO 21/01/13