Hemos llegado al día número nueve desde que un ministro del Gobierno de la nación, Alberto Garzón, aseguró por escrito que la «monarquía (en minúsculas en el texto original) hereditaria (…) maniobra contra el Gobierno (en mayúsculas en el texto original) democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución (en minúsculas en el texto original) que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha». Y concluía que, dadas esas circunstancias, la posición de la «monarquía (de nuevo en minúsculas en el texto original) es sencillamente insostenible». Esa condición de insostenibilidad queda en el aire, porque el ministro Garzón no completa su tesis explicando lo que el Gobierno al que pertenece va a hacer al respecto. Se ignora si lo que se pretende es «derogar» al Rey y, en su caso, en qué plazo y con qué fórmula.

Apenas habían pasado unos minutos cuando el vicepresidente segundo del Gobierno certificó que las apreciaciones de Garzón no eran un desplante individual, sino colectivo. Pablo Iglesias subrayó que «respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado», dando por confirmado que una llamada telefónica del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial es, según su criterio, una «maniobra contra el Gobierno», en palabras de Garzón.

Pasados nueve días desde que se realizaron tales pronunciamientos, no ha llegado aún el minuto en el que el presidente del Gobierno al que pertenecen Iglesias y Garzón haya considerado que quizá sería relevante, incluso conveniente, una palabra suya sobre un asunto de esta dimensión. Porque no será fácil encontrar en este periodo democrático precedentes de que los ataques a la Monarquía parlamentaria surjan del banco azul que los miembros del Gobierno ocupan en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

No será fácil encontrar precedentes de que los ataques a la Monarquía parlamentaria surjan del banco azulNo es esta la primera incomodidad entre los socios de la coalición. Tampoco será la última. Pero esta es distinta por determinante. Y el silencio también lo es. No siempre quien calla otorga, pero quien calla sabe que asume riesgos. El primero, y más evidente, es que se pueda pensar que está de acuerdo. No parece el caso de Pedro Sánchez, aunque explicitarlo en público evitaría que algún mal pensado pudiera tener el impulso de caer en esa tentación. El segundo riesgo es que Moncloa nos muestre, pretendiéndolo o no, cuál es el reparto fáctico de funciones internas en el ‘ticket’ PSOE-Podemos.

Porque los nueve meses que llevamos de legislatura han evidenciado que la gestión de los asuntos públicos, cuya calidad cada cual valorará a su gusto, la han asumido los ministros elegidos por Pedro Sánchez: el sector PSOE. Los ministros elegidos por Pablo Iglesias, salvo el caso excepcional de Yolanda Díaz, son más gaseosos. Ni están, ni parece que haya demasiada gente que los espere en esa función tan importante que consiste en hacer cosas útiles.

Sin embargo, el sector Podemos sí se ha apropiado del relato político del Gobierno en su conjunto. Pablo Iglesias condiciona en buena medida el discurso que emerge del gabinete. Y ha conseguido imponer su agenda que, como es propio de su naturaleza, está compuesta por debates clásicos de la extrema izquierda. Por ejemplo, el cuestionamiento de la Monarquía parlamentaria.

Podemos nunca ha pretendido engañar a nadie, y esa es una gran virtud. Hace algún tiempo, antes de desembarcar en el poder, Pablo Iglesias se mostraba cristalino sobre su pensamiento al respecto de lo que es importante y de lo que no lo es (busquen en YouTube, si lo desean): «Si el Gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un número de horas (de presencia televisiva). Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. ¿La Consejería de Turismo? ¡Pa’ ti, la Consejería de Turismo! ¡Dame los telediarios (…) y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo!». Traducción: la política no se hace a través de la gestión, sino de la propaganda.

Los choques entre el sector PSOE y el sector Podemos son habituales. Desde enero se han producido encontronazos sobre inmigración, impuestos, ingreso mínimo vital, presupuestos o educación. Pellizcos de monja. Más indicativo del escaso grado de confianza mutua en la cúpula del Gobierno es que el presidente no informara a su vicepresidente ni de la salida de España de Juan Carlos I, ni de la fusión entre CaixaBank y Bankia. «Era una información muy sensible», dijo Sánchez para justificar la ocultación. No iba a dejar que Iglesias accediera a datos sensibles y supiera demasiado.

Los ministros elegidos por Iglesias, salvo Yolanda Díaz, son más gaseosos. Ni están, ni parece que haya gente que los espere

La gestión, más o menos exitosa, se controla desde Moncloa. Pero, como contraprestación, Podemos dice lo que le parece, y convierte en opinión del Gobierno del que forma parte el PSOE lo que antes solo era el programa de máximos del partido morado.

Se impone el relato por encima de la gestión. Y eso suele tener frutos electorales. El propósito último es que, cuando llegue la hora de examinar al Gobierno en las urnas, el motivo de tal examen no sea la calidad de los logros obtenidos, sino que las ideas que emanan del Gobierno se impongan sobre las ideas de la oposición. Que la discusión preelectoral no sea tanto sobre los datos económicos o las cifras del covid, como sobre asuntos que exciten los jugos gástricos de los sectores sociales más polarizados. Y polarización tenemos de sobra.