JORGE DE ESTEBAN – EL MUNDO – 28/10/15
· Más allá de que el de ayer sea un nuevo acto del histórico desafío del independentismo catalán, la situación se podría haber evitado si desde Madrid se hubiesen tomado las medidas oportunas, no necesariamente represivas.
Son cuatro ya los ejemplos que se pueden ver, a lo largo de la Historia, en los que los nacionalistas catalanes han intentado imponer un Estado propio, fracasando claramente en los tres primeros y con el interrogante de lo que puede suceder en el cuarto.
El primero en 1873, cuando un mes después de declararse la I República, un grupo de independentistas declaró la sustantividad del Estado catalán, deteniendo a las autoridades legales. Fue precisamente un catalán, el jefe del Poder Ejecutivo, Estanislao Figueras, quien tuvo que hacer frente a esta sublevación que duró escasamente unos días. El segundo sucedió en 1931, cuando el mismo día de la proclamación de la II República, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana, apareció en el balcón de la Generalitat para declarar el Estado catalán, que formaría parte de una Confederación de pueblos ibéricos. El Gobierno provisional de la II República envió urgentemente a Barcelona a tres ministros para que negociasen con Macià. Finalmente consiguieron que se renunciase al Estado catalán, gracias al compromiso del Gobierno de admitir un Estatuto de Autonomía para Cataluña.
El tercero fue durante el mes de octubre de 1934, protestando por la entrada de varios ministros de la CEDA en el Gobierno de Alejandro Lerroux, y aprovechando la huelga revolucionaria convocada por los socialistas. En efecto, el entonces Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, volvió a proclamar el Estado catalán, acusando al Gobierno español de fascista. En realidad se trataba de un golpe de Estado de la Generalitat, rompiendo toda relación con el Gobierno central y declarando la guerra al Estado español. Esta provocación comportó el que se asistiese a un enfrentamiento violento entre el Ejército y los independentistas catalanes, junto a los Mossos d’Esquadra. Pocas horas después fueron detenidas todas las autoridades catalanas, restableciéndose la normalidad dentro de las especiales circunstancias del momento.
Finalmente, el cuarto ejemplo es el que hemos presenciado anteayer y ayer por la mañana. El lunes pasado, mientras se disolvían las Cortes españolas en Madrid, en Barcelona se constituía el nuevo Parlament catalán, eligiéndose presidenta a la señora Forcadell que hasta ahora no había sido diputada. En el mismo momento de su discurso, una vez elegida sólo por los nacionalistas catalanes y compañeros de viaje, demostró que desconoce las reglas de todo parlamento democrático, pues quien lo dirige debe hacer gala de una Presidencia que sea de todos y no de un sector concreto de los parlamentarios. Su discurso proclamando la soberanía del pueblo catalán y especificando que se trata de conseguir nuevamente un Estado catalán, lo ratificó enfáticamente con los tres vivas al acabar su perorata, que solamente fueron coreados por una parte del Parlamento. Una presidenta que el mismo día de su elección rompe con este dogma de neutralidad de la democracia parlamentaria no debería continuar en el cargo.
Ahora bien, nadie que haya seguido con interés el largo recorrido de los nacionalistas catalanes, comenzando por el nombramiento del presidente Pujol –que ha engañado a tirios y troyanos y que hoy es ya considerado un presunto delincuente–, no debería sorprenderse de que hayamos llegado a la situación actual. Por supuesto, una gran parte de lo que está ocurriendo en Cataluña, se debe, como ya he dicho en muchos artículos en este periódico, a que ha habido una escalada graduada de los nacionalistas que llevaría hasta la declaración unilateral de independencia. Pero seamos realistas: todo ello no se hubiera podido llevar a cabo sin la permisividad de los Gobiernos de Madrid, porque si se hubiesen tomado las medidas oportunas, que no tenían que ser forzosamente represivas, se hubiese logrado un statu quo que podía haber perdurado bastante tiempo. Ciertamente, como señala John Gray, la política es una sucesión de remedios temporales para males recurrentes. Pero, con todo, no podemos ignorar que se puede llegar a acuerdos duraderos si se logra que las dos partes en conflicto cedan en su posición inicial.
Sea lo que sea, esta pasividad tradicional de los Gobiernos de Madrid, en algunos casos interesada a cambio del apoyo de los partidos nacionalistas, parece que en el caso del actual presidente del Gobierno –más vale tarde que nunca– ha cambiado el rumbo por fin. De esta manera, se aprobó antes de la disolución de las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que puede ser utilizada para evitar la ruptura de la unidad de nuestro país. Es posible que esta reforma se decidiese ante el temor de que el artículo 155 de la Constitución, copia casi literal del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, no se pudiese aplicar por haberse disuelto las Cortes y, más concretamente, el Senado. Sin embargo, en contra de una lectura literal de dicho artículo, en donde se exige que la decisión de suspender, en su caso, una autonomía, deba ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Senado, hay que decir que la existencia de su Diputación Permanente permite ejercer esta competencia que es propia del Pleno.
En efecto, hay que señalar que la Diputación Permanente dispone de dos funciones concretas. Por una parte, durante los intervalos entre periodos de sesiones, esta institución, como la del Congreso de Diputados, disfruta de la facultad de convocar una reunión extraordinaria del Pleno de la Cámara, así como de la competencia de velar por los poderes de la misma. Y, por otra parte, durante los periodos interlegislativos, dentro de las competencias de velar por los poderes de la Cámara en estos periodos de las Cortes disueltas, se encuentra la facultad, prevista en el mencionado artículo 155.1, de poder adoptar las medidas necesarias cuando una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que le impone la Constitución o atente gravemente contra los intereses generales de España.
En definitiva, es evidente que tras la actuación partidista de la nueva presidenta del Parlament, se están acelerando los hechos, y ayer mañana se presentó una propuesta de Juntos por el Sí y la CUP para señalar que Cataluña se «desengancha» de España para construir el Estado catalán en forma de república y que, en consecuencia, no aplicará en lo sucesivo la legalidad española. A buen seguro, el problema no se halla únicamente en el terreno de la política, o incluso de la legalidad parlamentaria, sino que tiene ya claras connotaciones con el Derecho Penal. Cualquier país democrático no habría permitido que se llegase a este nivel, que sin duda es la gota que rebasa el vaso no solo de la legalidad, sino también de la paciencia que todos los españoles y, en especial, la de los catalanes que se sienten también españoles, como se ha comprobado en las elecciones del 27-S, que son mayoría con respecto a los independentistas. Si nos atenemos a todos los medios con que cuenta el Gobierno catalán para empapar de ideas independentistas a los ciudadanos de Cataluña, sorprende que no hayan alcanzado el triunfo en esas elecciones fraudulentas los favorables a la independencia.
A este respecto, se duda de si todos los sucesos de corrupción a que estamos asistiendo en concreto en Cataluña, han servido o no para impedir que se consiguiese ese objetivo. Digo esto, porque hace una semana, después de la comparecencia del presidente Mas, acompañado de sus cuatrocientos mariachis, ante el Tribunal Superior de Cataluña, una ola de optimismo separatista pareció invadir las calles de Barcelona. Hasta el punto de que La Vanguardia, del antimonárquico Conde de Godó, se permitió algo que hasta ahora era insólito y es que el martes día 20 la mitad de sus páginas aparecieron en catalán. Sin embargo, duró poco la euforia, porque un día después, las aguas volvieron a su cauce y el castellano, o mejor dicho, el español, volvió a imperar en sus páginas, debido probablemente a que el día antes comenzó una investigación sobre los beneficiarios del famoso 3%, que es una plaga que no cesa en Cataluña y que ha infectado a las instituciones del régimen fundado por Pujol.
En cualquier caso, en mi opinión, el presidente Rajoy ha perdido una magnífica ocasión para haber sido mucho más taxativo en su declaración institucional de ayer, pues se limitó a decir, después del documento separatista de Juntos por el Sí y la CUP, que iba a aplicar la Ley. En su caso, lo que tenía que haber dicho es que si se aprueba ese documento por el Parlament, el Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución. Lo cual, por supuesto, no solo habría servido para embridar a estos paranoicos que quieren llevar a España al precipicio, sino que además le habría proporcionado una lluvia tal de votos en las elecciones de diciembre, que ya será difícil que vuelva a causa de su parsimonia.
Sea lo que fuere, algo que es muy claro y que no parece ver Rajoy, radica en que las próximas Cortes españolas tendrán que pactar una nueva estructura territorial del Estado, porque el nacionalismo catalán no se acabará mañana y alguna justificación puede tener, aunque ya sabemos que cuando alguien pide justicia, lo que quiere es que le den la razón.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y Presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro es ‘El naufragio del Estado de las Autonomías’ (Iustel).