La crisis institucional que vive España se vio agravada el pasado domingo con la dimisión de Carlos Lesmes. Su renuncia parecía erigirse como el último capítulo de una larga lista de choques entre los poderes del Estado, pero como desveló este miércoles El Confidencial, todavía faltaba por sumar un nuevo desplante: en plena herida abierta por la crisis judicial, el Gobierno no invitó a los presidentes de todas las salas del Supremo, al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia al desfile las Fuerzas Armadas que se celebraba este 12 de octubre por el Día de la Hispanidad. Este hecho no es ni mucho menos algo aislado y el problema se ha cronificado desde hace años, con un desgaste continuo de los estamentos públicos. 

Desde el Ejecutivo alegaron que «un error» había impedido tramitar las invitaciones personales, pero parte del alto tribunal lo vio como un gesto calculado. Tras la renuncia de Lesmes, el hasta ahora presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parecía que iba a ser el gran ausente en el 12-O y, de repente, el resto de miembros de la cúpula judicial también se sintieron apartados del acto.

Las idas y venidas con las invitaciones recuerdan a lo ocurrido en septiembre de 2020, cuando, por primera vez, Felipe VI no acudió a la entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona. La decisión del Gobierno de que no acudiera por «motivos de seguridad» se interpretó como una maniobra inaceptable en el seno de la judicatura, pero desde entonces, el listado de choques entre los poderes del Estado no ha dejado de crecer. 

Según advirtió Lesmes el pasado domingo, la situación ha llegado a tal punto que se «debilita» al poder judicial y, con él, uno de los pilares de la democracia: «Nuestro Estado de derecho». Al presentar su dimisión, el hasta ahora presidente del CGPJ cumplió la amenaza que lanzó en septiembre durante el acto de apertura del año judicial, cuando él mismo se refirió a «los tres poderes clásicos de Montesquieu» para denunciar que «la Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y a minar la confianza». No era la primera vez que elevaba el tono, pero en su discurso apuntaba de forma directa a los otros dos poderes: el legislativo y el ejecutivo.

Atrás quedan las advertencias que el CGPJ lanzaba hace dos años, cuando expresaba su «profundo malestar» ante las declaraciones del entonces vicepresidente, Pablo Iglesias. Primero en enero de 2020, cuando afirmó que la Justicia había resultado humillada por los tribunales europeos y reclamaba la «desjudicialización del conflicto en Cataluña». Después, en abril, cuando cargó contra la condena que se había impuesto a la diputada Isa Serra. El entonces líder de Unidas Podemos entraba en el cuerpo a cuerpo y el poder judicial le respondía, pero el CGPJ terminó por guardar silencio a medida que otros miembros del Gobierno se sumaban a los ataques. 

Entre las polémicas más sonadas, destaca la de los indultos a los líderes del ‘procés’ pese al duro informe en contra por parte del Supremo o las sentencias del Constitucional que tumbaron los estados de alarma de la pandemia.» Responde a elucubraciones doctrinales», aseguró en julio de 2021 la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dos meses después, durante la apertura del año judicial de 2021, el propio Lesmes respondía que «las resoluciones judiciales se ponen en ocasiones en entredicho —especialmente desde algunas instancias políticas— cuando se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado».

Las sentencias comenzaban a provocar críticas cruzadas entre ambos poderes y, en el apartado del Tribunal Constitucional, tampoco faltaron los avisos al Ejecutivo por el abuso del decreto-ley, una figura legislativa que llegó a utilizar en una medida contra el covid para incluir a Iglesias y al exjefe del gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). «No concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia», advirtió el tribunal en 2021.

La relación con el Ejecutivo ya parecía irreconciliable y, ese mismo año, a esta erosión institucional se sumó un rifirrafe entre el poder legislativo y el judicial. Esta vez, a costa de la condena del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. La Mesa de la Cámara Baja, con la posición favorable de PSOE y la formación morada, desafió al tribunal al descartar que la sentencia implicara su inhabilitación, pero el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, terminó por dejar clara la situación: en un oficio remitido a la presidenta Maritxel Batet, le advertía de que la inhabilitación del diputado era «obligada», de que no había interpretación alternativa a la de la propia sentencia.

Lesmes también recordó el pasado domingo que se había dirigido en numerosas ocasiones a los presidentes de ambas cámaras reclamando el cumplimiento del mandato constitucional, en relación con la renovación del CGPJ, pero no había recibido más que «indiferencia» como respuesta. Todo ello sin olvidar la norma que el Gobierno sacó adelante con el visto bueno del Congreso y que retiró al CGPJ la potestad de hacer nombramientos, un cambio que, según criticó, le quita «competencias que constitucionalmente tiene atribuidas».

Aquella ley terminó por agravar la situación, y más aún cuando el Congreso aprobó este mes de julio la contrarreforma que les devuelve una de sus potestades, la de realizar nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional. De esta manera, el Gobierno se corregía a sí mismo con el visto bueno de la Cámara Baja para lograr el vuelco a favor de la mayoría progresista en el tribunal, un cambio ante el que ocho vocales conservadores del CGPJ se atrincheraron y rechazaron designar a candidato alguno. Esta falta de acuerdo en el seno del CGPJ para sacar adelanto la renovación del Constitucional ha marcado los últimos días en el cargo de Lesmes.

Pero el daño institucional no solo se explica por los choques entre los principales poderes, sino también por los nombramientos realizados de forma directa por el Gobierno, por sus elecciones para puestos clave ante los que no necesitaba a ninguno de los otros dos poderes: la cúpula de RTVE, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)… En estos casos, algunos de los elegidos por Moncloa han agravado la situación.

Nombramientos cuestionados

En lo que toca a RTVE, y a pesar de que había otras opciones para proceder, el Gobierno optó por sustituir hace dos semanas a José Manuel Pérez Tornero, hasta entonces al frente del Consejo de Administración de la corporación pública, por Elena Sánchez. La Moncloa aprovechó el Consejo de Ministros de un martes, cuando toda la atención estaba puesta en los presupuestos generales del Estado, para aprobar a su vez un real decreto que modifica los estatutos y dotan a la nueva presidenta interina de más competencias.

Hace apenas dos meses, el 1 de agosto, el Gobierno también nombró a Elena Manzanera presidenta del INE en sustitución del dimitido Juan Manuel Rodríguez Poo. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, habían manifestado en varias ocasiones sus dudas ante los datos del Instituto Nacional de Estadística, al entender que no reflejaban la situación real de la economía. 

El Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística (Esgab), un grupo asesor de la Comisión Europa, ya había alertado en julio de la «presión» de los «responsables políticos» sobre los institutos nacionales de estadística, y hasta advirtió de que estas presiones suponen la «violación» de la «obligación legal de los gobiernos nacionales de respetar la independencia profesional». Reconoció su «seria preocupación» por las circunstancias sobre la dimisión de Rodríguez Poo, y resaltó que esta renuncia «indica una debilidad en el marco legal existente en España».

Pero quizás el más polémico de estos nombramientos es el de José Félix Tezanos al frente del CIS (CIS). Tezanos desembarcó en el centro que elabora los barómetros oficiales desde su puesto en la Ejecutiva del PSOE, como secretario de Estudios y Programas, el 30 de junio de 2018, recién constituido el Gobierno de Sánchez. Desde entonces, el ruido y las sospechas de partidismo ha rodeado al CIS, que hoy contradice al resto de encuestas y otorga —de nuevo— una hipotética victoria electoral a Pedro Sánchez. 

Todo ello sin olvidar el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal General del Estado, cargo del que dimitió en julio. Fiscal de carrera, Delgado cambió directamente el Ministerio por su puesto al frente de la Fiscalía, y ha sido el que fuera su número dos en el Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía durante la etapa de Delgado, quien le ha dado el relevo. La llegada al cargo de este último se ha visto marcada por la polémica desde el primer momento, entre otras cuestiones, por ascender a Delgado a la máxima categoría de la carrera pese al criterio en contra del Consejo Fiscal. 

Este y otros nombramientos han sido muy criticados por la oposición —el PP ha recurrido o contempla recurrir varias de estas designaciones ante los tribunales—, mientras el Gobierno defiende su legitimidad y acusa al principal partido de la oposición de deteriorar la imagen de las instituciones y de incumplir la Constitución. Ambos partidos se reparten así las culpas de una erosión institucional que, en el caso de Lesmes, ha terminado por resultarle «insostenible».