El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene que la Justicia en España no está politizada en lo más mínimo. La Justicia, puede. Muchos jueces lo están, no cabe duda. A su pesar. Pero lo están. Más allá de la ideología que puedan profesar en su fuero interno, saben que su carrera, el ascenso en el escalafón, depende de los políticos. Fundamentalmente de los socialistas y los populares. Ellos son los que eligen, promocionan, nombran y vetan a magistrados si no ajustan su ‘filosofía del derecho’ a los intereses de los partidos. Así de simple.

Felipe González tuvo una obsesión: romper la liturgia existente por la que los jueces designaban entre ellos a los candidatos al Tribunal Supremo, Constitucional y Consejo General. Y dar esa competencia al Parlamento, donde casualmente el PSOE tenía mayoría absoluta. Ahora estamos en plena partida de ajedrez entre Sánchez y Casado para renovar estos órganos y adjudicar a cada partido (incluido Podemos) su cuotita de jueces afines.

Se puede sostener que la Justicia en España no está politizada, pero una jueza argentina ha podido investigar presuntos delitos predemocráticos condonados por la Ley de Amnistía. Eso que era imposible por decisión de una fiscal general conservadora ha sido viable por rectificación de otra fiscal general, Dolores Delgado. Se puede decir que la Justicia no está politizada, pero no se puede negar que el juez José Ricardo de Prada redactó una sentencia sobre una pieza del ‘caso Gürtel’ introduciendo sus propias conjeturas ajenas a ese caso para dejar por escrito que la justicia afirmaba que el PP había creado «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional». Y le puso en bandeja la moción de censura a Pedro Sánchez. De Prada es lo que en el lenguaje mediático se conoce como un juez ‘progresista’. Un juez conservador no habría redactado esas consideraciones que más tarde el pleno de la Audiencia Nacional corrigió. Demasiado tarde. Rajoy había vuelto ya a la oficina de Registradores de la Propiedad. En el pecado lleva la penitencia. Pero politizada, vaya si está politizada. La Justicia puede que no; la carrera judicial, hasta las puñetas de la toga.

Los fiscales han decidido que las veinte querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión durante la pandemia deben ser archivadas. O que los presuntos delitos atribuidos a la financiación de Podemos o ‘el caso de la tarjeta’ de Pablo Iglesias son «meros rumores». Y justo cuando está en juego el apoyo o abstención del PP en los Presupuestos, se levanta el secreto del sumario del ‘caso Kitchen’. Pero la justicia en España, sostiene el ministro Campos, no está politizada.