JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC 03/02/14
· Los nacionalistas no buscan sólo ventajas económicas, aunque no las desprecian.
Aunque el merecido ataque de Rajoy a Rubalcaba –¿cómo se atreve quien nos llevó a la bancarrota a criticar la política económica de quien nos está sacando de ella?– fue lo más sonado de la convención vallisoletana del PP, la pregunta más importante hoy en España ni siquiera se planteó: ¿debe el Gobierno de Rajoy ayudar económicamente a los de Mas y Urkullu para alejarlos de la deriva soberanista? Hasta ahora, era la tesis oficial, no importaba que en Madrid gobernase el PSOE o el PP.
Ayudar a los nacionalistas «moderados» para que no se convirtieran en radicales. Los resultados, sin embargo, no han sido nada felices. ¿De qué ha servido ceder los pingües beneficios de la lotería –un 20 por ciento de los premios de más de 2.000 euros– al Gobierno de Urkullu? Pues para que se aliara con Sortu para organizar la manifestación pro presos de ETA. Es sólo una muestra del mayor problema de España, la crisis incluida.
Son muchas las voces que se alzan pidiendo diálogo, flexibilidad, «gestos». Pero, curiosamente, se le piden al Gobierno español, no al catalán o al vasco. Mientras, desde allí, no llegan más que acusaciones, distanciamientos, nuevas exigencias. Así no hay forma de dialogar ni, menos, de entenderse. Más cuando esas exigencias llegan al extremo de pedir al Gobierno español que autorice algo abiertamente anticonstitucional. A estas alturas sabemos que los favores hechos a CiU y PNV no les han alejado del radicalismo nacionalista.
Al revés, les han aproximado a sus tesis, hasta el punto de gobernar de hecho con él. Como dando razón a quienes dicen que no hay diferencia de fondo entre ellos, sólo de táctica, o como si se estuvieran repartiendo los papeles, según la famosa parábola de Arzallus del árbol y las nueces, aunque queda todavía por saber quién las recogerá. Está visto que hacerles concesiones sólo les abre el apetito, tal vez porque les confirma que tienen razón, que les explotamos y tenemos con ellos esa deuda que debemos pagarles. O peor aún: que son diferentes, superiores, y ese es nuestro obligado tributo para que permanezcan con nosotros.
En cualquier caso, la idea de que la «singularidad» fiscal vasca y catalana es la fórmula para mantener unida a España resulta hoy inadmisible, cuando las singularidades nacionales se diluyen en conglomerados más amplios, aparte de que, llevadas al terreno económico, atentan contra el principio de igualdad de los ciudadanos en una democracia. Si hay encaje de dichos territorios en España tendrá que ser en plan de absoluta igualdad, con concesiones por ambos lados, que deben empezar por su reconocimiento de que forman parte de España.
Puede que sean las comunidades más ricas y avanzadas. Pero sin que eso signifique privilegio alguno. Sospecho que ni siquiera esas ventajas les satisfagan, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Los nacionalistas no buscan sólo ventajas económicas, aunque no las desprecian. Pero su último objetivo, por algo son nacionalistas, es un Estado-nación propio. La independencia. Y pretenden incluso que se la financiemos.
JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC 03/02/14