El acto que Junts pel Sí organizó el pasado 4 de julio en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para presentar el proyecto de referéndum de autodeterminación del 1 de octubre podría suponer una desobediencia al Tribunal Constitucional. Así lo sospecha el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que ayer ordenó a la Guardia Civil que requiriese información al teatro sobre este evento. Su propósito es saber si los más de 17.600 euros que costó el acto se abonaron con fondos públicos o salidos del grupo parlamentario, así como de dónde salieron las órdenes para alquilar este local, según explicaron fuentes judiciales. Dos agentes de paisano acudieron ayer al TNC y entregaron una orden judicial que les concede un plazo de cinco días para aportar todos los documentos relacionados con esta contratación temporal.
En el acto del 4 julio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, entre otros, explicaron algunos detalles de la convocatoria del referéndum pese a que 10 días después todavía no se ha firmado oficialmente ningún documento para iniciar la organización de estas votaciones. Sin embargo, quisieron dejar claro que cuenta con todas las garantías legales, ya que se ampara en la normativa internacional. Por eso, el evento llevaba por título Garantías para la democracia: por un referéndum legal, efectivo y vinculante y pretendía ser una explicación sobre la ley del referéndum que todavía no se ha aprobado.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona tiene abierta una investigación a partir de la denuncia contra el ex senador y ex magistrado Santiago Vidal, quien dimitió tras afirmar en conferencias de entidades soberanistas que el Govern había obtenido datos de forma irregular para la Hacienda catalana así como las presuntas listas de magistrados afines al independentismo.
·5 días
El juzgado ha dado este plazo concreto para que el TNC haga llegar la documentación.
A esta causa, que está bajo secreto, se sumó otra querella de Vox contra cargos del Departament d’Economia por los preparativos de la Hacienda Catalana. Además, el juez también tiene bajo su investigación las diligencias iniciadas por la Fiscalía contra algunos preparativos para el referéndum que había iniciado el Govern hace tres meses pese a las órdenes del Tribunal Constitucional que lo prohiben.
En junio, la Guardia Civil, por orden judicial, citó a declarar como testigos a varios funcionarios, algún alto cargo y trabajadores de una empresa contratada por el Govern, en el marco de la investigación para determinar si la campaña de la Generalitat para incentivar que los catalanes residentes en el extranjero se apunten al registro del Departament d’Afers Institucionals i Exteriors está vinculada al referéndum ilegal. La Guardia Civil preguntó por el coste y adjudicación de la campaña.
El juzgado investiga si esta publicidad institucional, que apareció en algunos diarios, contravenía las resoluciones del Tribunal Supremo respecto a que no se pueden ejecutar preparativos sobre las votaciones. Además, también está indagando si la página web activada por el Pacto Nacional por el Dret a Decidir se hizo a través de la Generalitat.
Junts pel Sí ha intentado aprovechar la acción judicial para defender las tesis independentistas. Jordi Turull y Marta Rovira, jefes del grupo parlamentario, han dicho que recuerda al franquismo. El diputado Lluís Llach comparó la decisión judicial con las que él vivió durante la dictadura. «Buscan dar pánico a los que participen, estoy escandalizado», dijo el cantautor. Turull ha desvelado que el alquiler del TNC costó 17.600 euros, y que «está pagado y toda la documentación está perfecta».
Además, insistió en que el acto lo organizó formalmente Junts pel Sí y que lo ampara «la libertad de expresión». «En los próximos días tenemos previstos hacer centenares de actos como el que hicimos en el TNC. Todos los diputados harán actos para presentar la ley del referéndum», dijo Rovira. Llach y Turull pidieron solidaridad al resto de formaciones en un momento en que se intenta recabar cualquier complicidad de los comunes con el 1-0. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó ante la acción de la Guardia Civil que «estamos en democracia, y esto recuerda a los tiempos más oscuros».