La Guardia Civil siempre ha sido un cuerpo «cargado» desde el punto de vista político. En primer lugar, por su injusta asociación, entre algunos sectores de la izquierda y del nacionalismo, con el franquismo.

Y eso a pesar de que el instituto armado nació en 1844; de que el cuerpo, como el resto de España, se dividió al 50% tras el estallido de la Guerra Civil (el general Pozas, inspector general del cuerpo, permaneció fiel al gobierno republicano, por ejemplo); y de que el régimen de Franco llegó a plantearse su disolución en 1940.

Pero el hecho de que la Guardia Civil fuera la fuerza de seguridad encargada de la lucha contra los maquis y el terrorismo de ETA, sumado a su naturaleza militar y a su dependencia de los Ministerios de Defensa y del Interior, ha bastado para que una parte del arco político español, el que va desde la extrema izquierda a los independentismos vasco y catalán, haya identificado la institución como uno de sus principales enemigos.

Pero más allá de la propaganda están los hechos. Y lo cierto es que la Benemérita, y no precisamente por su culpa sino por razones políticas que caen lejos de su ámbito de decisión, está viviendo unos últimos años especialmente convulsos que plantean la pregunta de cuál es el plan del Gobierno para este cuerpo de casi 180 años de historia.

El cese/dimisión de María Gámez, que será recordada como la primera mujer que ha dirigido la institución, pero también como uno de los superiores menos tolerados por mandos y agentes, ha sido el colofón a un periodo en el que la Guardia Civil ha aparecido en los medios más de lo que el cuerpo habría deseado. Habría que retrotraerse a los años de Luis Roldán, de hecho, para dar con un periodo tan agitado para la institución.

Al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por «perdida de confianza» el 25 de mayo de 2020 se sumó la tragedia de la valla de Melilla y también la abrupta retirada de los agentes de tráfico de Navarra por exigencia de EH Bildu, así como de varias de las competencias del cuerpo en Cataluña.

A esos escándalos se ha sumado ahora el caso Mediador y la marcha de Gámez tras la imputación de su marido en un caso de corrupción. Una renuncia a la que ha seguido el nombramiento como nueva directora de Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid, con un perfil muy político. Un destino de «consolación» para González tras ver frustrado su deseo de convertirse en la candidata socialista a la alcaldía de Madrid.

La noticia de que González participará en la campaña electoral del PSOE de las municipales y las autonómicas de mayo (algo que ya había hecho María Gámez) incide en la politización de un cuerpo que debería permanecer ajeno a las batallas partidistas.

Porque el hecho de que la nueva directora de la Guardia Civil vaya a pedir el voto para el PSOE ahonda en la confusión entre Estado, Gobierno, instituciones y partido, y arriesga el prestigio del cuerpo entre esos ciudadanos españoles que aspiran a que las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales muestren una impecable neutralidad política en el cumplimiento de sus funciones, como ocurre en cualquier otro país democrático.