EL CORREO 21/04/15
· Les pide comparecer en sus cuarteles por una investigación sobre blanqueo de capitales, aunque Etxerat anuncia que no acudirán hasta que lo exija un juez
· Las citaciones tienen que ver con el arresto en enero de una docena de abogados de los reclusos
La Guardia Civil vuelve a presionar al entorno de los presos de ETA. Un total de 127 familiares de estos reclusos han sido citados a declarar por el instituto armado, dentro de una investigación por supuesto blanqueo de capitales que está relacionada con la detención de media docena de abogados a comienzos de año. Etxerat, la asociación que aglutina a los allegados de los internos, denunció ayer esta actuación y anunció que ninguno de los afectados, que deberían comparecer como testigos –lo que les impide mentir–, cumplirá este trámite mientras no lo exija un juez.
Los portavoces de Etxerat Maider Alustiza y Urtzi Errazkin, acompañados de miembros de la asociación, convocaron una rueda de prensa en la que censuraron el proceder de la Guardia Civil porque, según insistieron, las citaciones a declarar no cuentan con ninguna clase de mandato judicial. Recriminaron, en este sentido, que buena parte de las citaciones se han entregado en los domicilios particulares «a altas horas de la noche» o mediante «una llamada de teléfono».
Según su relato, en ellas «no se menciona» la causa por la que se les convoca y sólo se refiere que tiene que ver con una investigación sobre «blanqueo de capitales». Los aludidos debían comparecer en los cuarteles de Intxaurrondo, en San Sebastián, o de La Salve, en Bilbao. De hecho, 109 de los citados residen en Gipuzkoa y sólo 18 en Bizkaia. Todos ellos debían comparecer entre el día de ayer y el próximo 29 de abril.
Las pesquisas puestas en marcha por la Guardia Civil tienen que ver con la detención y posterior puesta en libertad de una docena de abogados que asisten al colectivo oficial de presos de ETA. El dispositivo, que recibió el nombre de ‘operación Mate’, se activó ante la sospecha de que los letrados habrían ocultado a Hacienda unos ingresos superiores a 1,3 millones de euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a reclusos integrados en el EPPK. Entre los arrestados figuraban Amaia Izko, también portavoz de Sortu, Alfonso Zenón, Ainhoa Baglietto y Haizea Ziluaga. Aquella redada obligó incluso a suspender un juicio de la Audiencia Nacional –el que afectaba a 35 destacados militantes y excargos de Batasuna, ANV y EHAK por un presunto delito de integración en banda armada–, ya que tres de las abogadas detenidas en aquel dispositivo defendían a varios de los acusados.
La ‘operación Mate’ era continuación de las realizadas por la Guardia Civil en septiembre de 2013 y enero de 2014 –esta última se denominó ‘Jaque’– contra el considerado por la Policía como el ‘frente de cárceles’ de ETA, en alusión a Herrira y el llamado KT-Koordinazioa Taldea. No obstante, hunde sus raíces, según Interior, mucho más allá, en abril de 2010.
Entonces se produjo el primer golpe al equipo de abogados de ETA con la desarticulación del denominado colectivo ‘H-Alboka’, dedicado a transmitir las órdenes de la banda a sus presos y evitar las «deserciones». El último episodio hasta ayer tuvo lugar el mes pasado. A comienzos de marzo, el instituto armado arrestó durante horas a varios representantes de Etxerat y a médicos de Jaiki Hadi, organización que asiste a los reclusos de la banda en las cárceles.
Los representantes del colectivo denunciaron ayer el «acoso» al que dicen sentirse expuestos los allegados de los reclusos. Y anunciaron que no prestarán declaración mientras no se lo soliciten por vía judicial. Los 127 implicados han enviado un escrito de forma individual a los responsables de los acuertelamientos de La Salve e Intxaurrondo para comunicarles que no van a comparecer.