La guerra contra los jueces

El asalto a la independencia judicial está fracasando. El proyecto de un sistema chavista para desmontar el equilibrio entre los poderes del Estado, con una administración de justicia por jueces y fiscales independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, está naufragando. El exjuez Garzón, inductor imprescindible de esta tropelía, testimonia el fiasco en un texto iracundo publicado -¿cómo no?- por el chavista Grupo de Puebla y proporciona el guion de la ofensiva contra judicatura y fiscalía.

Con esa lógica peculiar que da el odio, Garzón se ensaña con el juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Intenta ridiculizarle hasta por la exigencia de una tarima frente al intento de humillación del superministro Bolaños al ser interrogado en la Moncloa. Como ocurre también con la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del “hermanísimo”, no soportan su independencia. El texto del exjuez puede traducirse en un “¿cómo se atreven?”, y los argumentos no pasan del manido “no hay nada”.

Garzón tiene mucha experiencia acumulada. Dirigió el operativo de ataques a los jueces y fiscales argentinos que investigaron, procesaron y condenaron, con multitud de evidencias, a la todopoderosa Cristina Kirchner. El exjuez escribió el panfleto Objetivo: Cristina para intimidar a fiscalía y judicatura. No le sirvieron de nada sus milongas sobre lawfare: la jefa K fue condenada, no por persecución de la derecha y la ultraderecha, sino por desvío de fondos públicos de más de 1.000 millones de dólares. Por robar, por chorra.

Entienden la fiscalía general -con palabras de Marchena- como “un apéndice togado del Gobierno en el proceso penal”. En esa dirección va el proyecto de ley Bolaños para controlar el poder judicial desde el Gobierno

El escrito de Garzón retrata una obsesión patológica contra los magistrados del Tribunal Supremo, los que le expulsaron de la carrera judicial por prevaricar. Los insultos a Ángel Hurtado, instructor de la causa sobre el fiscal general García Ortiz, rozan lo delictivo. El exjuez condenado por prevaricador le acusa de prevaricar, directamente. Insinúa “una posible relación” entre su papel en una causa que afectaba al PP y “su ascenso meteórico a la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Todo por atreverse a investigar a “su” fiscal general. Este ideólogo del control chavista del poder judicial muestra similar frustración por no poder controlar el actual CGPJ, es decir, los nombramientos de los principales puestos de la judicatura. Un ejemplo: “¿por qué bloquearon el nombramiento de dos mujeres para las presidencias de las Salas II y III?”, se pregunta. ¿Las propuso él?

El escrito chavista de Garzón es una muestra de lo que con acierto denuncia el magistrado Manuel Marchena en su libro recién publicado La justicia amenazada: “Ataques a los jueces, incorporados incluso a acuerdos políticos que hablan de lawfare”. Entienden la fiscalía general -con palabras de Marchena- como “un apéndice togado del Gobierno en el proceso penal”. En esa dirección va el proyecto de ley Bolaños para controlar el poder judicial desde el Gobierno. Lo anticipa la reacción del exjuez con un ataque preventivo a los fiscales españoles, a los que acusa de aspirar a “otro fiscal general que devuelva las aguas a sus cauces conservadores”. ¡Todos fachas!

¿Qué autoridad tiene Garzón? Él mismo no para de proclamarse como campeón de la “justicia universal”. De él partió la idea del helicóptero con los restos de Franco y la ministra de Justicia, dirigiendo el operativo. Autoproclamado referente mundial contra “los crímenes fascistas y nazis”, arremete contra los jueces y fiscales que no le siguen en esta cruzada. Especialmente, le saca de quicio que minusvaloren, afirma, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, un invento fabricado ad hoc para su esposa Dolores Delgado.

Huelga de jueces y fiscales

Sobre el rol de Garzón como gran defensor de los derechos humanos ha opinado su cliente “El Pollo” Carbajal, acusado de narcotráfico y gerifalte en su día de la dictadura venezolana. Después de romper con el despacho de abogados del exjuez -al que ya había pagado 1,85 millones de euros, según información de ABC-, explicó por qué le había contratado: “Por su relevancia internacional adquirida en defensa de la justicia universal”. Por eso, ha confesado, le pagó diez veces más de lo normal. ¡Qué rentable puede llegar a ser la defensa de los derechos humanos!

Publicado por una organización de la que forma parte la dictadura venezolana, este desahogo del jurista jefe del chavismo muestra que el plan de Sánchez orientado a la captura del poder judicial hace aguas. Ahora la ley Bolaños para controlar judicatura y fiscalía y el desafío a Europa de Conde Pumpido con la amnistía son sus últimos cartuchos. La respuesta: 11 de junio, huelga de jueces y fiscales.