No es buen síntoma que un presidente como Pedro Sánchez, asediado por casos de corrupción y cuestionado por las interpretaciones que hizo de la Constitución para sacar adelante la Ley de Amnistía, se proponga reformar el poder judicial. Menos después de que se hicieran públicas las maniobras sucias de una militante del PSOE para deslegitimar las investigaciones de la UCO que derivaron en la prisión de Santos Cerdán, y menos aún después de que el mismo Sánchez se hubiera declarado víctima de ‘lawfare’ y hablara de una supuesta guerra judicial en su contra. Esa ha sido la estrategia de Sánchez para escamotear responsabilidades y negarse a rendir cuentas, chocar con los jueces, dar a entender que la Justicia ha sido instrumentalizada por la derecha para acabar con un Gobierno progresista. Y no ha sido el único. Santos Cerdán dijo que lo perseguían por ser el arquitecto de los gobiernos progresistas, y David Sánchez afirmó que su único delito era ser hermano de un presidente progresista.

Después de alegar que a los juzgados están llegando los sectores más reaccionarios, enemigos del progresismo o incluso, como dicen en Podemos, «fachas con toga», es muy sospechoso que se quiera cambiar la forma de acceder a la carrera judicial y fiscal. Uno podría pensar que lo que está en juego no es mejorar la eficacia de la rama judicial o reforzar su independencia, sino modificar el perfil de sus miembros para que se ajusten al gusto del Gobierno. Lo de desechar el método objetivo de las oposiciones en beneficio del subjetivo de los méritos suena raro por eso mismo. Parece estar abriendo una pequeña grieta por donde se puede colar la injerencia del poder político.

Igualmente sospechosa era la reforma judicial que propuso AMLO, un político que tampoco aceptó que se fiscalizaran sus decisiones y que no tuvo ningún empacho en señalar a los jueces de ser un gremio reaccionario que no representaba al pueblo y solo defendía a los potentados. Al igual que Sánchez, AMLO estaba convencido de que el poder judicial era el refugio de los conservadores, y que para sacarlos de allí había que cambiar las reglas de acceso a la judicatura. Su propuesta fue mucho más radical. Se inventó la elección popular de jueces y magistrados, una dudosa fórmula que terminó siendo lo que parecía: una manera poco disimulada de poner en puestos clave a los afines y de acabar con la separación de poderes.

Los presidentes ya no aceptan ningún tipo de examen legal o de oposición política, y donde encuentran algún obstáculo siembran espejismos y enemistades radicales. Afirman ser víctimas de jueces fachas o de congresistas oligarcas, y así justifican su ofensiva reformista. En España, el proyecto de Sánchez también puede terminar siendo lo que parece: una manera de politizar la elección de los jueces con la vana pretensión de hacerlos progresistas. Algo tonto, porque los jueces pueden ser lo que quieran. Lo único importante es que sean los mejores, los más preparados y los más independientes.