La guinda del despropósito

Asombro, tristeza y decepción son algunas de las emociones que suscita la última intervención de Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Urkullu. ‘Zuzen bidean’, se llama el documento y contiene 20 medidas para «superar el recurso a lo excepcional y retornar a la normalidad penal y penitenciaria». Se dice en el documento que hay que evitar los atajos y restablecer el derecho para que los presos de ETA puedan retornar a la normalidad. Aunque no lo afirme explícitamente, se da por hecho que la situación de los presos es contrario al ordenamiento jurídico y propugna, además, diversos cambios del código penal para «ajustarse a derecho». Se reivindica concretamente la remoción de los artículos 576, 577 y 578 del Código Penal, y en concreto se argumenta para que la apología y justificación del terrorismo sea revocado ya que es precisa «la eliminación de límites interpretativos difusos en las garantías de protección que precisa el derecho fundamental a la libertad de expresión». Es decir, en el documento del señor Fernández se propone que la apología y la justificación del terrorismo dejen de ser delito y todo ello en aras de la paz y de la convivencia.

El lehendakari Urkullu se fijó en el inicio de la legislatura el triple objetivo de afianzar la paz, resolver el paro y aportar un nuevo status político. El nuevo status se halla hibernando en la comisión respectiva y el paro sigue tan campante y rampante, mientras que la paz es objeto de los experimentos y entelequias del señor Fernández. Nunca estuvo claro el porqué de que el lehendakari dejara en manos del exdirigente de Elkarri, Lokarri y Baketik una cuestión tan sensible como el de la paz y la convivencia. ¿Será porque el PNV carece de una estrategia propia para la paz? ¿O es porque, tal vez, a la construcción de la paz le conviene más la visión unilateral e interesada del nacionalismo? El hecho es que uno de los ejes políticos más sensibles de la actual legislatura está dirigido por alguien que pese a su evolución política todavía es rehén de su pasado abertzale y radical. No se entiende de otro modo la insistencia en poner bajo sospecha el Estado de derecho, que ha supuesto el término de la acción terrorista del nacionalismo vasco más radical.

El documento que he mencionado contempla 20 medidas que tratan de aportar soluciones a la situación actual de los presos de ETA. Algunas de las medidas me parecen adecuadas y otras son abordables en un marco de leal cooperación entre la política y la justicia. Otras, sin embargo, desbordan el marco de cualquier Estado de derecho homologable, como una democracia. Solo me fijaré en la presunta remoción del artículo 578 del Código Penal que literalmente dice que «El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años». Es decir, el artículo 578, establece como delito la apología del terrorismo. Un delito que el señor Fernández no lo considera tal. Según él, se trataría de una mera cuestión de matiz o punto de vista. Un problema de expresión, en suma.

Al argüir su demanda de despenalizar la apología del terrorismo, Fernández dice que se quiere evitar su posible colusión con la libertad de expresión. Es una pretensión, cuando menos, arriesgada y que no tiene parangón con los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno; en efecto, democracias tan consolidadas como la alemana, la francesa, la belga y la italiana contemplan en sus ordenamientos jurídicos el delito de la apología del terrorismo e incluso Alemania lo ha constitucionalizado. En toda la comunidad europea es un delito la exaltación del nazismo o la apología del Hitler ¿Por qué en Euskadi habría de ser distinto y la apología del terrorismo totalitario sería tan solo una cuestión de libertad de expresión?

Pienso que, en consonancia con la parcialidad y sensibilidad abertzale, demostrada hasta la fecha por la secretaría dirigida por el señor Fernández, la abolición de la apología del terrorismo como delito obedece a la intención de dar carta de ciudadanía al relato nacionalista de lo acontecido en los últimos 40 años. Según este relato el terrorismo de ETA no habría sido sino la respuesta legítima a otra violencia ejercida desde el Estado. Por la misma regla se daría legitimidad a la pluralidad de los relatos, en aras de la libertad de expresión, y se terminaría por cerrar bajo siete llaves la responsabilidad histórica y política de la izquierda abertzale, quien por cierto se dispone a ejercer una nueva triquiñuela nominalista, en la cuestión del suelo ético, tal como el señor Arraiz ha anunciado, al decir que están dispuestos a admitir alguna terminología no usual en ellos.

Da qué pensar el hecho de que el lehendakari Urkullu, cuya ejecutoria democrática esta fuera de toda duda, delegue una cuestión tan vital para la construcción de nuestro futuro como ciudadanos vascos en alguien que juega con semejante versatilidad con las palabras y con los hechos, que han jalonado la terrible historia que hemos vivido. Los artífices de la paz en quienes ha delegado semejante responsabilidad, adolecen de una parcialidad que no garantiza la veracidad de los hechos ni augura la reparación del daño causado. Si a las víctimas de ETA se les retira el paraguas del Código Penal, serán otra vez pasto de la injusticia más cruel y la sociedad vasca caerá un poco más bajo, todavía, en su autoestima ética. No se trata de rebajar suelos éticos, solo se trata de que la verdad luzca.