JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO 05/05/2013
· Combaten las reformas porque todo lo que necesita una reforma la izquierda lo considera como propio. Y tiene razón, pero en la peor parte de la historia.
El Gobierno ha exhibido un realismo descarnado al definir el escenario económico previsible que contempla un modesto crecimiento para el próximo año –ninguna concesión a expectativas en el último trimestre de este ejercicio– y una cifra de paro que le acompañará en los actuales niveles hasta el final de la legislatura. Y mientras tanto, es preciso mantener la tensión para reducir el déficit, con cierto respiro por parte de Bruselas, actuando limitadamente sobre el gasto y sin levantar la presión sobre la fiscalidad, que se ha convertido en el punto sensible y políticamente mas costoso de la estrategia económica gubernamental.
La interpretación más esperanzadora la hacía el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, explicando que el panorama se había pintado con los tintes más oscuros en la confianza de que esta hipótesis, que es la peor, no se va a cumplir. Para el Gobierno es preferible soportar ahora el jarro de agua fría y revisar a mejor las previsiones que alentar expectativas de dudoso cumplimiento que recuerden peligrosamente a los desacreditados brotes verdes que se creyeron ver en otro tiempo. La reforma financiera ha despegado y el sector exterior sigue tirando sin que se vea aparecer esa guerra de divisas que se temía; las políticas monetarias no convencionales tan de moda ahora inyectan dosis masivas de liquidez que busca buenos precios y rentabilidad donde se la ofrezcan; empresas y familias continúan el esfuerzo de desapalancamiento y se extiende un clima de opinión en Europa que presiona para modular los esfuerzos de austeridad, lo que ya parece que está siendo incorporado a la toma de decisiones de las instituciones europeas, aunque sin apartar al menos un ojo de la canciller Angela Merkel.
El Gobierno puede tener tres certezas. La primera es que la reducción del déficit es una exigencia ineludible y esencial para el futuro de la economía española y ha de ser, como dijo el ministro Montoro, la antesala de la recuperación. Sin duda este compromiso enfrenta al Gobierno con los arbitristas de izquierda que despliegan el pensamiento mágico de la economía progresista. Están convencidos de que el dinero se crea de la nada, una creencia que extrañamente comparte con la versión puramente especulativa del capitalismo. La segunda certeza es que la fiscalidad que soportan los ciudadanos que pagan sus impuestos está en el límite y, ante las críticas por la contradicción entre el incremento de impuestos y lo comprometido en el programa electoral, esta evidencia plantea al Gobierno la necesidad de establecer la frontera que separa lo que es un esfuerzo fiscal exigente pero coyuntural, como el que se pide en una situación extraordinaria y que, por ello, no compromete la identidad programática del Partido Popular, de la cronificación de una carga fiscal que el PP difícilmente podría reivindicar como propia de su cultura política.
Finalmente, la tercera certeza es la persistencia del paro como el diferencial de la crisis española, es decir, el paro como decantación de las carencias estructurales de la economía española, especialmente la extremada rigidez, hasta ahora del marco laboral, y el fracaso del sistema educativo y de formación hasta niveles que nos avergüenzan en cualquier comparación solvente con las economías con la que debemos medirnos.
Seguramente el Gobierno no necesita que le recuerden en qué terrenos tienen que librar su batalla económica y política. Sí sería correcto que la crítica a las políticas gubernamentales que puede hacerse por razones de fondo y forma, de ritmo e intensidad, no olvidara que en cada uno de estos ámbitos, se ha actuado con una verdadera pretensión reformadora. Es el caso de la reforma laboral de la que se puede decir sin rubor que ha aportado flexibilidad e instrumentos de adaptación a la crisis a empresas que de otro modo habrían desaparecido. Se puede decir de las medidas de consolidación fiscal, aunque tengan que profundizar en el carácter estructural de la reforma del sector público y la financiación de los servicios que presta y también de la reforma de la educación que, por paradójico que pueda parecer, se impugna agresivamente desde la defensa dogmática de un paradigma educativo que no ha perdido ninguna oportunidad de demostrar su fracaso.
Es muy revelador que después de conocerse las nuevas previsiones del Gobierno, la primera reacción del Partido Socialista a través de su secretario general fue la de precipitarse a proclamar la caducidad de la herencia de Zapatero, atribuyendo todos los males a Rajoy. No deberá ir tan deprisa. Las graves deficiencias estructurales en el marco laboral, en la organización del sector público y en la financiación de sus servicios, la banalización del gasto público, el fracaso sistémico de la educación y la formación profesional son algo peor que una herencia. Son, en buena medida, el resultado de modelos desarrollados en los veintiún años que desde 1982 ha gobernado el Partido Socialista. Modelos imbuidos por el dogmatismo ideológico de la izquierda, aplicados al margen de sus resultados, con desprecio a su rendimiento, sin preocuparse por su sostenibilidad económica. Combaten las reformas porque todo aquello que se necesita reformar la izquierda lo considera como propio. Y tienen razón pero en la peor parte de la historia, esa que con una actitud y una mente reaccionaria defiende como lo mejor y lo deseable un modelo educativo que lleva a casi un tercio de los jóvenes al abandono escolar y un modelo laboral que con un extraño sentido de la protección al trabajador nos enfrenta todos los días a un drama social en forma de desempleo masivo.
JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO 05/05/2013