FRANCISCO PASCUAL-El Mundo

No es menor la innovación que ha introducido Manuel Cruz en la conversación política. Cuando a quien iba a ocupar su puesto, Miquel Iceta, se le preguntaba por posibles salidas al embrollo independentista, él hablaba de indultos. Éstos suponen la intervención del Poder Ejecutivo para aliviar una condena de los tribunales si el reo hace gala de arrepentimiento y pide perdón. Ambos preceptos son necesarios porque ofrecen al Estado cierta garantía de que no volverá a delinquir y fomentan la ejemplaridad.

Nada de esto concurre en el caso de los acusados del procés. Sin embargo, Cruz ha dado un paso más que Iceta y ha puesto el foco en la sentencia y en los efectos que tendría su sentido absolutorio. Es cierto que no pide exactamente la exculpación de los procesados para «cambiar la situación en Cataluña», como se desprendía de la primera versión de su entrevista con El País, pero sí que ofrece una hipótesis (una y nada más) que podría conducir a este desenlace: «Habría un escenario que podría reconsiderar esto, y es que la sentencia fuera absolutoria».

Que el fallo del Tribunal Supremo va a tener un impacto notable en la política española es algo obvio. Deducir que el presidente del Senado no está presionando a los jueces cuando advierte de que la absolución es la forma que ve de que el conflicto se desenquiste sólo es una opinión.

Sin embargo, yo prefiero quedarme con el argumento de fondo. La hipótesis de Cruz es que la libre exculpación de los acusados relajaría el ambiente político en Cataluña y facilitaría la negociación. Es una cuestión contrafactual, por lo que es difícil hacer predicciones, pero los antecedentes de los últimos diez años nos indican que el independentismo ha respondido con un paso al frente siempre que la respuesta del Estado ha sido laxa, incluida la de los tribunales de Justicia.

Ahí está el precedente del referéndum que montó Artur Mas en 2014 y que se saldó con inocentes penas de inhabilitación. No parece que el soberanismo frenara su estrategia de tensión, sino que la apariencia de impunidad aceleró el proceso.

Por tanto, lo único que queda por comprobar es cómo le sienta al «problema de Cataluña» que se haya producido el primer cambio real en la relación del nacionalismo con el Estado en la última década. Y éste consiste en que los tribunales han puesto de verdad pie en pared. Es decir, lo que está por ver es qué tal se comportan los líderes separatistas una vez comprueben que sus actos acarrean responsabilidades tangibles, que la trasgresión deliberada de la Ley y la vulneración de los derechos de los no independentistas tiene un efecto real y no imaginario sobre sus vidas. Algo que no había sucedido anteriormente.

Claro que para ello tiene que haber una condena, algo que en ningún modo debe estar sujeto a la coyuntura política, sino a la calificación penal de los hechos que protagonizaron los procesados.

Frente a la hipótesis del presidente del Senado, yo transcribo la de Juan Claudio de Ramón: «Es la cultura política instalada en Cataluña la que genera de manera endógena y autónoma el independentismo, y que si esta cultura no cambia, lo seguirá haciendo con independencia de lo bien o mal, de lo dialogante o autoritario que se muestre el Gobierno de España». Manuel Cruz forma parte de esa cultura política. Y se nota.