Acorralado por la corrupción, sin mayoría parlamentaria para gobernar, responsable de un deterioro impresionante de los servicios públicos y desbordado por la situación de Ceuta, Sánchez ya tiene un relato y una justificación para llamar a los ciudadanos a las urnas. Su intervención parlamentaria y los mensajes de los últimos días corroboran su intención de disolver las Cámaras.

El rechazo en el Congreso de los dos decretos le sirve de pretexto para convertir las próximas elecciones en un plebiscito. Lo dejo meridianamente claro en el vídeo en el que afirmaba que los españoles tienen que elegir entre un partido como el PSOE, que representa el progreso y la justicia, y las fuerzas de la derecha, que defienden los intereses de los fondos buitre y sirven al gran capital.

Es la vieja versión de «yo o el caos», una frase que se atribuye a Charles de Gaulle cuando se presentó ante los franceses en 1958 como el único líder capaz de acabar con la guerra de Argelia y frenar la inestabilidad de la IV República. La diferencia es que De Gaulle no era responsable de la situación de Francia mientras que Sánchez sí lo es de la crisis política y social de este país.

Su única estrategia, y su esperanza de revalidar una mayoría parlamentaria, pasa por la división de los españoles y el incremento de la polarización. Y no hay que descartar que le funcione en el clima de emotividad que ha generado el problema de la vivienda, agudizado en los ocho años de Sánchez en el poder.

Lo que vimos ayer es lo que lleva sucediendo a lo largo de estos tres años de legislatura: Sánchez no asume ninguna responsabilidad por sus errores y su gestión. La culpa es siempre de la oposición. Que se hayan producido 270.000 desahucios mientras él gobierna, no le impide presentarse ahora como el campeón que va a proteger a las personas vulnerables. Nada importa que todas sus promesas de construir cientos de miles de viviendas sean hoy pura palabrería.