El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciará este miércoles en el Congreso de los Diputados el nombre del nuevo gobernador del Banco de España (BdE). El escogido será el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.
Escrivá no contará con el apoyo del PP, que tampoco propondrá un candidato a subgobernador. «Nosotros no estamos para cambiar cromos» han afirmado los populares, que se niegan a pactar con el PSOE ningún nombre que no garantice la independencia del BdE. Un requisito que Escrivá, evidentemente, no cumple.
El problema de Escrivá no es su currículo. El actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública cuenta con las credenciales necesarias para ocupar el cargo de gobernador. En circunstancias distintas, es decir, si no formara parte del actual gobierno, su nombre podría ser perfectamente asumible por el PP.
Pero Escrivá forma parte del actual gobierno y, como gobernador del BdE, deberá responsabilizarse de la supervisión del sistema bancario español y del resto de intermediarios financieros que operan en España.
También deberá asumir la promoción del buen funcionamiento y de la estabilidad del sistema financiero, así como la elaboración de los informes y los estudios que procedan sobre la economía española y las leyes económicas del gobierno.
Escrivá deberá asimismo supervisar la reforma de la ley de pensiones aprobada en el marco del Plan de Recuperación y la ley de Presupuestos Generales del Estado.
La incompatibilidad salta a la vista. Escrivá ha participado en ambos proyectos como actual miembro del Gobierno. ¿Qué objetividad puede esperarse de alguien que dará el salto desde el Ejecutivo al Banco de España sin solución de continuidad?
El nombramiento de Escrivá replica el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) en 2006 por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. Un nombramiento que Pedro Sánchez criticó en más de una ocasión por su inadecuación para el cargo y por su responsabilidad en la crisis de Bankia, entre otras negligencias.
Como gobernador del BdE, MAFO hizo caso omiso de las señales de alerta emitidas por la economía española y que culminaron en la crisis de 2008. También desoyó las advertencias de sus técnicos con el objetivo de proteger al presidente que le había nombrado. Suya es la principal responsabilidad por el derrumbe de las cajas de ahorro. MAFO también negó la existencia de la burbuja inmobiliaria, lo que arruinó a miles de españoles. El negacionismo de MAFO provocó enormes daños en la economía del país.
El desprestigio en el que cayó el BdE con MAFO sólo pudo ser reparado tras años de duro trabajo de Luis María Linde y Pablo Hernández de Cos, que le devolvieron a la entidad la independencia y el crédito del que siempre había disfrutado.
Hoy, Sánchez ha replicado el error que cometió Zapatero y culminado el asalto a una institución reguladora clave del sistema financiero y económico español. Escrivá cuenta con el beneficio de la duda, pero las sospechas pesarán sobre él desde el primer día. Si el BdE se convierte otra vez en un mero apéndice del Gobierno, como lo fue con MAFO, las víctimas seremos, de nuevo, todos los ciudadanos españoles.