Si se quema su casa, a la gente le da igual qué administración paga la nómina de los bomberos. Lo que le urge en ese momento son recursos humanos y técnicos para apagar el fuego, o al menos para intentarlo porque esta clase de incendios, llamados de sexta generación, son casi inextinguibles por su altísimo rigor térmico, similar en potencia al de una bomba atómica según los expertos. Un verdadero infierno. Por eso tiene poco sentido el empeño de los dos grandes partidos en achacarse mutuamente la falta de medios mientras la población contempla este juego siniestro con una mezcla de frustración, cólera y desafecto y vuelve a circular, como en la riada valenciana, el desmoralizado lema de que: «Sólo el pueblo salva al pueblo».

Esa respuesta oficial ineficiente, sectaria y además tardía está sembrando en España la semilla de la antipolítica, que si aún no ha estallado en una sacudida de descontento es porque no hay elecciones a la vista. El Gobierno y la oposición se han enzarzado en una cadena de reproches suicidas cuya consecuencia no va a ser el desgaste del adversario, como parecen creer las minervas que cobran por su asesoría, sino una demolición recíproca con muchas posibilidades de alumbrar una oleada de desahogo populista. No es buena idea andarse con peleítas cuando muchos ciudadanos ven en peligro su entorno natural, su patrimonio material y sus propias vidas. Ahora no importa el relato sino la eficiencia ejecutiva.

Desde la pandemia, el sanchismo aborda las catástrofes bajo la perspectiva de la elusión de responsabilidades. La ‘cogobernanza’, aquel invento semántico de Iván Redondo, esconde la voluntad de depositar en las autonomías todas las gestiones desagradables y reservar para el presidente los asuntos susceptibles de lucir buena imagen. El PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, hace bien en denunciar esa estrategia escapista pero no puede enredarse en el estéril debate de las facultades competenciales. Primero porque es difícil de entender para los legos en rutinas administrativas y luego porque los populares llevan mucho tiempo denunciando –con razón– la ineficacia de Sánchez y saben que la declaración de emergencia nacional dejaría la crisis en manos de un equipo inoperante.

Lo peor que podía ocurrir está ocurriendo, y es que cuando el monte español arde como una tea gigantesca la opinión pública discute sobre si la culpa es de la izquierda o de la derecha, con el peligroso resultado de que los afectados empiezan a optar por apañárselas por su cuenta. Esa desconfianza es letal para el Estado en su conjunto, es decir, para el entramado institucional encargado de garantizar la seguridad y la convivencia. O la clase dirigente deja de inmediato de pisarse literalmente la manguera y de pensar como si sus miembros tuvieran una urna en la cabeza o vamos directos a una inevitable quiebra del sistema.