La hoja en blanco

El PNV ha planteado a los demás partidos políticos vascos su idea de formar una ponencia parlamentaria para debatir el nuevo estatus de Euskadi en su relación con el Estado. Los medios de comunicación resaltaron que la primera ronda de contactos se saldó con éxito, aunque el PP vasco manifestara algunas dudas sobre su participación. Parece que el éxito del PNV en esa primera ronda se basó en su disposición a ir a la comisión parlamentaria con una hoja en blanco, es decir, sin prejuzgar nada, para no levantar sospechas ya desde el inicio. Y así lo hizo el jueves al presentar su propuesta en el Parlamento vasco.
Como estamos acostumbrados a que en la política vasca lo que se dice signifique lo uno y su contrario, y además no pocas veces fuera de la intención de quien lo diga, siempre es bueno analizar las palabras para intentar averiguar lo que puedan significar. Es cierto que los términos ‘hoja en blanco’ significan normalmente la voluntad de no condicionar el resultado ya desde el inicio y la voluntad de respetar lo que los demás partícipes en el diálogo puedan aportar. Pero la pregunta es la de si, a la hora de reflexionar y abordar una nueva relación de Euskadi con el Estado, se puede partir de una hoja en blanco. Porque lo cierto es que no partimos de cero, sino que partimos de una realidad autonómica nada desdeñable, partimos de la primera situación en la que, dejando de lado el corto período de la Guerra Civil en la que existió Euskadi como comunidad autónoma, Euskadi es un sujeto político común a los vascos. La primera vez en la historia. Un punto de partida más que respetable, muy importante y que nadie debiera estar interesado en poner en cuestión.
No pocos nacionalistas tienen la tentación de declarar la situación actual estatutaria como ya conseguida, inamovible, y pretenden que esta situación constituya un nuevo punto cero de partida para plantear cotas más altas de autogobierno, para así, peldaño a peldaño, llegar hasta la autonomía total y absoluta que sería la independencia: dando un largo rodeo, pero para llegar a la cima, como gustaba decir a Arzalluz. Algo de eso trasluce la negación del nacionalismo tradicional a legitimar la situación estatutaria actual, y no por problemas de incumplimiento como se suele alegar, sino, como lo decía recientemente Emilio Olabarría con motivo de la fiesta de la Constitución en estas páginas, porque los padres constituyentes desaprovecharon la ocasión para aceptar de verdad la plurinacionalidad de España, y con ello el hecho de que Euskadi es una nación.
Pero lo cierto es que es imposible partir de cero, partir de una hoja en blanco para constituir una comisión que reflexione sobre un nuevo estatus de relación entre Euskadi y España. Sería mucho mejor que se dijera sin ambages si lo que se quiere es reformar el Estatuto ateniéndose al artículo 46 del mismo, o si lo que se quiere es proponer al Congreso una reforma de la Constitución ateniéndose al artículo 166 de esta, con su remisión al artículo 87. Y sería mejor decir sin ambages si se pretende extender lo que se entiende por el sistema de Concierto Económico al ámbito de las relaciones políticas y jurídicas con el Estado, es decir acceder a una especie de pacto confederal, máxime si la lectura que se hace de la disposición adicional primera de la Constitución es una lectura de foralización atemporal y extralimitada de la Constitución en lugar de ser una lectura constitucional de los derechos históricos, única interpretación constitucional posible. Pero un pacto confederal no es posible sin romper la Constitución.
Pero además de la necesidad de claridad en todas estas cuestiones, claridad que va más allá y exige más concreciones que la simple proclamación de ir con una hoja en blanco, que nunca es verdad, existen otros puntos de partida a tener en cuenta en esa comisión. Si de renovar, reformar, repensar el Estatuto de Gernika y la relación con España se trata, y si el momento en que se va a proceder a ello es el momento en el que ETA no ha tenido más remedio que renunciar a la violencia terrorista gracias a la acción del Estado, el punto de partida de esa reflexión debiera ser la memoria debida a las víctimas de esa violencia terrorista, víctimas debidas al rechazo violento de ETA del Estatuto de Gernika, violencia terrorista debida a la negación del pluralismo estructural de la sociedad vasca, a la propia y estructural plurinacionalidad de Euskadi, violencia terrorista debida a la necesidad de eliminar todo lo que pudiera ser considerado por ETA como obstáculo para la imposición de su visión nacionalista radical del pueblo vasco, de un pueblo vasco basado en la comunidad de identidad y no en la comunidad de derechos de ciudadanía.
Si a algo debiera dedicarse esa ponencia del Parlamento vasco debiera ser a pensar y reflexionar cómo se debe recoger la memoria de las víctimas de ETA en la refundación de la comunidad política vasca. Aparte de institutos de la memoria, aparte de museos de la memoria, el verdadero lugar de la memoria colectiva es el documento que constituye la comunidad en la que se ha producido una historia de terror como comunidad política. Afirmar que Euskadi como comunidad política sólo se puede basar en los derechos de ciudadanía, en las libertades fundamentales, a las que pertenece la libertad de identidad, afirmar que Euskadi para ser políticamente debe serlo como superación de una historia de terror en la que se ha negado al distinto, al ciudadano, al Estatuto como compromiso y pacto interno, a la libertad de identidad, es decir: un nuevo Estatuto sustentado en la memoria de los asesinados en quienes ETA grabó a sangre y fuego la imposibilidad de su proyecto político.
Sólo si somos capaces de dar este paso tendremos derecho a exigir a las víctimas que den el paso al duelo privado que, por otra parte, tanto necesitan.