La hora de la verdad

También en la vida de las naciones puede llegar esa hora de la verdad en la que está en juego su permanencia en la Historia de los pueblos. Hace unos días, el presidente de la Generalitat (representante ordinario del Estado en Cataluña según el artículo 152-1 párrafo 1º de la Constitución Española) ha anunciado, con la teatralidad que gusta al nacionalismo, la celebración de un referéndum en aquel territorio del Estado español, de cuya ilegalidad e inconstitucionalidad no dudan ni los que lo patrocinan, al que ha puesto la fecha del primero de octubre de 2017, fijando la pregunta, que viene a consistir en pedir a los españoles censados en aquella Comunidad Autónoma que digan si quieren que España siga siendo España o no, porque a ello equivale que se pronuncien si desean que Cataluña sea un Estado independiente, con forma de República, y todo ello prescindiendo de la opinión de los otros 40 millones de españoles que, por lo visto, «no tenemos derecho a decidir». Y encima proclaman que ese proceder, totalitario y sedicioso, es el «democrático» y los autoritarios y opresores son quienes no les dejan saltarse las leyes y hasta cometer delitos impunemente. Si no fuera por la extrema gravedad del asunto, sería para escribir un sainete, como los del inolvidable Carlos Arniches.

Lo que no cabe es sorprenderse de este anuncio porque, desde hace muchos meses y hasta años, las autoridades autonómicas de Cataluña han venido preparando y ejecutando medidas dirigidas a este referéndum, contra las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, que han declarado siempre que no cumplirían. Otra cosa es que, como sucede cuando algún familiar o amigo dice que va a suicidarse, no nos lo hayamos querido creer, y yo el primero, confiando –ahora vemos que erróneamente– en que no se ejecutaría la locura y que no necesitaríamos asumir la responsabilidad de evitarlo de manera eficaz. Lo peor es que, en este caso, lo que está en peligro no es sólo Cataluña, sino España misma y ante ello hay obligaciones que impone el Ordenamiento Jurídico y que, adquiridas bajo juramento, no pueden dejarse de cumplir, aunque exigieran el empleo de instrumentos legales y medios, que nadie quisiera tener que utilizar, pero cuya omisión podría producir una gravísima responsabilidad, tanto para quienes debieran hacerlo, como para quienes deben de apoyarlo cuando se produzca, incluidos todos los españoles, que no podemos permanecer de meros espectadores de un «golpe de Estado lento» como lo calificó Alfonso Guerra; y es que en una democracia no puede haber nada ni nadie por encima de la ley, y cuando sobre ella se intenta poner la política, la historia, los derechos del pueblo o cualquier otro «invento», actuando al margen y contra la Constitución y el entero Ordenamiento Jurídico, que descaradamente se dice que se pretende destruir, no hay más remedio que acudir a lo que las propias leyes establecen y hacerlo con oportunidad, proporcionalidad, prudencia y hasta mesura, es cierto, pero haciéndolo, porque lo único que no se puede hacer es no hacer nada.

Por eso puede despertar preocupación la opinión, que parece estarse extendiendo, de que la declaración del anuncio del referéndum separatista en Cataluña, con fijación de fecha y contenido, hecha con toda solemnidad y publicidad, carece de eficacia jurídica alguna. Con el máximo respeto a quienes sostengan esa tesis, discrepo radicalmente, porque con esa base perderían validez los contratos verbales que, al establecer la libertad de formas, autoriza el artículo 1.278 de nuestro Código Civil, y la conspiración para delinquir (que por cierto es expresamente punible en los casos de rebelión y sedición según nuestro Código Penal) solo cabría ser perseguida cuando se manifestara por escrito, cosa que no suele suceder nunca. Pero, es más, ¿y si el referéndum llegara a celebrarse materialmente, sin que ninguna autoridad firmara una resolución y sin publicarlo en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña? ¿Significaría eso que el Estado estaba desarmado para impedirlo? Por el contrario, el anuncio en sí mismo, aunque sin más formalidades que la de la solemne publicidad desafiante, emplazando al Estado a atreverse a impedirlo, es ya algo que no puede dejarse pasar en un Estado de Derecho, porque en estos asuntos tan graves, como en la suprema suerte de la lidia, anticiparse no es bueno, pero llegar tarde puede conducir a la tragedia y, mucho me temo, que bien a nuestro pesar, en España está llegando «la hora de la verdad».