JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC – 17/08/14
· Ahora toca a los magistrados y fiscales superiores olvidarse de quien los ha nombrado y demostrar lo que verdaderamente son: el tercer poder del Estado.
La palabra de moda hoy en España tiene más de cien años encima: regeneracionismo. Los regeneracionistas, con Joaquín Costa a la cabeza, querían una España nueva, moderna, airosa, democrática, como dicen quererla todos los partidos y todos los españoles. O sea, que tanto no hemos avanzado.
La España de la Transición nos parece hoy vieja, como le parecía a Ortega la de la Restauración, pero si la regeneración que se nos ofrece es como la de entonces –leyes que no se cumplen, moral que no se practica, promesas que se olvidan–, estamos ante la eterna situación lampedusiana: cambiarlo todo para que no cambie nada. De ahí que, si me preguntasen qué habría que cambiar, lo restringiría a solo una cosa: la Justicia.
Mientras no se cambie el sistema judicial, España seguirá siendo la misma, la corrupción continuará floreciendo y la regeneración no llegará. La «muerte de Montesquieu» anunciada por Alfonso Guerra fue el tiro de gracia a un cambio en el que mudaban los actores pero no la trama: los vencedores de la Guerra Civil eran sustituidos por los hijos de ambos bandos, con los mismos privilegios e idénticas inmunidades, a través de un Consejo General del Poder Judicial y de una Fiscalía General del Estado designada por ellos. El propio Guerra lo confirmó dando el primer despacho de favores a su hermano. Desde entonces, los políticos españoles han podido hacer y deshacer a su antojo, con casos tan flagrantes y bochornosos como el de Banca Catalana, Bolinaga o Faisán, por citar solo unos cuantos.
Una de las pocas consecuencias positivas de la crisis es que, acabada la euforia de creernos ricos sin serlo y con la mayoría teniendo que apretarse el cinturón, las sinvergonzonerías de la clase dirigente ya no se toleran como antes, cuando quien más quien menos esperaba que un amigo suyo llegase a un puesto importante para solucionarle la vida a él y a sus hijos. Una práctica cada vez más arriesgada porque unos cuantos jueces de instrucción están actuando sin inhibirse y poniendo en la picota a personajes antes intocables.
Ahora toca a los magistrados y fiscales superiores olvidarse de quien los ha nombrado y demostrar lo que verdaderamente son: el tercer poder del Estado, la personificación del Derecho y la garantía de que todos los españoles somos iguales ante la Ley, sin que nadie esté por encima de ella.
Dependerá, por tanto, del Tribunal Supremo, del Constitucional (si procede) y de la Fiscalía General que esta regeneración que todos dicen desear y muchos temen sea auténtica o la enésima frustrada. Lo que, a la postre, significará si tendremos una verdadera democracia en España o solo una parodia de ella. Yo no me atrevería a apostar por una cosa ni otra, al contrario de doña Marta Ferrusola, que no le concede mayor importancia: «Uy, Jordi, tranquilo, que esto se olvida». Como la mayoría de las cosas importantes en España.
JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC – 17/08/14