MIENTRAS Pedro Sánchez se refugia en Estrasburgo y evita contestar a los periodistas sobre su última cesión al independentismo, la indignación desatada por la aceptación del relator y la creación de una mesa de partidos paralela al Parlament no deja de aumentar. Asumir el marco mental del separatismo no puede salir gratis. La oposición, liderada por PP y Ciudadanos, no hace sino cumplir con su obligación cuando alza la voz contra la humillación institucional que, en vísperas del juicio del 1-O y con el pedestre propósito de atraerse el respaldo a los Presupuestos, ha protagonizado este Gobierno. Por mucho que sus socios de censura o sus terminales mediáticas pretendan blanquear lo pactado mediante el consabido truco de hacer oposición a la oposición, la humillación existe y merece una reacción tanto en la calle como en las instituciones. Que el PNV culpe de crear un «clima nauseabundo» a los partidos que defienden la igualdad de los españoles frente a los privilegios de unos pocos es congruente con su tradición antiliberal.

En una democracia representativa la soberanía reside en el Parlamento y a él debe atenerse como único órgano legítimo para deliberar y legislar. Los diputados no son meros nombres en listas: son representantes del voto popular. Hurtarles su función mediante el arbitrio de una mesa de partidos alternativa –cocinada por la vicepresidenta con los separatistas a espaldas de la opinión pública– que diluya el peso proporcional de cada sigla decidido soberanamente por los ciudadanos en las urnas es una trampa obscena a la que solo recurren autócratas bananeros. Ese corsé al que hizo referencia Calvo –cuyo partido tiene 84 escaños– es el que sostiene a la propia democracia, y ningún Ejecutivo puede prescindir de él porque le estorbe para sus pactos de perpetuación en el poder. De igual modo, un relator solo tiene sentido entre dos partes que dirimen un conflicto necesitado de vigilancia exterior. Pero el conflicto catalán se reduce a que un Govern que solo reconoce a la mitad de Cataluña desea declarar extranjera a la otra mitad y al resto de los españoles. Aceptar un mediador en ese contexto es un insulto a la democracia constitucional y un guiño suicida a la propaganda separatista que vende el cuento del franquismo eterno. Por eso saldrá la gente a la calle este domingo: para defender sus derechos políticos. Para decirle a Sánchez que deje de insultar su inteligencia y que ponga las urnas de una vez.

Lo que difunda el Gobierno el lunes ya lo adivinamos. Descalificará la movilización como fruto de la estrategia crispadora de una oposición extremista. Es la irresponsable táctica de la polarización y el miedo: o Sánchez o los ultras. Pero ni Felipe González ni Emiliano García-Page ni Soraya Rodríguez ni Javier Lambán ni Alfonso Guerra ni aquellos otros que critican en privado la deriva sanchista militan que sepamos en la ultraderecha. Y exigen explicaciones.