MANUEL ALMENAR BELENGUER – ABC – 19/09/15
· «La impresión de politización, al menos respecto de las altas esferas de la Justicia, no solo persiste, sino que se agudiza. La idea es que se actúa al dictado o por intereses relacionados con la política»
Hace escasas fechas se publicó en estas páginas un artículo que recordaba una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia: la politización de la Justicia. La Constitución de 1978, con el propósito de garantizar los principios de separación de poderes e independencia judicial, decidió crear el Consejo General del Poder Judicial. El problema es tan antiguo como la necesidad de defender los derechos y libertades frente al Estado; en España, los intentos para instaurar un autogobierno judicial que velase por la independencia de los jueces se remontan ya a la I República. Se pretende evitar que, a través de los nombramientos, ascensos y régimen disciplinario, es decir, del premio y el castigo, se pueda elegir al juez, manipular la decisión de un asunto, o dar una imagen de connivencia que genere en la ciudadanía la sospecha de falta de independencia.
Esto es lo que sucede en España. Aquí, la Justicia tiene dos problemas fundamentales: su deficiente funcionamiento (causado por insuficiencia de jueces, incorrecto tratamiento de la litigiosidad y carencias estructurales y organizativas del sistema) y la apariencia de politización, casi tan grave como la politización real en tanto que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en la Justicia y conduce a buscar respuestas fuera del sistema.
No es mera retórica: en el cuadro de indicadores de la Justicia en la Unión Europea (marzo de 2015), España aparece, en lo que se refiere a la percepción que tienen los ciudadanos sobre independencia judicial, en el puesto 25, sobre un total de 28. La impresión de politización, al menos respecto de las altas esferas de la Justicia, no solo persiste, sino que se agudiza. La idea es que se actúa al dictado o por intereses relacionados con la política.
Las causas de esta percepción son varias: la primera, la elección de los miembros del CGPJ por las Cortes Generales, a propuesta de uno u otro partido político, en un reparto proporcional, lo que despierta lógicas dudas sobre su independencia real, cuando no la íntima convicción acerca de su actuación como meras correas de transmisión de los partidos. Dudas lamentablemente confirmadas al trasladarse al CGPJ las estrategias políticas propias del Parlamento, como la alineación en bloques.
Junto a esta causa hay otras: el modo de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional (igualmente a propuesta de cada partido y, por tanto, sometidos a la misma sospecha de connivencia). La judicialización de la política (con frecuencia se trasladan a la jurisdicción cuestiones esencialmente políticas, lo que provoca que los Tribunales resuelvan aplicando normas jurídicas a algo que se asienta en un principio de oportunidad, o aplicando criterios políticos extraños a la jurisdicción, lo que en cualquier caso contribuye a situar a la Justicia en un terreno que no es propio y en el que se espera una decisión «popular»). La intencionada confusión entre responsabilidad política y judicial.
El tratamiento mediático de determinados procesos penales ( juicios paralelos, uso abusivo de estos procesos para desprestigiar al adversario…). La asignación de etiquetas, conservador o progresista, que se hace de cada juez. La política de puertas giratorias (el ciudadano no entiende que el político de hoy sea su juez mañana). El dislate de la distribución competencial en Justicia (repartida entre el CGPJ, el MJ y las CC.AA.). La falta de explicación del porqué de ciertas resoluciones judiciales. O, simplemente, la evidente limitación de medios personales y materiales, que prolonga más allá de lo razonable determinados procesos, algunos relacionados con personas de relieve político.
Aun así, la causa más relacionada con la apariencia de politización está en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Es indudable que la vuelta al sistema original de elección por los propios jueces, con las reglas que se consideren adecuadas para garantizar la proporcionalidad y el pluralismo, contribuiría a reforzar la apariencia de independencia.
Para justificar la actual situación, suele decirse que la legitimidad democrática descansa en el Parlamento o que dejar la elección a los jueces abriría la puerta a intereses corporativos. Ambas afirmaciones son fácilmente desmontables: la primera, porque la legitimidad del Poder Judicial reside en las leyes, y la segunda, porque el órgano tiene unas funciones que van más allá y engarzan con el sistema de libertades y derechos.
En todo caso, la reciente historia evidencia la necesidad urgente de abordar esta cuestión. Si no confiamos en nuestros jueces, el paso siguiente es cuestionar e incumplir sus sentencias. ¿Les suena? En su día, por parte de los etarras y la izquierda abertzale; hoy, por ciertos nacionalismos de salón y populismos de opereta.
Sabemos el diagnóstico y tenemos las soluciones. Es el momento de apostar por el futuro de nuestro país, de exigir al poder político que orille sus cuitas y alcance un Pacto de Estado, con consenso y vocación de futuro. Solo así podremos lograr esa Justicia que los españoles se merecen.
MANUEL ALMENAR BELENGUER ES MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA – ABC – 19/09/15