ROGELIO ALONSO, EL CORREO 05/11/13
· Yerran quienes descalifican lógicas pretensiones de las víctimas del terrorismo solo por el hecho de que estas se muestren críticas con decisiones de ciertos partidos políticos.
Javier Gómez Segura, guardia civil y víctima de uno de los atentados perpetrados por Inés del Río, escribía en 2012: «Para el terrorista la deshumanización de la víctima es una condición necesaria para lograr sus objetivos de desestabilización social. Por esta razón, el propio apoyo que la sociedad ofrezca a sus víctimas es en sí una parte importante de la estrategia antiterrorista. Es necesario proteger a las víctimas de todas las fuentes de victimización secundaria y terciaria. La sociedad tiene la obligación de reparar y esta reparación empieza por acoger a la víctima, velar por sus necesidades y agradecer el sufrimiento, evitando su estigmatización o su utilización política». Advertía asimismo sobre la neutralización de las víctimas perseguida desde el entorno terrorista y otros sectores y, en consecuencia, acerca de la necesidad de contrarrestar esos intentos de desactivación. La propia ETA, consciente de la influencia que las víctimas del terrorismo han ejercido en la política antiterrorista en algunos periodos, ha exigido «desarmar el ámbito de las víctimas».
Todo ello explica la frustración de gran parte del colectivo de víctimas tras la sentencia de Estrasburgo y sus críticas a la inacción de un Gobierno que ha llegado a declararse «impotente». No es esta asunción de debilidad la mejor imagen frente a una ETA jubilosa por su triunfo ante el Estado. La posibilidad de que ese éxito se materializara obligaba a demostrar mayor voluntad de combatir el desafío planteado, pues es evidente que el Estado no ha utilizado todos los recursos legales y políticos a su alcance para defenderse. También lo es que el necesario respeto al dictamen no era incompatible con una respuesta que sin desprestigiar a la institución demostrara una convincente defensa de los intereses estatales. En cambio se ha renunciado a una intensa acción diplomática y comunicativa como la que sí se desplegó cuando se buscó activamente el aval internacional para la ilegalización de Batasuna y de otros eficaces instrumentos contra ETA. También es reveladora la renuncia a recusar al magistrado español sobre el que, evidentemente, surgen legítimas dudas acerca de su independencia e imparcialidad, criterio, entre otros, que el reglamento del tribunal contempla al justificar la recusación y la inhibición. Esa falta de determinación debilita la credibilidad del Gobierno y alimenta la desconfianza de muchas víctimas, pues no ha logrado impedir que hoy ETA pueda afirmar que dos de sus exigencias en las negociaciones con el Estado han sido satisfechas.
La experiencia contra el terrorismo demuestra que los gobiernos no deben ignorar la importancia humana y estratégica de las víctimas en la política antiterrorista. Por un lado constituyen un relevante agente de contención frente a las exigencias de ETA y su entorno aportando argumentos al Estado para rechazar las demandas terroristas. Son asimismo un imprescindible factor de prevención de la radicalización violenta y de legitimación de las instituciones democráticas que el terrorismo desea subvertir. Además, como recogía el programa electoral del PP, «han sido el espejo moral y cívico en el que la sociedad española se ha mirado para conocer la inhumana realidad de su sufrimiento y reaccionar contra la injusticia radical de la violencia». De ahí su valiosa contribución al contrarrestar la impunidad política, penal, moral e histórica que ha reforzado social y electoralmente a aquellos que legitiman el terrorismo.
Por ello es absolutamente legítimo que las víctimas quieran hacerse oír como también lo intentan otros grupos de interés en democracia. A veces quienes injustamente les niegan ese derecho se lo otorgan en cambio a otros grupos de interés que propugnan la impunidad de partidos políticos legitimadores del terrorismo. Las reivindicaciones de las víctimas, con independencia de que se compartan o rechacen, surgen de su indudable derecho a intentar influenciar la elaboración de políticas públicas mediante iniciativas democráticas como las que adoptan. Es precisamente la evidencia de que sus intereses han sido desatendidos, recibiendo incluso presiones de las elites políticas, la que justifica su unión con el fin de actuar sobre las instituciones. Las víctimas se asocian después de años de dolorosa soledad porque entienden que deben defender unos intereses comunes insuficientemente protegidos por la Administración. Deben refutarse las manipulaciones que desde algunos ámbitos distorsionan algunas de sus reclamaciones. Por ejemplo aquellas tergiversaciones con las que se intentan desprestigiar las reivindicaciones de justicia y verdad que las víctimas reclaman y que, sin embargo, son con frecuencia presentadas de forma negativa. No buscan venganza, sino la justicia necesaria desde el plano personal, pero también imprescindible para evitar la reproducción del terrorismo que puede producirse si éste queda impune.
Yerran quienes descalifican lógicas pretensiones de las víctimas del terrorismo solo por el hecho de que estas se muestren críticas con decisiones de ciertos partidos políticos. La imagen de las víctimas se verá dañada si son identificadas como acríticas con formaciones políticas y dispuestas a acomodar sus agendas a las de algunos partidos. Si las víctimas se sometieran a directrices partidistas, esa actitud tendría negativas consecuencias sobre la causa que promueven al afectar directamente a su independencia para intervenir en el terreno de la política. La autonomía de cualquier grupo de interés respecto de los poderes públicos es uno de los requisitos para la correcta articulación y organización de las asociaciones de intereses en sistemas democráticos. En esa independencia y en su coherencia radica parte de la fortaleza de las asociaciones de víctimas que algunos actores intentan desactivar.
ROGELIO ALONSO, EL CORREO 05/11/13