La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es la más grave de la democracia. Con anterioridad ya ha habido imputaciones penales de ministros, presidentes autonómicos, consejeros, e incluso de una Infanta y de un yerno del Rey. Pero jamás en este periodo de libertades que dura ya medio siglo un jefe del Ejecutivo, el ‘número dos’ de nuestro escalafón institucional, había quedado tan retratado penalmente como Rodríguez Zapatero. Y precisamente en un caso, el de Plus Ultra, desvelado en su día por Vozpópuli. La propia semántica utilizada en su auto por el magistrado José Luis Calama, un juez de independencia ideológica acreditada y con bien ganada fama de seriedad, es demoledora para el expresidente, para el actual Gobierno de Pedro Sánchez (no en vano Zapatero es el presidente en la sombra), y para la reputación del PSOE. Que un juez y toda una Fiscalía Anticorrupción vinculen a un jefe del Gobierno con una red de testaferros y paraísos fiscales para lucrarse, y que se le asocie con el diseño de una red de influencias con forma de organización criminal, es algo inédito.

Incluir en el auto expresiones como ‘off-shore’, opacidad, prevalimiento, planes ‘antirrastreo’ de dinero, ejercicio ilícito de influencias, apropiación indebida, sociedades instrumentales o documentación simulada no responde a la invención de ningún juez rencoroso, ni a un delirio vengativo o heredero del franquismo represor. Ni siquiera esas expresiones tan duras y gráficas responden a la sumisión de un juez a las órdenes de la derecha para acabar con el PSOE, como ha sugerido este partido. El PSOE llegó al poder en 2018 a lomos de una moción de censura basada en un discurso regenerador de la democracia y contra la corrupción. Ahora ese mismo partido ve cómo todo era mentira en Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Begoña Gómez, Leire Díez o David Sánchez, el hermano del presidente que en dos semanas se sentará en el banquillo también por corrupción. Todo era una farsa y las investigaciones penales puestas en marcha en los últimos dos años demuestran que en España no existe ningún ‘lawfare’ judicial, sino el descaro más absoluto del PSOE. O lo que es lo mismo, la indecencia del Gobierno sanchista en la gestión del dinero público y el ánimo de enriquecimiento. Incluso, con prostitutas en el escenario.