PODEMOS ancla sus raíces ideológicas en la crítica exacerbada al modelo de democracia liberal, y en un tipo de populismo cuya principal característica estriba en aglutinar a aquellos «sectores marginales» –en expresión de Ernesto Laclau, uno de los pensadores de cabecera de los fundadores de Podemos– situados fuera del sistema democrático. Esta es la razón de fondo que explica por qué Podemos se empeña en exhibir una obscena equidistancia entre víctimas y agresores. Ya sea con relación a la paliza asestada a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) o con la inexplicable defensa de Andrés Bódalo, un edil de la formación morada que lleva un año en prisión tras ser condenado por agredir a un concejal socialista durante una protesta jornalera en 2012.
Ayer, el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, recurrió a un espectáculo lamentable exhibiendo en el Congreso dos carteles –uno de Urdangarin y otro de Bódalo–para tratar de explicar la supuesta doble vara de medir de la Justicia en ambos casos. Pero tanto Cañamero como su partido omiten que el edil jienense no está entre rejas por capricho del Estado de Derecho ni de ningún partido, sino por pegar a otra persona. Es evidente que Podemos demuestra con estas posiciones que sigue siendo una formación política inmadura e incapaz de aceptar las más elementales normas que rigen en cualquier democracia consolidada. La equidistancia con la violencia es absolutamente incompatible para cualquier partido que aspire a ganarse el respeto de la ciudadanía. Pero, en el caso de Podemos, resulta especialmente vergonzoso y lacerante su empeño a la hora de alimentar la ambigüedad con las víctimas de ETA y su entorno, teniendo en cuenta el legado de sangre y terror tras 40 años de terrorismo.
El partido de Pablo Iglesias decidió ayer respaldar un manifiesto de apoyo a los nueve imputados por las agresiones a los guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Apadrinó este texto tras sumarse al apoyo de EH Bildu, PNV, ERC y PDCAT, y su portavoz adjunta, Ione Belarra, defendió que los imputados –tres de los cuales se encuentran todavía en prisión preventiva tras su paso por la Audiencia Nacional– son tan «víctimas» como las personas agredidas. Además, la formación morada cuestiona el auto de procesamiento en el que se les acusa de un delito de terrorismo por su conexión con un grupo radical abertzale que promueve la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Euskadi y Navarra.
Es cierto que, entre los diputados de Podemos que no firmaron este alegato, no figuran ni el juez Juan Pedro Yllanes ni Juan Antonio Delgado, ex portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Pero ambos representan dos excepciones en un grupo político que continúa siendo refractario a mostrarse taxativo con todo aquello que emana del entorno de ETA. Sorprende, por tanto, que Iglesias y el resto de la cúpula sigan irritándose cada vez que son acusados de titubeos en esta materia. Si pretenden que esto no ocurra, lo primero que deberían hacer es no calcar el viejo discurso de Batasuna, lo que equivale a mostrar una condena rotunda de la violencia y a arropar sin fisuras a las víctimas.
El manifiesto suscrito por Podemos, además de tratar de interferir en la acción de la Justicia, pivota sobre una infamia inaceptable. El brutal ataque perpetrado a un teniente y un sargento de la Guardia Civil y a sus parejas en la madrugada del 15 de octubre, en las inmediaciones del bar Koska de Alsasua, no fue una «pelea de bar», tal como cínica y torticeramente arguyen desde la formación morada. Fue, en realidad, una muestra del matonismo y la cobardía que durante décadas cebó el caldo de cultivo del terrorismo. Los agentes fueron primero increpados y, posteriormente, terminaron siendo apalizados en plena calle. En su auto, la juez que lleva el caso considera que estamos ante un delito de terrorismo, enmarcado en una estrategia para amendrentar a las fuerzas de seguridad.
No cabe justificación ni ambigüedad de ningún tipo ante un episodio execrable que puso de manifiesto la atmósfera de aceptación de la violencia que continúa presente en parte de la sociedad vasca y navarra. El amparo de Podemos a los presuntos responsables de esta agresión –al igual que ocurre con Bódalo– constituye un gravísimo error porque implica seguir confundiendo a las víctimas con sus verdugos. Y en democracia, cabe recordar, no tiene cabida ningún discurso que legitime la violencia, ya sea de forma explícita o subrepticia. Podemos debe corregir esta deriva.