Sin embargo, como ya hiciera en enero, Calparsoro ha aprovechado los micrófonos de Onda Vasca para cuestionar los términos de la sentencia de inhabilitación al ex terrorista y justificar que «hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu». En sus declaraciones, el fiscal vasco defendió que «en Derecho, aunque a veces nos genere inquietud, nada es blanco y negro. Admite márgenes de interpretación», poniendo en cuestión el criterio marcado por la Fiscalía de la Audiencia.
Como bien sabe Calparsoro, el Ministerio Fiscal se rige por los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación, por lo que defender públicamente un criterio diferente al de la Fiscalía General es incurrir en un acto de deslealtad institucional intolerable. Pero además, la Fiscalía Superior del País Vasco no tiene ninguna jurisdicción en el caso en cuestión. La Fiscalía competente para intervenir es la de la Audiencia Nacional, ya que la sentencia condenatoria fue dictada en esa instancia judicial y es la única con atribuciones para juzgar los delitos de terrorismo.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, debe desautorizar cuanto antes a Calparsoro y amonestarle por hacer comentarios públicos sobre actuaciones judiciales llevadas a cabo por otros miembros de la Fiscalía. Además, Madrigal debe eliminar todas las dudas posibles acerca del criterio del Ministerio Fiscal en un asunto tan sensible como éste. A la sociedad española ha de quedarle claro que la respuesta del Estado de Derecho ante la burla que pretende llevar adelante una persona de la talla moral de Otegi es firme e inamovible. Las declaraciones de Calparsoro crean una confusión infundada y dan argumentos a la izquierda abertzale y al propio Otegi cuando, en tono desafiante, resta legitimidad a la Justicia para obligarle a cumplir las sentencias firmes. Al anterior fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, no le tembló la mano para destituir al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, cuando defendió la búsqueda de alternativas jurídicas para poder realizar un referéndum sobre la independencia. Si bien en este caso no estaría justificada una destitución, Madrigal tiene que dejar claro a Calparsoro que debe abstenerse de seguir haciendo declaraciones sobre la inhabilitación de Otegi.
Aprovechando confusiones como la generada por Calparsoro, EH Bildu pretende ignorar la sentencia condenatoria e incluir a Otegi como candidato de la coalición abertzale por Guipúzcoa. Previsiblemente, si los abogados de Otegi o la Fiscalía recurren la resolución de la Junta Electoral, será el Constitucional el que antes del 9 de septiembre, fecha en la que comienza la campaña, tendrá que dictar si, como defiende la Fiscalía, el ex etarra es «inelegible» o si, aprovechando un resquicio legal, puede aspirar a ser lehendakari.