Pese a que la reforma de la financiación autonómica es uno de esos asuntos urgentes, debido a las distorsiones que arrastra el modelo vigente por haber quedado obsoleto, no parece que su abordaje vaya a ser posible en las circunstancias actuales. La experiencia nos indica que, para resolverla, lo primero que hay que asegurar es una disponibilidad de recursos que permita solventar las inequidades actuales de su reparto respetando el estatus quo vigente –o sea, que algunos ganen sin que nadie pierda–. Además, se requiere un consenso fuerte entre los partidos políticos dominantes –el PP y el PSOE– para perfilar el nuevo sistema, tanto por lo que concierne a las reglas de fijación de los dineros que ponen en él las Comunidades Autónomas y el Estado, como a las que regulan su reparto en función de las diferentes variables que delimitan las necesidades de cada una de las regiones –como pueden ser la población y sus características, la extensión territorial, la insularidad, el plurilingüismo o el número de sus entidades locales–. Y a todo esto se añade, tal vez porque nuestros partidos nacionales no han sabido superar la «conllevanza» de la que habló Ortega en 1932, la aquiescencia de los gobernantes catalanes.

Es precisamente este último factor de consentimiento el que, en los últimos días, ha hecho estallar cualquier posibilidad de renovar el sistema, dado que el acuerdo entre ERC y el PSE para hacer viable la investidura de Illa implica necesariamente su ruptura. Vaya a funcionar o no ese pacto, su mera formulación supone la supresión radical de cualquier posible consenso entre los dos grandes partidos nacionales. Pero es que, además, las cesiones fiscales al gobierno catalán que se han convenido, conducirán inevitablemente a una reducción de los recursos que estarán disponibles para la financiación de las demás Comunidades Autónomas no forales. Está claro que hay que echar números sobre esto porque no se han definido los detalles, pero si se satisficieran las aspiraciones nacionalistas plasmadas en sus papeles estaríamos hablando de una reducción de quinientos euros por habitante en los presupuestos regionales, lo que equivale al 11 por ciento de su volumen. Y eso son muchos maestros, médicos y residencias de ancianos.