La incomodidad de la democracia

El filósofo inglés Roger Scruton, en su gran obra ‘Usos del pesimismo. El peligro de la falsa esperanza’ (Ariel, 2010 p. 43), alerta frente a «los optimistas sin escrúpulos, cuya mirada cerril reconoce sólo obstáculos y nunca límites». Los contrapone a «las personas con escrúpulos, que atemperan la esperanza con una dosis de pesimismo», y «son aquellas que reconocen los límites y no sólo los obstáculos». Sobre estos últimos dice Scruton que «hay cosas que ellos no considerarán y cosas que ellos no pueden hacer, ya que esas cosas amenazan el marco exigido por la responsabilidad individual y por las normas consensuadas de la comunidad».

Esto de los límites es un asunto de alguna importancia porque la esencia de la democracia, de un orden de libertad, es precisamente el conjunto de límites que se establecen al poder. Esto hace que la democracia sea un sistema incómodo –felizmente incómodo–, de frenos y contrapesos, que busca de esta manera racionalizar el poder y exigirle legitimidad para ejercerlo. Quien no sabe identificar los límites y reconocer dónde están, quien cree que siempre hay caminos para rodearlos o atajos para cruzarlos, quien no los hace suyos en el ejercicio del poder, empieza a deslizarse por una pendiente peligrosa.

España suma en los últimos años anomalías políticas que tienen que ver con la forma en que hacen funcionar a las instituciones. La última de estas anomalías ha sido una moción de censura nada constructiva en la que el Partido Socialista, aupado por una coalición oportunista de nacionalistas y populistas, gobierna con 84 escaños propios. Más allá de ello, nada es seguro. Gobernar en un sistema parlamentario con menos de la mitad de los escaños que otorgan la mayoría no es algo frecuente, para qué nos vamos a engañar. Y el presidente Sánchez está metabolizando esa grave insuficiencia con un abundante despliegue de lo que unos llamarán audacia, pero que otros vemos más bien como una rutina de desprecio a los límites democráticos.

No se puede tener todo: un Gobierno monocolor de 84 escaños y una coalición de apoyo que reúne a todos los antisistema presentes en el Parlamento, y al mismo tiempo gobernar como si el PP no existiera, a pesar de ser primera fuerza de largo en el Congreso y en el Senado, y Ciudadanos –primera formación en Cataluña– no tuvieran nada que decir. La incomodidad creciente de Sánchez con los límites políticos y constitucionales empieza a ser demasiado evidente; y los remedios a los que el Ejecutivo recurre, preocupantes. Todos los gobiernos han usado decretos-leyes y seguramente de manera excesiva, pero siempre ese instrumento se ha utilizado en el contexto de mayorías parlamentarias bien definidas, no como instrumento legislativo excepcional empleado como remedio oportunista a la precariedad parlamentaria. Hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la incorporación de enmiendas ajenas a la materia del proyecto de ley al que se adherían, es verdad que otros gabinetes recurrieron a ese procedimiento. Sin embargo, nunca se usó este recurso para producir una alteración de las potestades dentro de un poder constitucional del Estado, como es ahora el caso de la enmienda nocturna a un proyecto para la formación de jueces en materia de violencia de género para despojar al Senado de su poder de veto al nuevo techo de gasto que el Gobierno quiere establecer. La razón es que el Senado lo controla un amplia mayoría del PP, una mayoría que el podemita Echenique calificó de «espuria», y una competencia en materia de techo de gasto que un portavoz socialista despachaba diciendo que era «anacrónica», sin aportar en ninguna de estas dos descalificaciones argumento alguno.