Edmundo Bal-ABC
«El nombramiento de la exministra de Justicia sitúa a un político del PSOE al frente de la institución, en un inaceptable intento de politización»
La noticia de que Pedro Sánchez se propone nombrar a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal General del Estado causa no solo estupor sino sonrojo, porque sin ningún pudor se nombra a una diputada electa por el PSOE al frente de una institución esencial del Estado como es la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal es un órgano con relevancia constitucional integrado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial, y atentar contra su independencia es atentar contra la del Poder Judicial. Según la Constitución y su estatuto, la institución debe guiarse en su actuación por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia técnica y absoluta despolitización. Tiene por misión, según el artículo 124 de nuestra Constitución, promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley. De ello se deduce la imposibilidad de que la Fiscalía pueda ser instrumentalizada al servicio de fines políticos, partidistas o sectarios: la Fiscalía General del Estado es la de todos los ciudadanos, no la del PSOE, no la de Sánchez, no la de ERC.
Así lo ha demostrado la Fiscalía en el juicio del «procés», donde ha sostenido su criterio técnico contra viento y marea y pese a los intentos de presión precisamente de la persona a la que ahora quieren nombrar Fiscal General del Estado. Y así debe ser en todos los casos, porque la Fiscalía es garante de los derechos fundamentales, de víctimas y de presuntos delincuentes.
El nombramiento de la exministra de Justicia sitúa a un político del PSOE al frente de la institución, en un inaceptable intento de politización. Pero los fiscales tienen instrumentos de protección de su independencia técnica frente a instrucciones o directrices que pudieran recibir de sus superiores: si creen que la orden es ilegal pueden someter su discrepancia ante el Consejo Fiscal –elegido por todos los fiscales– o ante la Junta de Fiscales. Finalmente, decide el jefe, pero arriesgándose a una querella por prevaricación, caso de ir contra lo decidido en el Consejo Fiscal o Junta de Fiscales.
Instrumentos de protección
Los fiscales-jefes, además, no pueden ser cesados arbitrariamente, y su mandato es por cinco años. Si se pretende en un asunto concreto sustituir a un fiscal por otro, existen instrumentos de protección. Resistirán, porque tienen instrumentos para ello. Pero ningún Estado de derecho debería exponer a sus fiscales al arbitrio de un jefe político puesto además a dedo por el Gobierno de turno. Por eso es el momento de afrontar una tarea pendiente desde hace años pero que se vuelve hoy más urgente que nunca, habida cuenta de las mencionadas presiones bajo el mandato de Delgado como titular de Justicia a instituciones como la Abogacía del Estado.
Hoy Ciudadanos ha registrado una proposición de ley para potenciar aún más estos órganos de la Fiscalía que protegen la independencia técnica de esos grandes profesionales, garantes del Estado de derecho. Con esta ley aprobada la señora Delgado no podría haber sido nombrada Fiscal General: establece que no puede serlo quien en los últimos diez años haya desempañado un cargo político. La reforma de Cs fue rechazada en febrero de 2018 por PP y PSOE. La «desjudicialización del conflicto» se va a convertir en la politización de la Justicia.