Los partidos de la oposición en Cataluña no están dispuestos a aceptar sin luchar lo que interpretan como un trágala del Govern para propiciar una «desconexión exprés» del resto de España. Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP se plantaron ayer ante el cambio unilateral del reglamento del Parlament que permitiría a Junts pel Sí aprobar, en un día y sin debate, la Ley de Transitoriedad Jurídica, considerada la clave de bóveda de la secesión.
Junts pel Sí ha registrado una propuesta de modificación que, si se aprueba, provocará que ya no sea necesario el acuerdo de todos los grupos de la Cámara para tramitar proposiciones de ley por la vía de urgencia. Su intención es evitar suspensiones e inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Constitucional. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene previsto firmar la convocatoria del referéndum de independencia el mismo día que se apruebe la Ley de Transitoriedad, que le daría amparo jurídico.
La oposición subrayó ayer que Junts pel Sí busca ese objetivo acortando todos los plazos legales de tramitación y aprovechando que para aprobar las nuevas reglas bastaría con el visto bueno de la Junta de Portavoces y del Pleno del Parlament. En ambos foros existe mayoría independentista.
La Mesa del Parlament, en la que Junts pel Sí también cuenta con mayoría, admitió ayer a trámite de forma «condicionada» la propuesta. La coalición del PDeCAT y ERC deberá presentar un escrito aclaratorio que incluya la creación de una ponencia conjunta, un precepto obligatorio en cualquier modificación que afecte a los pilares democráticos establecidos en el Estatut.
C’s, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP, que ya se juntaron para intentar –sin éxito– que Puigdemont diera explicaciones sobre el caso Vidal, se plantean pedir ahora a la Mesa que reconsidere la admisión a trámite de la reforma. La oposición cree que los cambios pueden vulnerar los derechos de los diputados.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, acusó a Junts pel Sí de querer hacer «un reglamento a medida para hacer lo que les dé la gana, para poder hacer trampas».
El secretario segundo de la Mesa, el socialista David Pérez, calificó de «atropello intolerable» la admisión a trámite de la propuesta y denunció la «utilización descarada de los procedimientos del Parlament».
Joan Coscubiela (CSQEP) también se quejó de la «burla a los ciudadanos» y el «atropello intolerable» que supone la modificación. Y el portavoz del PP en la Cámara, Alejandro Fernández, advirtió de que activarán mecanismos legales ante los «trileros» soberanistas si finalmente cambian el reglamento.
El argumento con el que Junts pel Sí defendió la reforma es que «iguala en derechos» al Parlament y al Govern, porque tras ella un grupo de la Cámara podrá pedir que una ley se tramite por lectura única y ahora esta prerrogativa corresponde a los proyectos de ley del Ejecutivo. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, también orilló que la intención es impedir el debate sobre la desconexión y desdeñó la reacción «airada» de partidos que impulsaron una «reforma exprés de la sacrosanta Constitución», en alusión a los cambios que introdujeron en su día PP y PSOE para fijar un techo de gasto público.