Después de la sonora ruptura entre las dos partes del Gobierno de coalición en la toma de consideración del pasado 7 de marzo, el PSOE ha enterrrado definitivamente la posibilidad de llegar a un pacto con sus socios para reformar la ley del sólo sí es sí.

Este periódico ha podido confirmar que los socialistas mantienen una negociación con el PP para garantizar que saldrá adelante su propuesta para corregir el sí es sí. Aunque el apoyo del principal partido de la oposición ya se daba por supuesto, después de que votara favorablemente a la tramitación de la proposición de ley socialista.

El PP ha puesto como condición que el PSOE acepte las enmiendas parciales técnicas que ha registrado. Algo a lo que en principio los socialistas no se oponen. Lo esperable es que la contrarreforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual siga su curso hasta finalizar su trámite parlamentario este jueves.

No por esperable esta suerte de pacto de Estado entre los dos grandes partidos resulta menos demoledor para Unidas Podemos. Porque el hecho de que la rectificación de su ley estrella vaya a salir adelante en los términos propuestos por Pilar Llop constituye la desautorización definitiva de Irene Montero por parte de Moncloa.

No en vano, el Ministerio de Justicia ha rechazado las enmiendas de Podemos que buscaban incluir la violencia y la intimidación como una agravante de las agresiones sexuales. El departamento de Llop argumentó convincentemente que el modelo de sus socios no sólo no corregía los vicios legales que están amparando que tres de cada diez revisiones de condena sean a la baja. También reincidía en el error de las penas desproporcionadas, bien por excesivas, bien por insuficientes.

De ahí que finalmente vaya a prevalecer el criterio socialista: incorporar un subtipo agravado cuando los delitos sexuales se cometan con violencia o intimidación.

Pero, ciertamente, este planteamiento supone el vaciamiento casi completo de la ley insignia de Irene Montero, por mucho que la parte socialista del Gobierno siga manteniendo retóricamente que es «una buena ley» y que su espíritu original no se toca.

Lo cierto es que el nuevo sí es sí volverá a diferenciar de facto el abuso sexual de la agresión sexual, aunque la nomenclatura permanezca igual.

Por eso es comprensible la indignación que la ministra de Igualdad mostró ayer en su cuenta de Twitter después de que trascendieran las conversaciones entre sus socios y los populares. Defendió que «las leyes feministas no se negocian con el PP». Y, por su parte, Pablo Echenique calificó de «incomprensible y gravísimo» que el PSOE esté negociando con «el partido que ha boicoteado históricamente todos los avances feministas» para «volver al Código Penal de la manada».

Lo que no se entiende, entonces, es que Irene Montero, Ione Belarra y el resto de artífices y acérrimas apologetas de la ley frustrada no hayan presentado su dimisión. Y no ya por su responsabilidad en el alumbramiento de un texto de calamitosa factura técnica. Un reconocimiento del dolor de las víctimas que claramente se resistirán a asumir, pese a las reiteradas exhortaciones a hacerlo de periódicos como este.

Su dimisión voluntaria debería ser la consecuencia lógica por coherencia. Al fin y al cabo, otros tantos ministros han dimitido por mucho menos, cuando la decisión colegiada del Gobierno o la imposición del presidente les impedía desarrollar sus proyectos legislativos personales.

Ya que esta clamorosa desautorización no ha suscitado el más mínimo arresto de congruencia entre la cuota morada del Gobierno, corresponde al presidente cesar a quienes se atrincheran anteponiendo su sectarismo ideológico al rigor técnico en la producción legislativa.

De lo contrario, no será creíble el perdón que Pedro Sánchez pidió ayer a las víctimas afectadas por «los efectos indeseados» de una ley que sólo se ha decidido a enmendar cuando el período electoral se le ha echado peligrosamente encima.

Por ello, es imposible no reprocharle al PSOE que haya dilatado tanto el proceso de negociaciones, cuando era evidente desde el principio que Podemos no iba a ceder en la vuelta al cuadro penológico anterior. Mientras tanto, y según el segundo balance del CGPJ de la aplicación del sí es sí, más de un centenar de delincuentes sexuales han sido excarcelados y más de mil han visto rebajadas sus penas bajo los auspicios de la ley Montero desde su entrada en vigor.