Es innegable que la sorpresiva imputación de Cristóbal Montoro proporciona un cierto alivio al PSOE en un momento en el que las informaciones sobre la corrupción de los colaboradores más allegados de Pedro Sánchez amenazaban con descalabrar sus perspectivas electorales.
Es lógico, por tanto, que el PSOE se esté desviviendo por explotar la investigación a Montoro por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental para tratar de reequilibrar el tablero.
Pero, más allá del estratégico interés partidista, un examen honesto obliga a reconocer las diferencias notables entre los dos casos en lo concerniente a sus implicaciones políticas.
Por lo pronto, queda fuera de toda duda que las actividades de Montoro merecen una severa censura en el plano ético, con independencia de si, además, el exministro de Hacienda cometió algún delito.
Y ello será así si se puede demostrar una conexión directa ente los pagos de 779.705 euros que percibió Equipo Económico entre 2011 y 2019 por parte de las gasistas (y, según sospecha el juez, de empresas de otros sectores, como el energético, la construcción o el juego) y cualquier acto político suyo como ministro de Hacienda que pudiera beneficiar a esas empresas.
Porque de momento el juez de Tarragona se ha limitado a señalar «la coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales a empresas del sector eléctrico y energías renovables con pagos realizados por tales empresas a Equipo Económico».
Además, las remuneraciones investigadas corresponden al período en el que Montoro ya había renunciado formalmente a su puesto como presidente, consejero y accionista del despacho que fundó.
Por lo que la atribución de delitos al exministro dependerá también de que se pueda demostrar, como sospecha la Guardia Civil, que Montoro vendiera las acciones que poseía en su consultora por debajo de su precio real, y que hubiese seguido como titular de facto del bufete a través de un entramado societario o un testaferro.
Está por ver, por tanto, si, como argumenta el juez Rubén Rus, el exministro jugó un «rol nuclear» en una presunta trama para reformar leyes en beneficio de empresas a cambio de ganancias para su despacho.
Pero lo que está fuera de discusión es que Montoro incurrió en un obsceno abuso de poder, al nombrar para su equipo en el Ministerio de Hacienda (hoy, casi todo él investigado) a personas vinculadas a su consultora, ignorando el palmario conflicto de interés que ello entrañaba.
Una desfachatez que no sólo se manifiesta en uno de los más aberrantes ejemplos de puertas giratorias. Sino también por el hecho de que, como queda reflejado en el auto que le imputa, el exministro recibió información detallada de contribuyentes como Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre y datos relativos a procedimientos judiciales e investigaciones fiscales.
Esta información la utilizaba para amedrentar a rivales políticos, llegando hasta el punto de torpedear, según ha revelado el ESPAÑOL, una posible vuelta de José María Aznar a la política. La Agencia Tributaria de Montoro le abrió una inspección al expresidente en 2014 y filtró sus datos fiscales.
En cualquier caso, de nada de lo anterior se desprende el más mínimo elemento que involucre a Alberto Núñez Feijóo. Y por eso resulta ridículo el empeño del PSOE por vincular a Montoro con el actual presidente del PP.
La última ha sido Enma López, que este domingo mentía al afirmar que Feijóo «tiene en su equipo al equipo del señor Montoro».
La portavoz socialista estaba aludiendo a Alberto Nadal, a quien Feijóo acaba de nombrar vicesecretario de Economía del PP, y que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2016 y 2018 en el Ministerio de Montoro.
Pero Nadal no ha sido imputado por el juez de instrucción junto al resto del equipo del exministro.
Ante la ausencia de todo nexo entre la actual directiva del PP y aquella, al PSOE sólo le queda invocar la imagen de Aznar y Rajoy en el último Congreso popular junto a Feijóo, para tratar de relacionar al presidente del PP con Montoro a través de la filiación con sus antecesores en el cargo.
Como si por ello Feijóo quedara salpicado por Rato, la «Kitchen fiscal» y la «corrupción sistémica» de la era Rajoy.
Pero lo cierto es que, hoy por hoy, Feijóo sí puede presumir de ser un político limpio, al no haber nombrado durante su dilatada carrera a ningún subalterno acusado de corrupción.
A lo sumo, la exigencia de responsabilidades a Feijóo por su «tibia respuesta» podría tener algún sentido si quien las pidiera fuera la portavoz de un íntegro PSOE post-sanchista. Y no la de quien ha nombrado a dos secretarios de Organización seguidos investigados, uno de ellos sostenido por el partido hasta anteayer.
Por eso, es evidente que el PSOE sólo trata de sembrar la confusión con la retórica del y tú más, que equivale a un yo menos.
Esta actitud revela una preocupante devaluación de los estándares de ejemplaridad pública, en la que los partidos ya compiten por empatar en corrupción y no por superarse en probidad.
Pero, sobre todo, al promover el relato de que todos son lo mismo, contribuye a instalar la perniciosa idea de la inevitabilidad de la corrupción. Y, por tanto, a la frivolización y a la normalización de la misma.