Miquel Escudero-Crónica Global
Este año se conmemorará el centenario de la Marcha sobre Roma que, con el beneplácito del rey Víctor Manuel III, supuso la entrada de Mussolini en el Gobierno de Italia. Contra lo que se tiende a creer, no entró enseguida con toda la caballería. El primer Gobierno que presidió tuvo pocas carteras ministeriales en manos de los fascistas. No estoy al caso, pero es fácil conjeturar que se hicieran con el control de Interior y de Educación, así como de los medios de comunicación oficiales, lo que en manos de un partido antisistema hiere fatídicamente a la democracia. El Partido Nacional Fascista había sido fundado apenas un año antes, pero el futuro duce ya había lanzado sobre la mesa su órdago: “Ora o mai più” (Ahora o nunca). La dictadura llegó en 1924, tras el asesinato de Giacomo Matteotti.
Juan J. Linz, brillante sociólogo español que se instaló en Estados Unidos, estudió a fondo la política de los sistemas democráticos y las amenazas autoritarias y totalitarias, las cuales siempre los acechan. En el libro La quiebra de las democracias, refiere que el atractivo popular del fascismo italiano se basó en la necesidad de afirmar la solidaridad nacional frente a un sistema ineficaz ante las divisiones y los conflictos sociales. Se llegó al punto de que las fuerzas democráticas fueron sesgadamente catalogadas como no nacionales y deslegitimadas.
Ciertamente, un régimen democrático debe acoger, de acuerdo con su definición, lo que se conoce como oposición desleal, una oposición que busca el derrumbe del sistema. Pero este debe poner límites, si no quiere perecer. Linz es muy claro en ello:
“Una autoridad que no está dispuesta o es incapaz de utilizar la fuerza cuando se ve amenazada por la fuerza pierde el derecho a exigir la obediencia incluso de aquellos no predispuestos a ponerla en duda”.
La inacción frente a la violencia política organizada, la falta de voluntad para doblegarla, produce un vacío de poder que lleva a la caída de la democracia. Linz llama la atención sobre las situaciones en que las autoridades y los jueces tratan con indulgencia actos políticos violentos, quizá porque sienten prevención hacia las víctimas o lo que se dice que representan. Además de inaceptable, este sectarismo es tremendamente corrosivo y dañino si se le consiente avanzar.
No importa que la impunidad y la tolerancia a la violencia con intención política sean aprobadas por amplios sectores sociales, un gobierno democrático no puede cruzarse de brazos, tiene que actuar, ser consciente de su responsabilidad y de lo que anda en juego. En 1957, el presidente Eisenhower (un general de origen alemán) ordenó llevar tropas federales a Little Rock (capital del Estado de Arkansas) para hacer cumplir la ley (tres años antes, la Corte Suprema había dictado el fin de las escuelas segregadas). El honorable gobernador de Arkansas había ordenado a la Guardia Nacional impedir el paso a una escuela pública a los nueve jóvenes negros (de entre 15 y 16 años) que se habían matriculado; una gran mayoría de la población era contraria a la integración escolar y rechazaba la fuerza vinculante de la Corte Suprema. ¿Se imaginan las presiones y tensiones que se vivieron en aquel tiempo?
Linz no aludía a este gravísimo asunto, ocurrido 30 años antes de su escrito de 1987, pero sí remarcaba el incremento del número de quienes niegan legitimidad al sistema y apoyan a las oposiciones desleales, o por lo menos defienden la colaboración con ellas, tratando de encontrar una solución. Las oposiciones desleales se presentan a ellas mismas como la solución y pretenden tener capacidad para resolver cualquier problema, estructural o no, pues todo lo saben y todo lo pueden. E incluso están dispuestas a obstruir toda medida que no les sea atribuible, las declararán insatisfactorias.
Asimismo, de forma automática (esto es clave), las oposiciones desleales acusan a las autoridades democráticas de antidemocráticas y de traicionar sus propios principios, y “siempre denunciarán, algunas veces con razón, ser víctimas de discriminación, de persecución e incluso de actos ilegales por parte de las autoridades”.
Por la cuenta que nos trae, no estaría mal tomar buena nota de todo esto, tan antiguo y tan actual, y obrar en consecuencia.