Como si caminara en sentido contrario al de la política, la economía española ha emitido varias señales positivas durante los últimos días.
Esos buenos datos, significativos aunque no relacionados entre sí, contrastan con la inestabilidad del escenario político y llevan a preguntarse hasta dónde podría llegar la economía española si la clase política remara a favor y no en contra de la estabilidad.
A la noticia de que en 2023 se superó por primera vez en la historia la cifra de 85 millones de turistas se suma la de los buenos datos del primer trimestre de 2024, que hacen pensar que el récord podría superarse este mismo año.
Además, la buena marcha de la Bolsa española, que subió más de un 10% en marzo y que se mantiene por encima de los 11.000 puntos, zona de máximos desde 2017, sugiere que la confianza en la fortaleza de la economía española no se ha visto afectada, al menos de forma significativa, por la inestabilidad política.
Es cierto que la economía española, fuertemente globalizada, depende en muy buena parte de la coyuntura internacional. También lo es que la posibilidad de que, como informó esta semana la FED, los tipos sigan elevados durante más tiempo del esperado ha inyectado confianza en los inversores.
Pero es innegable que la economía española, con mayor o menor dependencia de las inercias internacionales, está ajustándose positivamente a una coyuntura geopolítica que está muy lejos de ser la ideal.
Es debatible por tanto qué porcentaje concreto de esos buenos datos es atribuible a la acción del Gobierno. Pero no lo es que, en aquellos terrenos que han quedado fuera de la batalla que se libra en la arena política, el Ejecutivo ha trabajado con acierto.
Prueba de ello es el trabajo callado que ha realizado el Gobierno para garantizar la producción de coches en España y los esfuerzos para que nuestro país no se quede rezagado en la transición al coche eléctrico.
Fruto de ese esfuerzo es la noticia de que Ford asignará la fabricación de un vehículo de transición al eléctrico, probablemente un híbrido, a la factoría de Almussafes.
Los buenos datos no ocultan sin embargo los malos. El paro español, cuyas cifras oficiales siguen siendo fuertemente cuestionadas, continúa siendo el más elevado de la zona euro, a pesar del incremento artificioso del empleo público; las exportaciones bajan; la inversión extranjera tiende a caer; y el PIB español crece, pero por el aumento de la deuda y del gasto público, mientras la productividad y la renta per cápita se resienten.
Las palabras del consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, hace apenas una semana, cuando se mostró preocupado por la falta de estabilidad política y de seguridad jurídica en España, son en cierta manera el resumen perfecto de la situación.
Porque los resultados de 2023 de SEAT, con un beneficio después de impuestos de 548 millones de euros, el mejor resultado operativo de su historia, y la noticia de que la compañía prevé ensamblar en Martorell 519.800 vehículos en 2024, un 17% más que el año pasado, confirman que las debilidades de la economía española no son tan atribuibles al sector empresarial como al político.
Es por tanto labor de los dos principales partidos políticos españoles, pero sobre todo del Gobierno, garantizar las condiciones de estabilidad y de seguridad jurídica para que la economía española despliegue su enorme potencial, y para que el crecimiento del país no dependa, como lo hace ahora, del gasto desproporcionado del Estado.