Si es verdad que un país vale lo que valen sus instituciones, es probable que España se haya dejado algunos jirones con la inexplicable inacción del Instituto Nacional de Estadística. Inexplicable porque a estas alturas del repunte de la inflación, que comenzó hace diez meses (el IPC pasó del 0,0% de febrero al 1,3% de marzo), el INE todavía no ha tenido tiempo para revisar el erróneo sistema de cálculo de la evolución de la electricidad en la cesta de la compra. 

No es un asunto menor. Como ha revelado el servicio de estudios de CaixaBank, si el IPC se hubiera elaborado teniendo en cuenta la evolución de los precios del mercado libre y no solo los registrados en el mercado regulado (con un comportamiento muy distinto) el año 2021 se hubiera cerrado con una inflación acumulada del 4,7%, lejos del 6,5% oficial. O del 2,2% en promedio anual frente al 3,1% que calculó el INE. 

Y no es baladí porque la inacción ha tenido ya un indudable coste para el Estado (léase contribuyentes), a través de la revisión de las pensiones que anualmente hace la Seguridad Social, pero también para millones de españoles afectados por una revisión de rentas -por ejemplo, los alquileres- en aras de adecuar los precios a la evolución de la inflación. Ya es absurdo, por una incoherencia legal, que para calcular la revisión de los alquileres (en esto no tiene la culpa el INE) se tenga en cuenta el IPC interanual, mientras que para actualizar las pensiones se utilice la inflación media, pero resulta hasta negligente que sabiendo el INE que el IPC está mal calculado no haya hecho nada al respecto.

El propio INE ya adelantó a la agencia Efe que sus técnicos y los de la patronal eléctrica mantienen «conversaciones» para incluir en la cesta de la compra los precios de este tipo de contratos y no únicamente los de tarifa regulada, como ocurría hasta ahora, pero todo es demasiado lento con unas consecuencias nefastas para la economía. 

Argumenta en su última nota de prensa que este cambio metodológico ha tenido que ser “aplazado” hasta obtener la información que han de suministrar al INE las compañías eléctricas “con un suficiente nivel de detalle y con los criterios técnicos necesarios que permitan aplicar una metodología consistente con los requerimientos exigidos en el cálculo del IPC”. No parece razón suficiente cuando ya han pasado varios meses desde que este periódico publicó que el INE lleva calculando de forma errónea el impacto del precio de la luz en la evolución de los precios.

Una cuestión de credibilidad

Esto lo saben mejor que nadie, por supuesto, los técnicos del INE y su presidente, Juan Manuel Rodríguez Póo, un alto funcionario que tampoco ha dado explicaciones públicas sobre la medición de la Contabilidad Nacional y su aparente inconsistencia con los datos de empleo, asunto que ha provocado un encendido debate entre los especialistas. Ni siquiera una comparecencia parlamentaria para aclarar muchas de las críticas que se han formulado en los últimos meses, lo que hubiera dotado de mayor credibilidad a la estadística española. 

Si el INE mide los precios solo cuando se comportan de forma estable, estamos ante un ejercicio de estadística-ficción 

La posición del INE llega al delirio cuando aclara en su nota de prensa que “la situación errática del mercado en este momento no favorece la introducción de ningún cambio metodológico que podría desvirtuar el análisis de la evolución de los precios a lo largo del año 2022 y siguientes”. Es decir, más allá de cuestiones técnicas, que sin duda pueden resolverse, es lo mismo que renunciar a la excelencia estadística. Si el INE mide los precios solo cuando se comportan de forma estable -y no cuando lo hacen de forma “errática”- estamos ante un ejercicio de estadística-ficción, ya que no se refleja la verdadera evolución de la cesta de la compra.

Tampoco este asunto es irrelevante en una economía fuertemente indexada, como es la española, donde los precios públicos y privados toman como referencia la evolución del IPC. El anterior Gobierno, incluso, aprobó una ley de desindexación de la economía por la fuerte influencia que tienen los precios sobre el desempeño de la actividad económica.

En descargo de Estadística hay que reconocer que la falta de medios con los que cuenta el INE viene de lejos. Los últimos gobiernos -tanto del PSOE como del PP- han masacrado a la plantilla del INE, que no ha dejado de disminuir en los últimos años. Es más, ni siquiera creció durante los años de recuperación económica. En 2009, la plantilla del INE ascendía a 4.292 personas, pero en 2020, casi una década después, el número ha bajado hasta 3.120. Es decir, un descenso del 29%, lo que da idea del ajuste. La edad media de toda la plantilla se sitúa en 54 años, lo que significa 10 años más que el promedio del conjunto de la población.

No es una buena noticia teniendo en cuenta la importancia de las estadísticas. No solo para conocer mejor la realidad socioeconómica del país, sino también porque a partir de una buena información estadística se pueden adoptar buenas decisiones de economía política o actuar de forma rigurosa sobre asuntos que interesan a millones de españoles en todos las órdenes de la vida. 

Al final y al cabo, Estadística maneja millones y millones de datos que son la mejor herramienta para sacar todo tipo de conclusiones ciertas y verídicas gracias al extraordinario trabajo que históricamente han realizado los facultativos del INE. Si el INE no es capaz de medir bien el IPC, lo mejor que puede hacer su presidente es dar un paso atrás para que venga otro. Es una cuestión de honestidad intelectual.