Guadalupe Sánchez-Vozpópuli

Cuando las decisiones de los gobernantes dejan de estar sometidas al imperio de la ley, se quiebra el principio de legalidad y muere la democracia  

Me preocupa que haya una parte del Gobierno, no precisamente marginal, que aprovechando la anormalidad democrática impuesta para luchar contra la pandemia del coronavirus, intente implantar un cambio de modelo económico y político. Es evidente que se está generando un caldo de cultivo para que la ciudadanía asuma esa transición sin más. Para que desde el actual Estado de Derecho evolucionemos hacia un sistema de Derechos del Estado. Porque cuando las decisiones de los gobernantes dejan de estar sometidas al imperio de la ley, se quiebra el principio de legalidad y muere la democracia liberal.

Este virus totalitario actúa de manera similar a como lo hace la Covid-19 en el cuerpo humano: buena parte de los infectados piensan que son asintomáticos. Cuando se manifiestan algunos de los síntomas, les restan importancia asumiendo que se trata de una infección inofensiva. No es hasta que el virus ha atacado los pulmones que muchos adquieren conciencia de lo peligroso de la enfermedad.

Pues el equivalente de los pulmones en nuestro sistema democrático sería el Poder Judicial. El virus totalitario ya ha dado muestras más que sobradas de que ha iniciado la ofensiva contra él, de que pretende infectarlo, colonizarlo y necrosarlo. El pretexto ha sido esta vez la sentencia que condena a una Diputada de Podemos, Isabel Serra, por un delito de atentando contra la autoridad y lesiones.

Mientras que algunos jamás renunciaríamos a nuestras libertades a cambio de una paguita, otros están dispuestos a imponernos a los demás la renuncia para conseguir la suya

Y al igual que sucede con los que equiparaban al coronavirus con una simple gripe, muchos insisten en que debemos relativizar y contemporizar. Que debemos confiar en el presidente del Gobierno o en el ministro del Interior cuando afirman que estos ataques al Poder Judicial por parte de su vicepresidente y ministros son cosillas propias de la libertad de expresión.

A mí me queda la duda de si quienes muestran esta confianza ciega lo hacen por ser biempensantes en exceso o porque buscan ser colaboradores necesarios de esta transición en la que nos quieren embarcar. Porque Roma no paga a traidores, pero gusta de llenar los bolsillos a sus aduladores. Y mientras que algunos jamás renunciaríamos a nuestras libertades a cambio de una paguita, otros están dispuestos a imponernos a los demás la renuncia para conseguir la suya. Es algo intrínseco a la naturaleza humana.

De todas formas, para interpretar las declaraciones e intenciones de una persona, yo suelo ser de las que recurre a sus actos pasados. Eso a lo que ahora llaman sesgo retrospectivo pero que de toda la vida del Señor hemos tildado de echar mano de la memoria. Y claro, cuando intento contextualizar las declaraciones de Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz, todos miembros de Podemos, lo primero que me viene a la cabeza es su programa electoral del año 2016.

Apenas han pasado cuatro años desde que la formación morada exigiese en su programa que algunos puestos clave del entramado judicial, como el fiscal general del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran designados, además de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, por su “compromiso con el programa del Gobierno” ¿Entienden ahora las declaraciones de Iglesias sugiriendo que Lesmes, el presidente del CGPJ, es un “operador político de la derecha”? ¿Y aquéllas en las que Podemos tildó de ilegítimo el comunicado del CGPJ en el que exigía el respeto por parte del Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial?

‘Instituciones del Gobierno’

El problema de hacer caso a Pedro Sánchez o a Marlaska y considerarlo una minucia que debe enmarcarse en la libertad de expresión del vicepresidente, es que no casa con el eslogan gubernamental de ser beligerantes con aquellos discursos que generen desafección con las instituciones del Estado. A no ser, claro está, que la expresión “instituciones del Gobierno” empleada originalmente en el email interno de la Guardia Civil no obedeciese a un gazapo, sino a la cruda realidad: que se pretenda que identifiquemos el Estado y sus instituciones con el actual Gobierno de España. Es cuanto menos curioso que existan grietas en el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria pero que en los de las consignas contra el Poder Judicial estén todos a una.

Yo estoy convencida de que nada es casualidad, de que los síntomas que muestra nuestra democracia no son los de un simple resfriado o una gripe. Estamos infectados de un virus totalitario que ataca al Poder Judicial, sabedor de que en él radica en sistema inmunológico garante de nuestras libertades.

Y en el origen de la infección se encuentra el afán de Pedro Sánchez por el poder. Porque para aferrarse al mismo a toda costa, Su Persona nos sirvió a los españoles, como primer plato del menú, ese animal político exótico que juró que él jamás probaría: Podemos.