El Gobierno ha dado dos nuevos pasos en su cruzada populista contra el libre mercado.
El veto a la gestión privada de hospitales públicos y el topado de precios de alimentos y transporte en situaciones de emergencia no son episodios aislados, sino la culminación de una deriva: Pedro Sánchez está construyendo, pieza a pieza, un Estado radicalmente intervencionista que asfixia la iniciativa privada y condena a España a la parálisis económica.
La ofensiva contra la llamada «sanidad de las garras especuladoras» revela la lógica que subyace en el plan de Sánchez.
Porque el Ejecutivo no corrige abusos concretos ni mejora la competencia. Deslegitima de raíz que empresas privadas gestionen hospitales públicos, aunque lo hagan bajo contratos transparentes, con objetivos definidos y evaluables.
Se fulmina así el modelo de concesiones, se blinda la gestión pública directa como dogma y se envía un mensaje inequívoco a los inversores. En España, entrar en sectores estratégicos es penetrar en un campo minado político.
El resultado será previsible. Menos competencia por gestionar mejor, menos incentivos a innovar en servicios, menos capacidad para movilizar capital privado allí donde el sector público no llega.
Se mantiene así lo peor del statu quo (listas de espera, rigideces laborales, burocracia) y se renuncia a explorar alternativas. Al ciudadano se le promete «más servicio público», pero recibirá lo de siempre: más gasto y cada vez peores servicios.
La nueva ley que permite fijar precios máximos de alimentos y transporte en emergencias, que podría resultar como mínimo debatible en situaciones excepcionales y acotadas en el tiempo, va en la misma dirección.
Porque bajo la coartada moral de evitar abusos, el Gobierno se arroga el poder de decidir cuánto puede cobrar una empresa en un contexto excepcional.
El problema no es sólo técnico (los controles de precios generan desabastecimientos y distorsiones que la teoría económica conoce bien), sino institucional. Se normaliza que el poder político vigile y condicione la formación de precios siempre que encuentre una «causa justa» para hacerlo.
Pero el Ejecutivo ya ha demostrado que el intervencionismo no se limita a la sanidad o a las crisis puntuales.
Ha topado alquileres en «zonas tensionadas», ha limitado subidas anuales y ha construido un laberinto de restricciones sobre contratos de temporada, alquiler por habitaciones y viviendas turísticas.
Se ha reservado un papel creciente en el capital y los consejos de empresas estratégicas (Indra, Telefónica) a través de la SEPI.
Ha multiplicado el número de empleados públicos y ha encarecido la actividad de autónomos y empresas con subidas de cotizaciones e impuestos extraordinarios a banca y energéticas.
En paralelo, el Gobierno desconfía de la educación privada en todas sus formas. Estrangula la creación de universidades privadas con requisitos casi disuasorios, anuncia normas para «frenar chiringuitos» en la FP y refuerza el control sobre la oferta académica.
Incluso en la esfera más íntima (el consumo de pornografía online) aspira a diseñar herramientas de verificación que, más allá de la protección de menores, abren la puerta a una vigilancia inédita de la vida digital de los ciudadanos.
Todo este mosaico compone un plan de país. Un modelo en el que el Estado no es árbitro neutral, sino jugador principal, generalmente en detrimento y en competencia directa con el sector privado, el único verdaderamente productivo.
Un modelo en el que los precios, los contratos, la propiedad y las decisiones empresariales quedan sometidos a una tutela política cada vez más intensa.
Es la traducción contemporánea de viejas tesis socialistas que la realidad ha refutado una y otra vez: la desconfianza hacia el beneficio, el prejuicio contra el empresario, la ilusión de que se puede decretar la prosperidad desde un BOE hiperactivo.
Las consecuencias para una economía moderna son claras. La incertidumbre regulatoria retrae inversiones a largo plazo.
El control de precios desincentiva la oferta allí donde más se necesita.
La demonización del lucro ahuyenta talento y capital hacia países donde emprender no es un deporte de riesgo político.
El aumento continuado del peso del sector público (en empleo, gasto, presencia en empresas) reduce el espacio para que florezca un tejido productivo ágil, diverso y competitivo.
España no se paralizará de un día para otro, pero corre el riesgo de deslizarse hacia una asfixia lenta. Menos crecimiento potencial, menor productividad, innovación condicionada por la política, empresas que se especializan en buscar favores regulatorios en lugar de competir.
El intervencionismo de Sánchez no nos protege de los desafíos del siglo XXI. Nos encadena a un esquema mental caduco del siglo XX, incompatible con un país que aspira a ser dinámico, abierto y próspero.
Defender hoy una economía libre no es una extravagancia ideológica, es una necesidad práctica. España necesita más competencia, más seguridad jurídica, más respeto al ahorro y al riesgo, no más decretos que sospechan de todo lo que no controla el Gobierno.
Cada hospital vetado al sector privado, cada precio topado, cada empresa «estratégica» colonizada por el Estado es un paso más hacia un modelo que la historia ha demostrado fracasado: el del socialismo.
Y cuanto más tarde se corrija, más costoso será recuperar el pulso económico que un país como el nuestro merece.