Ayer se fueron a Málaga, donde sólo por casualidad hay una campaña electoral recién abierta, a protestar contra los precios de la vivienda, quejarse de los bajos sueldos –en esto bien llevan razón– y gritar «no a la guerra», problemas que como todo el mundo sabe son culpa exclusiva de la derecha. A los que llevan ocho años en el poder no consideran necesario pedirles cuentas de que España lidere los rankings de paro total, juvenil y femenino en la Unión Europea, y que supere a Bulgaria y Rumania en riesgo de pobreza infantil, aspecto en el que también estamos en cabeza. Tampoco se pronunciaron sobre la inmigración, la mayor y más potente novedad laboral del país en la época moderna, ni sobre la sofocante presión fiscal que, unida a la inflación, empobrece a las antiguas clases medias y condena a la inviabilidad o la quiebra a miles de autónomos y pequeñas empresas. Hubiera sido una descortesía ante la presencia en la concentración de la candidata socialista y exministra de Hacienda.

Si entre estos profesionalizados activistas quedase una mínima capacidad de autocrítica tal vez alcanzaran a preguntarse por qué cada vez hay menos gente en sus movilizaciones anuales. Por qué esa sufrida clientela, que en efecto padece la subida inmobiliaria o la carestía de la carne, los huevos y los tomates, prefiere irse a la cercana playa de la Malagueta en vez manifestarse como se supone que mandan los cánones de su conciencia de clase. Mejor huir de ciertos antipáticos interrogantes, no vaya a ser que descubran la posibilidad de que su burbuja de privilegios los haya desconectado de la calle, donde escándalos de corrupción aparte se les ve como una casta enchufada con cables de alto voltaje. En concreto, su financiación oficial ha pasado de 8,9 a 32 millones –un 260 por ciento– durante los mandatos de Sánchez. El salario mínimo, el de mayor avance, ha crecido en ese tiempo un 66 por ciento, y el medio un 28: no hacen falta más detalles para saber quiénes viven por encima y por debajo de sus posibilidades.