Según las estimaciones de voto del Observatorio Electoral de El Confidencial publicadas esta semana, el fraccionamiento del Congreso de los Diputados va en aumento y, si ello se confirma en las próximas elecciones, la gobernabilidad se hará cada vez más difícil, más todavía de lo que es ahora, en esta legislatura. 

Una creencia muy extendida es que la función de las cámaras en una forma de gobierno parlamentaria es representar a los ciudadanos. En parte es así. Pero no hay que olvidar su otra función, tan importante como esta. Las cámaras, en nuestro caso el Congreso de los Diputados, tienen como objetivo formar gobiernos sólidos y estables, es decir, capaces de gobernar con eficacia. Las elecciones, pues, deben hacer posible la gobernabilidad. 

Esta gobernabilidad no se logra únicamente con mayorías absolutas de un partido sino también con acuerdos parlamentarios entre varios partidos siempre que se hayan puesto previamente de acuerdo en un programa de gobierno, lo más detallado posible, que siempre cabe se pueda ver alterado por circunstancias no previsibles en el momento de firmarlo. El caso del covid-19 ha sido paradigmático de este supuesto en la presente legislatura, comunidades autónomas e, incluso, las relaciones internacionales.

Por tanto, en cualquier caso, el programa de gobierno es una hipótesis de partida que puede verse modificada justificadamente si cambian las circunstancias. Por ello, entre el gobierno y los partidos que lo apoyan en el parlamento por estar de acuerdo con el programa de gobierno, debe haber, además, unas relaciones de mutua confianza y ello solo es posible si sus ideologías y finalidades no son muy distantes, es decir, si hay una homogeneidad sustancial entre el partido o los partidos que forman el gobierno y los socios parlamentarios que lo apoyan con sus votos. 

El actual gobierno español plantea otro caso paradigmático de lo que decimos: sus dificultades en estos casi dos años de existencia, pandemia aparte, son debidas a que el bloque que lo sostiene no es en absoluto homogéneo. El PSOE, un partido socialdemócrata, está coaligado con un partido populista como Podemos y sus socios parlamentarios son partidos nacionalistas, la mayoría de ellos partidarios, a la corta o a la larga, de la independencia de sus respectivos territorios o de cambiar su posición dentro de la estructura del Estado. 

En una prueba decisiva de la vida parlamentaria, como es el caso de la aprobación de los Presupuestos Generales, necesita el voto de partidos muy distantes de sus ideas tradicionales y, por ejemplo, en estos momentos, no puede el gobierno Sánchez tomar las decisiones necesarias para que la legislación en materia lingüística se cumpla por parte del gobierno de la Generalitat, ya que este gobierno autonómico ha decidido desobedecer las leyes y sentencias en esta materia. 

Las elecciones tienen como finalidad representar a los ciudadanos en un Parlamento y formar un gobierno estable y eficaz 

Es incomprensible que ello suceda en un Estado de derecho pero así es. La víctima no es solo la familia de un niño de cinco años, lo cual es lamentable y patético, sino que es un aviso para que tantos otros padres, si se atreven a exigir que la ley se cumpla, deben saber que sus hijos y ellos mismos se exponen a ser vapuleados por bandas de fanáticos nacionalistas amparados por las autoridades de aquella comunidad autónoma y frente a los cuales el gobierno español se lava las manos, al estilo Pilatos, haciendo un espantoso ridículo. Son los riesgos de no estar apoyado en el Congreso por fuerzas políticas con las cuales se tiene, como hemos dicho antes, una relación de confianza basada en la homogeneidad sustancial en ideas y objetivos. 

Así pues, las elecciones tienen como finalidad representar a los ciudadanos en un Parlamento y formar un gobierno estable y eficaz. Ambos son aspectos indispensables en una democracia parlamentaria. Pues bien, como se viene apuntando tras los últimos comicios, ambas finalidades corren serio peligro si hacemos caso de los sondeos electorales. Vayamos por partes.

Por un lado, aparte de cuatro partidos nacionales que representan a la parte mayoritaria del electorado (PSOE, PP, Vox y Podemos, en total un 81,3% y 301 escaños), ninguno de los dos bloques en los que pueden formarse alianzas (derechas/izquierdas) alcanza la mayoría absoluta y les resulta necesario buscar socios en los partidos minoritarios. Estos son nada menos que 13 y, en su mayoría, focalizados en sus territorios, con lo cual representan a los votantes de estos territorios pero no al conjunto de los españoles y, en muchos casos, como hemos dicho, están en contra de la unidad de la nación: es el caso de ERC, JuntsXCat, Bildu, BNG y, en menor medida, Compromís y PNV. Por tanto, son necesarios sus votos y, a la vez, están dedicados a socavar las bases de nuestra democracia constitucional. Malos socios: no nos representan (a todos), solo a los suyos (los de sus territorios respectivos). 

¿Soluciones? Desde luego las hay. Se me ocurren dos, una jurídica y otra política 

Por otro lado, la desproporción entre votos y escaños de estos pequeños partidos autonómicos o provinciales, y los grandes partidos nacionales es muy grande. Ya se sabe que para obtener un escaño en Madrid o Barcelona hay que conseguir alrededor de 175.000 votos y en Soria o Teruel bastan 45.000, una cuarta parte. La desproporción, en realidad desigualdad, es enorme, debido básicamente al tamaño de las circunscripciones provinciales, superpobladas unas, despobladas las otras.

Pero recientemente se ha descubierto el truco, facilitado por la ley electoral, de obtener un diputado en las circunscripciones despobladas formando partidos provinciales, es el caso de «Teruel Existe«, al que podrían seguir otros. Había precedentes —Cantabria, Navarra— a los que no se daba importancia, pero lo de Teruel ha supuesto un giro significativo. Con todo ello, a efectos de gobernabilidad del Estado, a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, se le están sumando muchos que pueden ser necesarios para gobernar siempre que se atiendan sus peticiones particulares, no las que son de interés general. Todo ello empieza a ser muy alarmante. 

¿Soluciones? Desde luego las hay. Se me ocurren dos, una jurídica y otra política. La primera, cambiar la ley electoral, algo nada fácil, para que estas desigualdades en el voto desaparezcan. La Constitución, en su art. 23 y en otros, da motivo para pensar que tal diferencia en el resultado de ejercer el derecho de voto puede ser contrario a la misma. La segunda, la política, podría ser más sencilla si se acabara con la división en bloques —derecha e izquierda— y pudieran pactar los partidos centrales, el PSOE y el PP. La Alemania de los últimos veinte años marca un rumbo en este sentido. Pero, está claro, los españoles no somos alemanes.