Cada vez que decimos algo parecido, y lo hemos dicho muchas veces a lo largo de las legislaturas de Sánchez, ha seguido todo igual. No ha pasado nada. No ha habido dimisiones ni se ha producido un vuelco electoral
El jueves pasado, Puigdemont volvió a España, dio un discurso en una plaza pública y se fue. Nadie lo detuvo, ni antes, ni durante ni después del discurso. Lo peor del asunto es que no se trató, al contrario de lo que se está diciendo, de un bochornoso episodio de incompetencia institucional. Nos gusta mucho la broma en España, las alusiones a Mortadelo y a Berlanga, y no sabemos salir de ahí. Somos chapuceros, torpes, vagos, despistados. Nuestra policía es la T.I.A. de Ibáñez. Y como es el modo por defecto en nuestras reacciones ni siquiera nos planteamos que pueda haber algo peor. La T.I.A. es ficción y nos permite reírnos de una estupidez simulada. El chivatazo del Faisán es real, pero ya ha desaparecido de la memoria común porque nos obliga a borrar la estúpida sonrisa de nuestra cara.
Lo del jueves no fue incompetencia, y no fue responsabilidad exclusiva de la consejería catalana. En las televisiones que cubrían la jornada se repetía constantemente la siguiente idea: “Y de repente, desapareció”. Puigdemont había adquirido propiedades sobrenaturales. Era Bilbo en la Comarca antes de ponerse el anillo. Era la versión catalana de la Mujer Invisible. Un antiguo estudiante de la escuela del Profesor Xavier. Después vinieron las explicaciones de los Mossos. Estaba localizado por los agentes, y de repente no lo estuvo. El fugado se había vuelto invisible, y los ciudadanos debían volverse imbéciles para aceptar la tesis de las cadenas de televisión y de las autoridades.
Pero sabemos que nadie desaparece. En 2024 el ciudadano, incluso en España, está constantemente vigilado por el Estado. Es conveniente hacer un repaso de las noticias y mensajes con los que nos han ido advirtiendo este último mes. “Multa de hasta 3.000 euros por jugar a las palas en la playa”. “Hacienda multa a los padres que regalen dinero a sus hijos”. “La Guardia Civil sorprende a un pescador de 69 años cuya embarcación estaba dada de baja”. “Almudena compró en Amazon dos barras de cortina (…) La broma le costó 2.151 euros. Fue multada por un inspector que halló las dos cajas de cartón apoyadas junto al contenedor, con sus datos personales”.
Queremos que nuestros dirigentes sean torpes, porque así los imbéciles son ellos. Pero es al revés. El que se ríe, el ciudadano, es el objeto real de la broma
Hay que recordar ejemplos como éstos para entender hacia dónde nos encaminamos. No es que el Estado y los mandos policiales sean torpes y despistados. No es que impere una visión ligera y hippie de la aplicación de la ley. Es algo totalmente distinto. Vivimos en un doble rasero extremo. Una doble ciudadanía evidente. De un lado, indultos, amnistías, ausencia de intervenciones para no alterar el orden público, llamadas a la calma sin consecuencias. Del otro, multas ejemplarizantes, mensajes públicos destinados a infundir un miedo general en el ciudadano, aplicación severa, estricta, inmediata de la ley; y a veces incluso (patada en la puerta) contra la ley. Las actitudes durante el confinamiento y las actitudes ante la inseguridad cotidiana o ante los casos de corrupción relacionados con el Gobierno -ERE, procés, abusos de autoridad- son dos caras de la misma moneda. A unos siempre les sale a pagar, a otros siempre a devolver.
Puigdemont vino y se fue libre porque no convenía detenerlo. Cataluña ha recuperado la concordia con Illa, salvador, y no podían permitirse imágenes incómodas. Los expertos en seguridad mediática se pusieron a la obra. Detenerlo habría sido peor, se habría puesto en peligro el orden público, hay gente que quiere ver las calles arder. El pescador de 69 años no tiene la suerte de ser un socio del Gobierno. La mujer que compró en Amazon no puede convocar a una turba para evitar el pago de la multa.
Nada de esto es, por mucho que insista el ministerio de la Oposición en Génova, insoportable. Hay que partir de ahí para evitar análisis deshonestos. No es insoportable, ni inaceptable, ni supone traspasar una línea roja. Si fuera así, habría consecuencias. Pero cada vez que decimos algo parecido, y lo hemos dicho muchas veces a lo largo de las legislaturas de Sánchez, ha seguido todo igual. No ha pasado nada. No ha habido dimisiones ni se ha producido un vuelco electoral. La realidad es que es soportable, es aceptable, no hay líneas rojas. La risa hace que todo sea más llevadero. Queremos que nuestros dirigentes sean torpes, porque así los imbéciles son ellos. Pero es al revés. El que se ríe, el ciudadano, es el objeto real de la broma.
Salvador Illa lo dejó claro durante su discurso de investidura, mientras en los medios se cocía el invento de que no hemos podido, señor, ojalá hubiéramos podido, se nos escapó de repente, obró el milagro, desapareció: “Nadie ha de ser detenido por los hechos que los representantes de los ciudadanos han decidido amnistiar”.
La doble vara de medir
Nadie ha de ser detenido si los representantes del Gobierno deciden que no ha de ser detenido. Tan sencillo y tan autoritario como eso. Usted sí. Usted podrá ser detenido, multado, amonestado, censurado. Cualquier crítica y cualquier descripción de la realidad podrá ser -con la Constitución o sin ella- discurso de odio. Llegará a España lo que ya se está viendo en el Reino Unido y comprobaremos de primera mano el alcance del concepto que ya hemos empezado a escuchar en inglés. Two-tier policing. La doble vara de medir. La insoportable levitación del Estado para algunas cosas junto a la ejemplarizante solidez del Estado con otras. Dirán, claro, que no existe el doble rasero. Que la ley es igual para todos. Que el Estado vela por la seguridad de los ciudadanos. Que el concepto es un bulo creado por Rusia y por las agencias de noticias falsas. Que tendrán que protegernos de la desinformación.
Y que tengamos cuidado con lo que decimos.