El Gobierno ha puesto en marcha el engranaje jurídico para analizar si los contenidos de los libros de texto en Cataluña son legales. La Alta Inspección del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Educación, va a evaluar con carácter «de urgencia» si los manuales denunciados infringen o no el currículo recogido en la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce).
El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, explicó ayer que el informe del sindicato AMES que ve «adoctrinamiento ideológico» en varios libros para alumnos de entre 10 y 12 años «ha dado pie» a su departamento a solicitar a la Alta Inspección «un informe detallado para ver si se vulnera la normativa».
Sus palabras contrastan con lo expresado la víspera por el ministro Íñigo Méndez de Vigo, que dijo en el Congreso que el Gobierno únicamente podía intervenir si existía denuncia previa, dando a entender que su capacidad de actuación en este asunto es limitada.
El presidente del sindicato AMES, Antonio Jimeno, sostiene que «a principios de abril» envió su denuncia tanto a la Alta Inspección como al Ministerio, así como a diputados del PP, PSOE y Ciudadanos. Sólo le contestó la Alta Inspección, con un acuse de recibo a su reclamación.
Marín aclaró ayer que «hace unos días» escribió él personalmente «para que actuara la Alta Inspección». Lo pidió «de forma urgente» y prevé que el informe esté listo «en los próximos días».
Fuentes del Ministerio precisan que, de forma paralela a la instrucción dada al representante de la Alta Inspección en Cataluña, han pedido al resto de las delegaciones autonómicas que «estén alertas» por si les llegan «posibles denuncias», para que «las comprueben, las comuniquen y hagan un informe». Añaden que el Gobierno se ha puesto en una situación de «alerta» desde que, el pasado 8 de mayo, el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele), José Moyano, denunció «presiones» autonómicas de todo tipo en la elaboración de los manuales. No obstante, el informe de la Inspección sólo se está elaborando, de momento, para el caso catalán.
«La competencia reside en los profesores, que son quienes eligen qué libros de texto ponen y las comunidades autónomas permiten esa libertad. Ahora bien, hay un currículo que hay que respetar y adaptar. Este currículo no entra en concreciones y es genérico, pero, si de alguna forma se desenfoca, tendremos que actuar a través de la Alta Inspección», manifestó Marín.
Los pasos siguientes que seguirá el Ministerio conducen a los tribunales. Después de que la Alta Inspección entregue su informe, si Educación comprueba que «se está infringiendo la legislación básica» enviará un requerimiento a Cataluña, como ya ha realizado en anteriores ocasiones. El Departamento de Enseñanza podrá hacer alegaciones y, una vez pasado un plazo de tiempo, el equipo de Méndez de Vigo evaluará la situación. «Si no cumple o no rectifica, tendríamos que ir a un contencioso-administrativo», resumió Marín. Será, por tanto, un juez el que tenga la última palabra sobre esta cuestión.
El problema es que, según diversas fuentes educativas, la Alta Inspección es un organismo «opaco» e «inoperante» que tiene una capacidad de acción muy limitada porque puede vigilar, pero en ningún caso sancionar. Así ha ocurrido en los últimos años con los contenciosos entre el Estado y la Generalitat, desde el decreto catalán que desarrolla el currículo de la ESO hasta los colegios que no imparten enseñanza en castellano: se han quedado en nada.
De hecho, hasta 1998 los libros de texto estaban sujetos a una supervisión previa del Ministerio. No podía publicarse ningún manual que no hubiera sido revisado antes por la Administración. Pero, en 1998, el Gobierno del PP retiró esta exigencia.
Desde entonces se entiende que las autonomías, en el marco de sus competencias, deben hacer una «supervisión ordinaria» a posteriori y que los libros deben respetar las exigencias curriculares estatales; es decir, los mínimos que los alumnos deben aprender en toda España. El problema es que los gobiernos autonómicos no ejercen esta tarea de control, según diversas fuentes. Y el Gobierno, en plena negociación del pacto de Estado por la Educación, no quiere conflicto con las autonomías.