Editorial-El Español

  • No hace falta ser un experto en geopolítica para comprender lo ocurrido entre el jueves y el viernes.

El presidente del Gobierno subió al estrado del Congreso de los Diputados para vender firmeza entre los suyos: Ceuta y Melilla como «líneas rojas», soberanía «a perpetuidad», amenaza de actuar «con total contundencia» si aparecen pruebas de la responsabilidad de Rabat en la invasión de Ceuta.

Horas después, Nizar Baraka, ministro de Obras Públicas, le devolvió el mensaje de siempre: Rabat «no retrocederá ni un solo palmo» de lo que llama «su territorio nacional» y que incluye Ceuta y Melilla.

La respuesta del Gobierno, ayer viernes, fue pura rutina: «Ceuta y Melilla son España y lo serán siempre«.

Eso no es «intolerancia». Es atrezo. Es cumplir con el expediente.

El propio relato del Gobierno delata el truco. El presunto cambio de tono de Sánchez no nace de las evidencias aportadas por este diario y, luego, por el resto de los medios españoles, sino del desgaste. El presidente ha perdido la batalla de la opinión pública (también entre los suyos) y necesita parecer menos entregado a Rabat sin romper la relación de la que depende para sacar de Ceuta a los mismos a quienes Rabat alentó a entrar en ella.

Cambiar la retórica de forma cosmética, pero mantener las mismas políticas de sumisión a Marruecos: eso es todo lo que ha hecho Sánchez.

Un Estado soberano no debería medir su fuerza por una frase pronunciada en un pleno del Congreso, sino por lo que el presidente hace al día siguiente, cuando el vecino hostil le humilla de nuevo.

El gran gesto anunciado el jueves (la convocatoria a la embajadora el 21 de agosto) se desinfla además en cuanto se investiga con un poco de celo.

El Gobierno ocultó esa gestión dos semanas «por prudencia». Cuando Sánchez la exhibió en el hemiciclo como prueba de carácter, se supo que Karima Benyaich no estaba en España en esa fecha, sino de vacaciones en Marruecos. A la reunión acudió el encargado de negocios.

El rango del acto no es por tanto el que se vendió.

Pero hay más. El ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, habló de «liberar» las «ciudades ocupadas» el 24 de agosto, ante Mohamed VI.

Esa frase no podía estar en una protesta del día 21. El calendario desmiente al presidente. Un Gobierno que respetara la soberanía nacional del país que dirige no inflaría un trámite diplomático de segundo nivel para tapar un mes de ambigüedad.

Tampoco es serio pedir «pruebas sólidas» después de desautorizar a la propia Policía Nacional. El informe del CENIF, que ya está en la Audiencia Nacional, no es un rumor de tertulia. Habla de planificación previa, de dirección estratégica y operacional, de «guiado activo» de las fuerzas marroquíes, de una finalidad migratoria que opera como «cobertura formal» y de un objetivo explícito: eliminar la capacidad de respuesta de España.

Aporta también decenas de fotografías de agentes uniformados y de paisano.

Descarta que las mafias conocidas tuvieran escala para mover a más de 70.000 personas en tramos horarios definidos y por puntos concretos.

Y apunta un dato clave: en torno al 90% de quienes entraron regresó en horas.

Eso no es el patrón de una emigración clásica. Es el patrón de un acto de guerra híbrida.

Sánchez, además, ya ha dicho lo esencial. El 30 de julio la gendarmería «permitió el cruce» y después lo controló. Con esa frase basta para hablar de inacción selectiva. Exigir un papel del CNI con membrete de palacio para nombrar lo que se vio en las playas de El Tarajal no es prudencia institucional. Es dilación política.

El ministro Baraka no ha improvisado. Es el tercer ministro en pocas semanas que dice lo mismo: que Ceuta y Melilla son marroquíes y que su objetivo es recuperarlas.

El ministro de Justicia reclamó el «derecho histórico y geográfico» y dijo que la cuestión de Ceuta y Melilla «sigue sobre la mesa».

El de Asuntos Religiosos habló de «liberación» con el rey presente.

Ahora el de Obras Públicas, secretario general del Istiqlal, cierra el círculo a las puertas de las legislativas del 23 de septiembre.

El nacionalismo sobre las dos ciudades españolas es, para Rabat, un combustible electoral barato: no exige mover un batallón y sirve para comprobar si Madrid tiene columna vertebral o es un muñeco de goma en sus manos.

El viernes, Pedro Sánchez contestó a sus dudas: es un muñeco de goma en sus manos.

La realidad es que el trueque de 2021 ha quebrado y que el Gobierno no se atreve a confesarlo. Sánchez entregó la posición histórica española sobre el Sáhara a cambio (presuntamente) de que no se repitiera un salto como el de entonces, de unas 10.000 personas. En realidad, cabe sospechar que en esa entrega pesan también otros factores, como el del espionaje de su móvil por parte de Marruecos.

En cualquier caso, este mes de julio entraron ocho veces más. Murieron 141 personas. Hasta un socio de Sumar lo resumió sin poesía: el pacto era para que aquello no volviera a ocurrir, y ha fallado estrepitosamente. La doctrina posterior es circular: hay que tratar con mano de seda a Marruecos para que acepte de vuelta a la gente que Marruecos ha dejado pasar.

Eso no es realismo. Es chantaje interiorizado.

Un Gobierno que no aceptara injerencias no recitaría una y otra vez la misma fórmula gastada. Convocaría de nuevo, y en público, a la embajadora marroquí por las palabras de Baraka. Llamaría a consultas a su embajador en Rabat. Condicionaría la cooperación y los fondos de ayuda al cese de la reivindicación territorial en boca de ministros. Dejaría de desacreditar el informe policial que ya instruye un juzgado.

Y fijaría fecha inmediata a la visita del rey a Ceuta y Melilla como acto de Estado, no como una amenaza elástica e indeterminada con la expresión «en pocas semanas». ¿Cuántas son «pocas» semanas? ¿Y por qué semanas y no días?

Pero nada de eso ha ocurrido. Y Marruecos lo ha visto y ha tomado nota: España, con Pedro Sánchez, es negociable.