Hay, además, otro gravísimo efecto de esta agresión. El recurso injustificado a la fuerza, que tiene el potencial de destruir los principios básicos del Derecho Internacional que nacieron en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

La invasión viola la prohibición de uso o amenaza de uso de fuerza establecido en el artículo 2(4) de la Carta de la ONU, como asimismo las excepciones autorizadas, que son: la acción del Consejo de Seguridad (CS) bajo el Capítulo VII de la Carta (obstaculizada por el derecho de veto de Rusia), y el derecho inherente de legítima defensa individual y colectiva, en el caso de un ataque armado, mientras interviene el CS.

Rusia ha invocado distintas justificaciones para la invasión. La más extrema, con ribetes de realismo mágico, postula que se trata de una operación de paz o especial. Sin embargo, la sustitución de términos no permite evadir la aplicación de normas jurídicas. La violación de la frontera de Ucrania por decenas de miles de soldados y el bombardeo de ciudades hablan por sí solos.

En la misma categoría de pretexto se encuentran los así llamados «tratados de asistencia» concluidos por Rusia con dos Estados artificiales en territorio ucraniano, a los cuales sólo reconoció (siendo el único país del mundo) al iniciar la invasión.

Igualmente implausibles son la acusación de genocidio, de nazismo y la invocación de derechos históricos y de seguridad.

«El pretexto de la desnazificación de Ucrania es una aseveración sin fundamento. Ucrania es un Estado democrático con elecciones libres y separación de poderes»

Rusia no ha ofrecido prueba alguna de que Ucrania haya cometido genocidio. En Derecho, quien afirma la ocurrencia de un hecho debe probarlo. Por lo contrario, el 2 de febrero, Ucrania inició un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), desafiando a Rusia a que justifique la agresión. Rusia no se presentó a la audiencia fijada por la CIJ.

Por otra parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. A. Khan, abrió una investigación, a solicitud de Ucrania, sobre supuestos crímenes internacionales cometidos en su territorio. La actitud de Ucrania de recurrir a instancias judiciales independientes ofrece un marcado contraste con la actitud de Rusia.

El pretexto de la desnazificación de Ucrania es otro ejemplo de aseveración sin fundamento. Ucrania es un Estado democrático, con elecciones libres y secretas, y separación de poderes. Parte de la familia del presidente Zelenski pereció en el Holocausto y otros combatieron contra el nazismo. Él es, además, judío.

Los derechos históricos, a los que ha aludido repetidamente Vladímir Putin en sus publicaciones y entrevistas, sólo serían relevantes si demostraran derechos de Rusia para justificar la excepción de legítima defensa. Ese no es el caso.

Por el contrario, al revelar las causas reales de la invasión, pueden ser elementos jurídicos probatorios de importancia para demostrar la violación de la prohibición del uso de fuerza, generando la responsabilidad internacional del Estado, así como la responsabilidad individual de quienes cometan crímenes internacionales.

Una visión consistente de motivos surge por ejemplo de publicaciones de Putin como su ensayo Rusia al fin del milenio (1999), el libro Primera persona (2000), el ensayo Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos (2021) y recientes presentaciones (24 de febrero y 5 de marzo de este año).

«Este material probatorio demuestra una visión zarista de la historia, con componentes ideológicos fascistas»

Para Putin, la Ucrania moderna es un Estado artificial creado por el régimen soviético. Aduce que Ucrania y Rusia son un sólo pueblo unido por su lenguaje, tradiciones y religión. La debilidad de Rusia en aceptar la creación de Ucrania es un ejemplo lamentable de «parálisis en el ejercicio del poder». Putin, incluso, manifiesta su simpatía por la monarquía como forma de garantizar la estabilidad de su país y el ejercicio del poder por un tiempo prolongado.

Putin no valora los acuerdos internacionales entre su país y Ucrania con ocasión de la suma de Ucrania al Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares de 1994, con el que Rusia adquirió compromisos específicos respecto a respetar la seguridad e independencia de Ucrania. Tampoco los Acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, aprobados unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU, que implican el reconocimiento del Estado de Ucrania.

Este material probatorio demuestra una visión zarista de la historia, con componentes ideológicos fascistas (tales como la aspiración a la unificación con Rusia, basada en la identidad de los pueblos eslavos y sus tradiciones, origen y religión), que recuerda al típico lema unificador de identidad de sangre y suelo del nazismo y, actualmente, de grupos de supremacistas blancos en Estados Unidos y otros países.

El concepto de «parálisis en el uso del poder» lleva al rechazo de límites formales a su ejercicio, local e internacionalmente. El poder es la capacidad de aplastar a los que se oponen a sus objetivos.

No es sorpresa que los sectores más reaccionarios de distintos orígenes ideológicos hayan abrazado la causa de Putin, viendo en el líder ruso un ejemplo a seguir, e incluyendo la generación de liderazgos de hombres fuertes que se perpetúan en la conducción de la Nación y en el ejercicio de su fuerza sin límite alguno. Les une el mensaje de rechazo a un orden multilateral, además de adherirse en algunos casos a visiones chovinistas y de rechazar el cambio en temas de discriminación por cualquier tipo.

En otros casos, pesa la nostalgia inercial por el pasado de una Unión Soviética que hoy ya no existe. La concepción chovinista de superioridad basada en el poder es contraria a la prohibición de discriminación de las normas de derechos humanos, otra creación de la humanidad que surge de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

«Alain Pellet, uno de los juristas más destacados del mundo, renunció el 23 de febrero como abogado de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia»

Los derechos humanos postulan la dignidad y humanidad inherente de todos, y se aplican a cada ser humano sin discriminación. Nadie puede ser objeto de ejecuciones sumarias, desapariciones, o excluido de ejercer sus derechos civiles y políticos, o los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos. Los derechos políticos colectivos se expresan en los principios de igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación y la prohibición de intervención.

Alain Pellet, uno de los juristas más destacados del mundo y presidente del Instituto de Derecho Internacional, renunció el 23 de febrero a continuar siendo abogado de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia. Por su autoridad, es significativa su carta, en la que, después de denunciar la agresión de Rusia, señala que:

Su país [Rusia], tan entrañable en muchos sentidos, está poniendo en tela de juicio aquellos principios que queríamos creer que fueron reconocidos por todas las naciones civilizadas, es decir, por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. Estoy más entristecido por esto porque la URSS pagó el precio más alto que llevó a la capitulación de la barbarie nazi, en Leningrado, Stalingrado o Kursk. También fue la URSS la que lideró la lucha por el reconocimiento efectivo del derecho de los pueblos a la libre determinación en las Naciones Unidas y en otros terrenos. Y, ahora, Rusia está pisoteando estos principios, que han sido tan difíciles de imponer en el derecho positivo y que nos gustaría ver realmente en vigor. Los abogados pueden defender causas más o menos cuestionables. Pero se ha vuelto imposible representar en foros dedicados a la aplicación del derecho a un país que tan cínicamente lo desprecia.

El principio de autodeterminación se encuentra explícitamente reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, tanto en la prohibición de no intervención, establecido en el artículo 2(7) de la Carta de la ONU como en su artículo 1(2), sobre el derecho a la autodeterminación, esencial para las relaciones amistosas entre las naciones. Ambas disposiciones no permiten invocar consideraciones políticas, como la adhesión o no a organizaciones de carácter económico, o de seguridad, como razones válidas para su transgresión.

Estos principios no son sólo aspiraciones desconectadas de la realidad, como se revela en la reacción en contra de la agresión. Primero, por parte del pueblo ucraniano que encarna en su rechazo masivo a la invasión su derecho como Estado a la autodeterminación en aplicación estricta del Derecho Internacional.

En todo el mundo, incluso en Rusia, se ha expresado sin ambigüedades el apoyo y solidaridad con Ucrania. En las reacciones multitudinarias destaca la presencia de los jóvenes. Se ha dicho que las guerras las declaran los viejos y los muertos los ponen los jóvenes. A esa crítica tradicional se agrega la de una generación en que los desarrollos tecnológicos han contribuido a cambios paradigmáticos en la existencia y redefinición de fronteras, y en la prohibición de discriminación, rechazando todo intento de negar la humanidad común de todas y todos.

La Asamblea General de la ONU, en una sesión extraordinaria del 2 de marzo, aprobó una resolución que condena la invasión, exigiendo el retiro inmediato de las tropas rusas, con 141 votos a favor, 35 abstenciones y sólo cinco votos en contra (Rusia, Siria, Bielorrusia, Eritrea y Corea del Norte).

«Sin perjuicio de la importancia de otros conflictos en el mundo, no debe olvidarse que las dos Guerras Mundiales del siglo XX se originaron en Europa»

Aunque sólo el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones de cumplimiento obligatorio, el rechazo por parte de sólo cinco Estados, incluyendo Rusia, revela, sin embargo, una adhesión significativa a las normas que prohíben el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el valor de principios jurídicos como la igualdad soberana, la autodeterminación y los derechos humanos. Dichos principios no tienen asegurado su cumplimiento, pero es esencial asumir la responsabilidad individual y colectiva de la humanidad para lograr que se implementen.

Sin perjuicio de la importancia de otros conflictos en el mundo, no debe olvidarse que las dos Guerras Mundiales del siglo XX se originaron en Europa, quizá por el mayor peso político, económico y militar de esa región, con miles de armas nucleares, y donde existe el peligro del enfrentamiento de los superpoderes.

No debe olvidarse tampoco que la Primera Guerra Mundial no la quería nadie, pero en los conflictos sólo son claros sus comienzos. Lo que está en juego es la paz y sólo el difícil logro de un orden internacional basado en el Derecho podrá garantizarla.

*** Claudio Grossman es profesor y decano emérito de la Escuela de Derecho de la American University, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y del Instituto de Derecho Internacional, y asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional.