La investidura de Rajoy y el 25-S de los vascos

Existe una buena razón para que el “no es no” del PNV a Mariano Rajoy pueda convertirse en una abstención si la investidura del presidente del PP se demora hasta después de las elecciones vascas, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre: la protección del Gobierno de España al concierto económico frente a dos peligros que se ciernen sobre el sistema paccionado. De un lado, la armonización fiscal europea, que prevé haciendas centrales y homogéneas. De otro, la presión de varias comunidades autónomas, que contemplan el concierto vasco y el convenio navarro como privilegios.

La izquierda, y Ciudadanos, no ampara el modo de financiarse de la autonomía vasca. Sin embargo, el PP sí lo hace. La Ley del Concierto -que tiene su fundamento en la disposición adicional primera de la Constitución, que reconoce los derechos históricos de los territorios forales- se aprobó con el apoyo de la entonces UCD y la abstención de los socialistas. Con Aznar (1996-2004) no solo se renovó la ley (tenía una vigencia de 20 años), sino que se transformó en indefinida, sucediéndose la negociación de cupos favorables a la comunidad vasca.

En 2010, con el apoyo del PP bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Congreso aprobó una ley que estableció un auténtico blindaje: las normas fiscales de las juntas generales de los territorios vascos que transponen las leyes fiscales del Estado no serían ya impugnables ante los tribunales contencioso-administrativos, sino ante el TC, como si se tratase de leyes materiales, aunque no sean dictadas por un parlamento. En junio pasado, el órgano de garantías constitucionales resolvió por unanimidad -el ponente fue su presidente, Francisco Pérez de los Cobos- la constitucionalidad de ese blindaje del concierto.

El PNV sabe que el concierto, y más a medida que pasa el tiempo, necesitará una protección política que un Ejecutivo de izquierdas difícilmente podría prestar

En Europa, el sistema paccionado vasco provoca no pocas suspicacias. De ahí que el Tribunal de Luxemburgo haya anulado en varias ocasiones las llamadas “vacaciones fiscales” que las haciendas forales concedían a empresas radicadas en el País Vasco, estimulando así su implantación en Euskadi (efecto frontera) en detrimento de las vecinas. Rioja y Castilla y León disponen de un largo historial de litigios contra resoluciones fiscales vascas.

Aunque la comunidad española con la media más alta de renta per cápita es Madrid (31.812 euros) por el efecto de capitalidad, le siguen el País Vasco (30.459 euros) y la Comunidad Foral Navarra (28.682), todo ello según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados en marzo de este año. La media española llega a 23.290 euros, cifra que contrasta lo suficiente como para que en torno a las ventajas del concierto se establezca un debate que está siendo previo a la revisión del sistema de financiación autonómica.

El PNV sabe que el concierto, y mucho más a medida que transcurre el tiempo, va a necesitar una protección política que un Ejecutivo de izquierdas difícilmente podría prestar. Los nacionalistas están en precampaña y deben mostrarse agresivos con Rajoy y con el PP, porque Podemos está fortísimo en las encuestas -ya ganó las generales del 26-J en los tres territorios históricos-, lo que no ha impedido a populares y a peneuvistas acordar en el Senado tanto un grupo parlamentario para los vascos como su presencia en la Mesa de la Cámara Alta. Ninguna de las dos cosas les correspondía reglamentariamente. Urkullu, hombre tan templado como el actual presidente de su partido, Andoni Ortuzar, hace cuentas y le sale que, quizás el 26 de septiembre, no baste la ayuda del PSE para gobernar en Euskadi y sea necesario pedírsela también al PP.

Los nacionalistas están en precampaña y deben mostrarse agresivos con Rajoy y con el PP porque Podemos está fortísimo en las encuestas

El PNV tiene en el Congreso cinco escaños. Ahora están congelados y si se ven en la tesitura de una investidura antes del 25-S, seguramente votarían contra la de Rajoy (aunque tampoco apoyarían una alternativa, que se presenta inverosímil). La idea de esperar a que transcurran los comicios vascos -y los gallegos- está haciendo mella en el PP, como reconoció, pesaroso pero sin ambages, Javier Maroto en una entrevista radiofónica la semana pasada. El CIS de ayer -que deja inmutable la correlación de fuerzas- favorece al PP porque la situación carece de alternativa.

El tiempo que necesitaría Ciudadanos para transitar -en el caso de que esté en sus intenciones hacerlo, lo que no está claro en absoluto- de la abstención al sí a Rajoy va a dilatarse mucho. Parece, según los mentideros de Ferraz, que solo habría una abstención parcial en el grupo parlamentario socialista si los diputados naranjas dan el sí a Rajoy. Si a los 170 escaños que podría obtener el presidente en funciones (PP, C´s y CC) se añadiesen las cinco abstenciones del PNV (siempre después del 25-S), el panorama -aunque muy en diferido y a un coste en términos temporales muy alto- se despejaría para Rajoy, más aún si obtiene el PP una victoria en Galicia, también el 25-S, que, en solitario o con la ayuda de Ciudadanos, permitiese gobernar a Núñez Feijóo.

La conclusión es que Mariano Rajoy, con la inevitable y necesaria complicidad de la presidenta de las Cortes, Ana Pastor, va a diseñar un “plazo razonable” para la convocatoria del pleno de investidura ‘ad calendas graecas’. O sea, quizás a finales de septiembre o principios de octubre. Cabe, según otras fuentes, una opción diferente que a Rajoy no le gusta lo más mínimo: una investidura fallida a finales de agosto y otra efectiva a principios de octubre. De fondo: el 25-S de los vascos y, en mucha menor medida, de los gallegos. El amparo y la protección gubernamentales al concierto económico son fundamentales para la autonomía vasca, como lo es una negociación del cupo que se enmarcaría en la de un nuevo sistema de financiación autonómica. Y en este tema, los nacionalistas vascos se fían más de la derecha que de la izquierda.