Que la legislatura pueda así echar a andar es una buena noticia. Sin embargo, como se volvió a comprobar ayer con las intervenciones de los líderes tras sus encuentros con el jefe del Estado, la gobernabilidad se antoja harto difícil en un clima de tanta incertidumbre. No bastará «el diálogo» al que ayer apeló Rajoy. Hará falta que las formaciones tengan visión de Estado y responsabilidad dada la situación de precariedad de un Ejecutivo en minoría al que sólo se ha comprometido a ofrecer respaldo Ciudadanos. Porque si grave nos parecía que no se desbloqueara la situación y fuéramos a unas terceras elecciones, igualmente perniciosa sería una actitud de bloqueo y de inestabilidad perpetua que impida una mínima gobernabilidad.
En este sentido, las palabras de Javier Fernández, presidente de la Comisión Gestora del PSOE, no hicieron sino incrementar ese temor. Insistió en que su partido se abstendrá para permitir la investidura, pero advirtió rotundo de que ni apoyará los Presupuestos Generales –el instrumento básico para que un Estado pueda funcionar– ni dará estabilidad alguna. Fernández fue más explícito que hace apenas cuatro días, lo que se explica por la crisis en la que están sumidos los socialistas.
El Comité Federal del fin de semana no acabó ni mucho menos con el debate interno. Y el riesgo de cisma en el grupo parlamentario es mayor cada día que pasa. Como hemos sabido, al menos 18 diputados –incluidos los del PSC– podrían romper la disciplina y votar no a Rajoy. Y las amenazas de expulsión por parte de la Gestora no han hecho más que enconar algunas posiciones. Fernández no quiso ayer echar más leña al fuego, aunque tampoco disipó esta posibilidad tan extrema. Lo deseable, qué duda cabe, es que se recompongan los cauces de diálogo y la sensatez de aquí al fin de semana y que, como pidió el presidente asturiano, se acepte la legitimidad de una decisión de la mayoría del máximo órgano del partido.
Obviamente, la fractura y la debilidad actual del PSOE es una de las razones fundamentales que dificultarán la gobernabilidad, por más que Rajoy insistiera ayer, y a buen seguro repetirá en su discurso de esta tarde, que sólo contempla una legislatura larga de cuatro años. Arrimando el ascua a su sardina, Podemos no va a desaprovechar la fragilidad del PSOE. La formación morada está instalada en un discurso bastante maniqueo, pero de cierta eficacia, frente a la «Triple Alianza», el apelativo caricaturesco con el que Pablo Iglesias, autoproclamado «único líder de la oposición», se refiere a PP, Ciudadanos y PSOE. No cabe esperar ninguna actitud constructiva por parte de Podemos y, por el contrario, su estrategia pasa ya por explotar las divergencias internas socialistas, a la vez que radicaliza su discurso y promueve la agitación social. Iglesias tachó de «lógico y saludable» que se articulen protestas como la convocatoria para rodear el Congreso en protesta por la investidura de Rajoy, a la que varios cargos de Podemos se sumarán.
No es ésta una coyuntura sencilla. Y, aun así, creemos que debiera ser una oportunidad para que los principales partidos constitucionalistas dejaran de lado los maximalismos y buscaran puntos de encuentro para afrontar algunas reformas básicas y urgentes. Rajoy se refirió ayer a tres grandes asuntos que exigen ese consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos: pensiones, educación y financiación autonómica. Son cuestiones tan importantes que bueno sería que se llegara a acuerdos.
En el terreno de las reformas, la intervención del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, tras su reunión con el Rey, volvió a poner sobre el tapete una posible modificación de la Constitución. Siempre hemos defendido la necesidad de acometerla en algunos puntos concretos. Pero desde luego no es éste el momento. Reformar la Carta Magna exige un alto consenso político y estabilidad. Y, de momento, ya parece difícil que todos se esfuercen para garantizar una mínima gobernabilidad.