El rechazo de Pedro Sánchez a reunirse con Alberto Núñez Feijóo, tal y como este le ha propuesto por carta este domingo, supone un alarde de irresponsabilidad que agrava una crisis política ya insostenible.

Porque, como ha señalado Emiliano García-Page, el resultado final de las elecciones generales que ha dejado el recuento del voto CERA es «diabólico para la gobernación y la convivencia de España».

Ciertamente, la situación ya era diabólica desde el momento en que se conoció el escenario que dejaba el 23-J. Pero este fin de semana han tenido lugar dos episodios que agravan la situación limite que atraviesa la política española.

En primer lugar, el ya mencionado escrutinio del voto exterior, que al darle el diputado 137 al PP (la victoria más clara de los populares en términos absolutos y relativos desde 2016) ha invertido el equilibrio de mayorías, con 172 escaños en el bloque de Feijóo y 171 en el de Sánchez.

Que el PSOE es consciente de la relevancia de este cambio en apariencia menor lo prueba su insistencia en pelear el undécimo escaño por Madrid que el PP le ha arrebatado. Por eso reclamará a la Junta Electoral Central, después de denegárselo la Junta Electoral Provincial de Madrid, que se revisen los votos nulos. Es altamente improbable que esta última bala del PSOE altere sustancialmente el balance, a la vista de que la Junta Electoral Provincial ya ha señalado que la petición socialista se centra únicamente en «la especulación infundada de que es posible que la reducida ventaja del partido ganador del último escaño pudiera revertirse en favor del solicitante».

El segundo elemento que ha alterado el escenario ha sido la soflama de Carles Puigdemont de este sábado, quien aprovechó la reforzada posición decisoria que le ha concedido a su partido el reequilibrio de las mayorías para elevar el precio de sus votos. El expresidente fugitivo ha rechazado plegarse ante la presión de ser la llave de una coalición progresista, y ha vinculado la negociación de la investidura con la negociación de la soberanía de Cataluña.

En esta endiablada coyuntura, resulta más indefendible si cabe la negativa de Sánchez a reunirse con el presidente del PP hasta que se constituya el Congreso de los Diputados y el Rey designe a un candidato a la investidura.

Y no sólo porque ningún ciudadano entendería que sus representantes se fueran de vacaciones condenando a España a al menos dos semanas más de incertidumbre e inestabilidad. Fundamentalmente, porque la irresoluble aritmética parlamentaria actual obliga a un diálogo entre los dos partidos mayoritarios.

Sánchez debe desengañarse de una vez sobre sus posibilidades de ser investido sin contar con el ganador de las elecciones. Una sopa de siglas con los independentistas no es una alternativa realista, pues hace inviable la gobernabilidad y la producción legislativa en condiciones de estabilidad.

En definitiva, no hay ninguna posibilidad de investidura y Gobierno que no pase por el entendimiento de PP y PSOE. O, como lo ha planteado Feijóo, por «establecer un diálogo responsable» e intentar alcanzar un acuerdo que evite una «situación ingobernable y de bloqueo» en España.

Por eso sorprende el contraste entre el tono belicoso de la misiva de Sánchez y el talante conciliador de la oferta de Feijóo, quien reiteradamente ha expresado su intención de establecer un diálogo con los socialistas para excluir al extremismo de la ecuación de la gobernabilidad.

Es cierto, no obstante, que el presidente del PP podría haber moderado sus peticiones, y no condicionar el encuentro con Sánchez al reconocimiento de que la «fuerza política ganadora en las elecciones generales es la que debe gobernar».

Porque Feijóo no puede ignorar que tampoco cuenta con los apoyos suficientes para formar Gobierno. Por eso, es un error haber planteado la reunión como una discusión de los términos en los que Sánchez debería facilitar la investidura de Feijóo.

Aún así, Sánchez podría haber replicado con una oferta alternativa de una reunión sin condiciones previas para abordar la crisis política de manera transversal, y para discutir grandes asuntos que vayan más allá de la mera investidura. El presidente podría haber enmarcado el encuentro en una deliberación para alcanzar pactos de Estado que vayan desde la constitución de las Mesas del Congreso y Senado hasta el acuerdo para sacar a órganos del Estado como el CGPJ de la insostenible situación de interinidad en la que se encuentran. O también una conversación sobre las grandes reformas pendientes, tanto para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas como para replantear las reglas del juego para que no vuelva a darse una situación de bloqueo político.

En lugar de todo eso, Sánchez ha renunciado a entablar cualquier tipo de relación con el PP. Y esto es tanto como dejar el futuro de España en manos de Puigdemont.