La izquierda ‘abertzale’ asume el fracaso de su hoja de ruta

· El complejo rompecabezas político en España y el desafío independentista catalán han dejado en un segundo plano otras cuestiones nacionales de tanto calado como la situación del País Vasco. Pero lo cierto es que, tras más de cuatro años desde que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia, resulta imprescindible prestar atención a los movimientos que se están dando en la izquierda abertzale, así como a los notables efectos sociopolíticos que ya ha producido en Euskadi la irrupción de partidos como Podemos.

Esta misma semana, 35 miembros de la reconstruida Batasuna, ANV y PCTV procesados por integración en la banda han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y –más relevante aún– con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el colectivo Dignidad y Justicia para ver rebajadas sus penas a un máximo de dos años de cárcel y evitar, así, la entrada en prisión. Estamos ante un importante avance porque, por primera vez, dirigentes del entramado político de la izquierda abertzale han asumido su «utilización» como instrumento para los fines de ETA, han reconocido «el daño a las víctimas» de la banda terrorista y han renunciado expresamente a «cualquier actividad relacionada con la violencia». Y sin caer en la ingenuidad o en el voluntarismo, y pese a que no cabe ignorar el cinismo que mantienen los antiguos dirigentes de la ilegalizada Batasuna, este pacto representa su asunción de que, en el nuevo tiempo hacia la paz, también ha fracasado su estrategia de desafío al Estado y su pretensión de forzar cualquier negociación ventajista que blanqueara de algún modo medio siglo de sangre y dolor.

Los dirigentes de Sortu –el partido heredero de Batasuna– han abjurado, además, de otra de sus líneas rojas. Por primera vez, piden al colectivo de presos etarras que se olviden de una solución en masa arrancada en una mesa y acaten y se acojan de forma individualizada a los cauces legales para lograr beneficios penitenciarios, incluidos acercamientos y excarcelaciones. Ésta es una importante victoria del Estado de Derecho y sólo cabe felicitarse por ello. Consciente la izquierda abertzale de que algunas de sus banderas tradicionales, como la de los presos, cada vez tiene menos eco en la sociedad vasca, se ha visto obligada a pasar por el aro ante su evidente debilidad.

En un escenario sin violencia como el actual, creemos que el Estado hará bien en moverse dentro de los márgenes de la legislación vigente para facilitar la reinserción progresiva de los 400 etarras que aún hay en las cárceles y favorecer la total normalización política. Pero, como hemos defendido siempre, dos premisas resultan infranqueables: los programas de reinserción sólo deben aplicarse de forma individualizada, y quienes deseen acogerse a ellos han de mostrar su incuestionable arrepentimiento y propósito de enmienda. Es la política penitenciaria que, con acierto, ha desplegado el Gobierno en la última legislatura. Y es probablemente la única vía que sería aceptada por los colectivos de víctimas, que tanto tienen que decir en este proceso de pacificación en el que los demócratas están obligados a velar por que no se tergiverse un ápice el relato, por más intentos que se hagan desde algunos sectores por mezclar y confundir a víctimas y verdugos.

El papel de la sociedad y de los partidos democráticos vascos es fundamental. No pueden rebajar el listón moral y es tan necesario como siempre ejercer presión para conseguir que la izquierda abertzale repudie la violencia de ETA –que sigue sin disolverse ni entregar las armas– y reconozca al Estado de Derecho como única garantía de libertad. Pero, con todas las cautelas necesarias, la nueva estrategia más posibilista de Sortu supone una clara mejora del tablero político.

Dicho todo esto, tampoco se escapa a nadie que son las circunstancias electorales las que les han empujado a mover ficha. El fuerte descalabro sufrido en las urnas el 20-D ha hecho saltar todas las alarmas en el entorno proetarra. La coalición EH Bildu perdió cuatro de los seis escaños que había logrado en las anteriores elecciones generales y casi 10 puntos, teniéndose que conformar con el 15% de los votos. Un pésimo resultado que no se explica sólo por la fortísima irrupción de Podemos en el País Vasco –que en diciembre fue la fuerza más votada, superando incluso al PNV–. Los líderes abertzales tuvieron que admitir el fracaso de su estrategia de radical frentismo y de un plan independentista que no tiene en absoluto en cuenta la actual realidad social y política de la mayoría ciudadana.

Todas las miradas están puestas ahora en las elecciones autonómicas previstas para el próximo otoño. Sortu teme que el efecto Otegi –que saldrá de prisión en marzo– no sea suficiente para contrarrestar la fuerza de Podemos. De ahí que necesite reposicionarse para lograr ofrecer un rostro menos intransigente y de mayor confluencia. El tacticismo político es obvio. Pero los españoles en este caso pueden celebrar que es también una victoria de la fortaleza del Estado de Derecho.

EL MUNDO 17/01/16 – EDITORIAL