EL CORREO – 29/01/15
· Seis de los imputados renuncian a su abogada y acercan la vista oral aún más a la campaña de las municipales.
· Trámite judicial. Los jueces han dado tres días a las partes para que digan si quieren iniciar el proceso sin los seis imputados afectados.
· Detención de abogados La causa ya se suspendió el día 12 por una operación de la Guardia Civil.
Por segunda ocasión en poco más de dos semanas, el último gran juicio contra Batasuna –el que vincula a esta organización con ANV y EHAK– tuvo que ser ayer suspendido en la Audiencia Nacional. Si el pasado día 12 fue una operación de la Guardia Civil la que motivó el aplazamiento, después de que entre los arrestados figuraran tres de las abogadas que están personadas en esta causa, ayer fue un movimiento de la izquierda abertzale el que impidió que la vista oral comenzara hoy con total normalidad. Seis de los imputados –Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Aitor Aranzabal, Iñigo Balda, Asier Imaz y Eusebio Lasa– comunicaron su deseo de prescindir de su letrada, Haizea Ziluaga, y de cambiar de defensa. La media docena de acusados alega una «pérdida de confianza» en la que hasta ahora había sido su representante legal. Se da la circunstancia de que Ziluaga fue una de las detenidas en la redada del 12 de enero y entonces los seis procesados exigieron proseguir con su abogada, lo que motivó el primer aplazamiento.
Dos semanas después, las cosas han cambiado.
Los imputados han expresado su deseo de ‘romper’ con la letrada y de tener un nuevo defensor. Piden, además, que el tribunal dé un margen de tiempo al nuevo abogado para que se ponga al día de un procedimiento penal que arrancó a finales de 2007, con una redada en la localidad guipuzcoana de Segura y el arresto de una treintena de dirigentes independentistas.
Los jueces encargados del caso, ante el cariz de los acontecimientos, han decidido suspender las sesiones previstas para hoy, mañana y la semana que viene. Además, han dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre qué camino procesal se debe emprender en esta tesitura. La Fiscalía, por ejemplo, insta a que la vista oral comience con el resto de acusados, a la espera de desligar del juicio a los seis imputados que han prescindido de su abogada.
La decisión para la Sala no es sencilla. Además de las cuestiones procedimentales y lo que supondría desligar una parte de la causa, existen también dificultades para cuadrar las fechas de una vista oral que ya se preveía larga de por sí. De hecho, según el calendario vigente hasta ayer, el juicio se debería haber prolongado hasta el 8 de junio. Todo apunta a que el último movimiento obligará a retrasar la causa y pegarla aún más a la campaña de las elecciones municipales y forales que culminará con las votaciones el domingo 24 de mayo. Sirva como ejemplo lo que sucedió hace dos semanas. Entonces, tras la operación de la Guardia Civil, la Sala también tanteó la posibilidad de que la causa siguiera adelante sólo con los imputados que contaban con representación legal en ese momento. Algo que no aceptaron los procesador.
Los jueces tuvieron entonces que buscar fechas para el arranque de la sesión y fijaron el 29 de enero, diecisiete días más tarde. Y eso sin tener que hacer ningún trámite, cosa que ahora sí sucederá con la solicitud a las partes para que se pronuncien sobre la marcha de una de las abogadas.
Los dirigentes de la izquierda abertzale han expresado en varias ocasiones su desconfianza ante el resultado que este juicio puede tener para los 35 acusados. Están convencidos de que todos ellos, incluidos Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena –portavoz y responsable de comunicación de Sortu, respectivamente–, serán condenados. Creen que la composición del tribunal, integrado por Concepción Espejel, José Ricardo de Prada y Julio de Diego no es favorable a sus intereses. Una sensación similar ya tuvo la cúpula de Sortu cuando hace dos años arrancó el juicio de las herriko tabernas en el que estaban imputados, entre otros, los dirigentes de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria y Joseba Permach. Los dos recibieron penas, aunque de corta duración, y el caso está ahora en el Supremo.
Caja común
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 encausados en este sumario (4/08). El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público asegura que desde octubre de 2005 hasta el año 2009 el «entramado ETA-Batasuna» promovió la renovación de su representación institucional tras la ilegalización de Batasuna en 2003. Para ello, la izquierda abertzale «compró» la «colaboración» de ANV, partido que era legal, en una reunión el 24 de enero de 2003.
Para el fiscal, la «instrumentalización» de ANV se acreditó en la «sumisión» de esta formación a Batasuna a la hora de hacer política y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, Acción Nacionalista y EHAK.
En cuanto a esta última formación, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue «fagocitada» por la coalición proscrita. Hasta el punto de que, según la acusación, el grupo parlamentario que dirigía Nekane Erauskin en la Cámara autonómica contratara como asesores a personal proveniente de Batasuna. Además, habría usado fondos comunes que fueron desviados a través de transferencias ‘on line’.
EL CORREO – 29/01/15