La izquierda está incómoda porque ha cambiado el contexto. El clima de emotividad social la ha puesto en un aprieto

SI la oposición recogiera tres millones de firmas a favor de la subida de pensiones y el Gobierno las ignorase, arderían las calles. Sin embargo, en virtud del habitual doble rasero de la izquierda, el clamor popular carece de relevancia cuando respalda la prisión permanente revisable. Los intérpretes de la voz de «la gente» se arrogan a su conveniencia el liderazgo prescriptivo y la superioridad moral de decidir lo que es y lo que no es idóneo o importante, que en resumidas cuentas se reduce a aquello que coincide con sus principios doctrinales. Incluso en las ocasiones, como la presente, en que tales criterios van a contramano de la opinión de muchos de sus propios votantes.

La PPR tiene un debate político y otro penal, que es el que no se ha producido. Se puede y se debe deliberar sobre la necesidad de una pena con fuerte carácter punitivo. Se pueden y se deben discutir, y llegado el caso enmendar, sus plazos de revisión de condena, sus mecanismos de cumplimiento penitenciario y otros matices jurídicos. Se puede y se debe esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el necesario equilibrio entre la reinserción y el castigo. Pero esa discusión apenas ha rebasado el ámbito académico porque el de la política, que es la que decide, está contaminado por el ruido. Y porque los partidos opositores han priorizado su interés por infligir una derrota revocatoria al marianismo. Ése era el verdadero objetivo, demostrar al PP que su mayoría había caducado, antes de que los crímenes de Diana Quer y del niño Gabriel sacudiesen la conciencia social, provocasen una enorme sacudida emotiva y convirtieran la derogación en un boomerang capaz de rebotar contra los que la habían promovido.