EL MUNDO 12/04/17
En el debate de la interpelación previa, el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, aseguró que ningún preso de ETA padece una enfermedad que aconseje su excarcelación y dejó claro que el Ejecutivo será «absolutamente exigente» con el cumplimiento de la ley cuando se está «a las puertas de la disolución» de la organización terrorista.
El debate llegará un mes después de la entrega de las armas por parte de la banda, por lo que seguramente habrá referencias a ese hecho en las intervenciones de los grupos. La moción sólo tiene visos de salir adelante si el PSOE decide apoyarla y ya hay un precente en Euskadi donde el PSE sí ha votado a favor de la libertad de uno de esos reos, en concreto Oier Gómez, en un debate registrado en el Ayuntamiento de Vitoria.
En una línea más prudente se manifestó ayer el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Aunque reclamó que «desaparezca» la excepcionalidad de la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, señaló que su formación está trabajando para «crear el clima adecuado para que estas cosas puedan funcionar», pero «si después del desarme todos salimos en tromba pidiendo reclamaciones sobre presos, en otras latitudes pueden tomarlo mal, y me consta que la izquierda abertzale está en esta derivada».
Las reclamaciones sobre los derechos de los presos, insistió, «hay que hacerlas de manera delicada y con cuidado para que salga bien». «Hay que ser respetuosos con los derechos de los presos y con los derechos de las víctimas», concluyó.
Por otro lado, el colectivo de presos de ETA (EPPK) ha emitido un comunicado en el que pide al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, que «hagan todo lo que esté en su mano» para lograr que los reclusos sean trasladados a la prisión alavesa de Zaballa. Les piden que se impliquen para conseguir que los presos «deportados» y «dispersados» sean trasladados a la prisión vasca para «poner fin al sufrimiento» de sus familiares y «como paso que ayude a traer la paz».
En el caso de Urkullu, los presos consideran que «no solo tiene responsabilidad, sino también capacidad de acabar» con la dispersión de los reclusos etarras. Sin embargo, obvian que el plan propuesto por el lehendakari no es el agrupamiento sino el acercamiento a una decena de cárceles que se situan a menos de 250 kilómetros de Euskadi.